Un grupo ambientalista noruego urgió al fiscal general de Rusia a retirar el cargo de alta traición contra Alexander Nikitin, un oficial retirado de la marina que denunció riesgos de contaminación radiactiva.
Nikitin trabajaba para la Fundación Bellona, de Noruega, cuando fue detenido el 6 de febrero de 1996 y acusado de alta traición por revelar el peligro de contaminación radiactiva provocado por la Flota Rusa del Norte en un informe de la organización ambientalista.
Si el gobierno desecha el caso, "demostraría que el imperio de la ley en Rusia vale más que el papel en que está escrita", dijo Frederic Hauge, director general de la Fundación.
El Servicio de Seguridad Federal (FSB), sucesor de la KGB, que funcionó durante la guerra fría, presentó nuevos cargos contra Nikitin el 9 de septiembre.
La acusación se basa en el decreto secreto número 055, expedido el 1 de septiembre del año pasado por el Ministerio de Defensa, casi siete meses después de que Nikitin fue detenido y encarcelado durante tres meses y medio.
Su liberación en diciembre de 1996 tuvo lugar luego de una compleja batalla legal entre el Poder Judicial y las autoridades de seguridad.
Nikitin fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y su caso concitó la atención internacional. El acusado fue liberado sólo después que lo ordenara el director general de la fiscalía pública, pero el FSB lanzó una nueva investigación en enero.
En total, Nikitin fue acusado cinco veces por el mismo supuesto delito.
Hauge señaló que, con respecto a las últimas acusaciones, el empleo de leyes secretas y el hecho de que tengan fuerza retroactiva constituyen serias violaciones a principios fundamentales de protección legal garantizados por la Constitución rusa y la Convención Europea de Derechos Humanos.
El 17 de septiembre, Nikitin y su abogado ruso, Yuri Schmidt, fueron llamados a la sede central del FSB en San Petersburgo con el fin de concluir los trámites oficiales necesarios para finalizar una investigación adicional que se lanzó en enero.
Sin embargo, mientras leía los archivos, Nikitin descubrió que habían desaparecido documentos falsificados que el FSB presentó como evidencia en diciembre.
La falsificación fue hecha para impedir la liberación de Nikitin de la custodia, ordenada por la oficina del fiscal general.
Ante la desaparición de los documentos, Nikitin se negó a finalizar los trámites y presentó una protesta solicitando su devolución. "Sólo cuando ello ocurra mi cliente comenzará a leer los archivos del caso", anunció Schmidt.
El abogado explicó que los nuevos cargos son básicamente los mismos que rechazó el sistema judicial. La última investigación continuó durante más de siete meses, del 13 de febrero al 17 de septiembre de 1997.
Los derechos de Nikitin fueron restringidos en ese lapso. El investigador no le otorgó permiso para salir de San Petersburgo y el ex oficial no pudo acudir en ayuda de su madre enferma ni de su abuelo de 90 años.
El FSB no pudo hallar una verdadera base legal para los cargos que presentó y ahora tuvo que recurrir a decretos secretos expedidos luego de que se cometió el supuesto delito, sostuvo Schmidt.
Además, el abogado cuestionó la credibilidad de varios expertos consultados en relación con el caso debido a sus vínculos directos e indirectos con el FSB.
"El FSB rechazó las propuestas y las preguntas que hizo la defensa de Nikitin a los integrantes de la comisión de expertos. En otras palabras, la investigación violó los derechos de Nikitin que garantiza la ley", aseguró.
Las autoridades rusas están al tanto de la inquietud internacional que generó el caso, luego de numerosas solicitudes a favor de Nikitin de funcionarios locales y organizaciones extranjeras, subrayó Schmidt.
"A pesar de ello, el FSB está empleando todos los medios a su alcance para que el caso en proceso de desintegración llegue a los tribunales", dijo el abogado.
Agregó que "esta policía secreta no es tan poderosa como solía serlo, pero su capacidad para presionar al tribunal e influir sobre los resultados es aún bastante fuerte".
"La confianza que tiene la FSB en que esta brutal violación de la ley no le causará problemas debe causar preocupación sobre el resultado del caso Nikitin y el futuro de nuestra sociedad", advirtió Schmidt.
Teniendo en cuenta el contenido de los cargos y la forma en que se realizó la investigación, Schmidt cree que hay pocas razones para esperar un juicio justo, "ya que ningún tribunal imparcial aceptaría el caso en su estado actual".
"Este caso no es contra el individuo Alexander Nikitin, sino que pone en tela de juicio todo el sistema legal de Rusia", sostuvo Schmidt. (FIN/IPS/tra-en/jmp/ai/rj/aq-ml/hd-en/97
