El gobierno de la República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire) afirmó hoy que apoya las indagaciones de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos y desmintió haber obstaculizado la misión investigadora.
El canciller congoleño Bizima Karaha declaró este jueves que su gobierno apoya la investigación del foro mundial sobre supuestas matanzas de miles de refugiados hutu de Ruanda desde fines de 1996 por la entonces rebelde Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL).
El equipo de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) "puede ir a cualquier parte" para realizar sus investigaciones, aseguró Karaha, aunque insistió en que debe comenzar por el este el país.
Sin embargo, el canciller señaló que el gobierno no está convencido del trabajo de los investigadores, a los que la organización mundial decidió retirar del país africano el miércoles.
Por otra parte, funcionarios de la ONU sostienen que la misión del equipo de tres miembros encabezado por el juez Atsu-Koffi Amega, de Togo, fue obstaculizada por el gobierno, que le impidió visitar los sitios de las presuntas masacres.
La ONU, frustrada por la falta de colaboración del gobierno de la RDC, decidió el miércoles retirar el grupo investigador enviado hace cinco semanas "para realizar consultas" hasta la aclaración final por parte del gobierno congoleño sobre qué tipo de investigaciones permitirá realizar.
Un pequeño grupo de expertos permanecerá en Kinshasa aguardando el retorno del equipo, anunció Fred Eckhard, portavoz del foro mundial.
La disputa entre la RDC y la ONU se centra en los lugares que el equipo investigador puede visitar.
Karaha dijo a IPS que el grupo debe investigar primero las condiciones en las provincias orientales de Kivu del Norte y del Sur, donde los refugiados residieron entre 1994 y mayo de este año, cuando la AFDL liderada por Laurent Kabila tomó el poder.
Pero funcionarios de ONU insisten en que se les debe permitir también visitar los lugares que fueron escenario de las matanzas denunciadas, incluida la ciudad occidental de Mbandaka.
La ONU sostiene que 200.000 refugiados desaparecieron desde el pasado septiembre, cuando la AFDL lanzó su exitosa campaña para derrocar al dictador Mobutu Sese Seko.
Los rebeldes tomaron el poder el 17 de mayo. Según informes, muchos de los refugiados ruandeses viajaron a través de Mbandaka tras ser desplazados del este de Congo por los primeros ataques de la alianza, el año pasado.
Sin embargo, para el nuevo gobierno presidido por Kabila, la investigación de las ciudades occidentales es inaceptable, dado que la crisis de los refugiados se inició en el este.
Los refugiados "pasaron quizá una semana en Mbandaka" antes de huir a otros países, dijo Karaha a IPS. Además, arguyó, campamentos del este como Mugunga albergaron a los refugiados durante tres años.
"¿No sienten curiosidad, al menos?", preguntó en referencia a la negativa del equipo investigador a viajar al este.
El grupo de Amega se mantiene firme en la necesidad de viajar en primer lugar a Mandaka, en parte por la suposición de que, si visita el lugar después, podría destruirse evidencia clave de las masacres.
Estados Unidos y otros gobiernos insistieron que se debe permitir que los inspectores de derechos humanos sigan su propio itinerario.
"Nuestra condición inamovible sigue siendo la misma. El gobierno de Kinshasa debe permitir que el grupo cumpla con su mandato en cualquier lugar del país", declaró el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, James Foley.
"El gobierno (de la RDC) y la ONU firmaron un protocolo que autorizó a los investigadores del foro mundial a cubrir todo el país, adonde consideren que sea necesario ir", añadió.
"La continua negativa del presidente Kabila a cooperar con el equipo de investigación, a pesar de sus reiteradas promesas, implica un desaire directo a la comunidad internacional", arguyó la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en una declaración.
"Cuanto más demore la investigación, mayor será el riesgo de que sigan muriendo refugiados y otros civiles desarmados en la RDC", agregó.
Karaha respondió que "no tenemos problemas con la ONU" y sostuvo en su lugar que era vital que el equipo del foro mundial comenzara su labor en el este del país.
Pero el canciller añadió que algunos países quizá no quieran una investigación completa de los campamentos de refugiados ya que los mismos estaban dirigidos por ex soldados del ejército y paramilitares de Ruanda vinculados con el genocidio de 1994 en ese país.
"Alguien los describió como campamentos de refugiados cuando en realidad eran militares. Les dieron tratamiento de refugiados pero algunas personas habían cometido genocidio", aseguró Karaha.
Varios grupos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch (HRW) y Africa Rights, concuerdan con el argumento de Karaha. Los campamentos, sostuvo HRW, en realidad estaban dirigidos por ex oficiales del ejército de Ruanda y líderes de las milicias Interahamwe, vinculados al genocidio.
Un informe de HRW de 1995 sostuvo que el gobierno de Mobutu ayudó a ingresar armas en los campamentos de refugiados para que las ex fuerzas armadas de Ruanda pudieran invadir nuevamente su país de origen, del cual huyeron en 1994 luego de asesinar hasta un millón de integrantes de la minoría étnica tutsi.
Algunos funcionarios de la ONU, incluyendo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, afirman que podría ser una tarea compleja conseguir que se investiguen las denuncias de masacres de los refugiados, dada la incapacidad de la comunidad internacional para impedir las matanzas en Ruanda.
"Este equipo de investigación es una forma muy importante de romper con el ciclo de impunidad" en Africa central, observó Robinson.
No obstante, la posibilidad de una pronta resolución del conflicto parece lejana. Karaha anunció que no tendrá relaciones con el grupo una vez que éste regrese a Nueva York, pero espera que el secretario general de la ONU dé instrucciones claras a los investigadores sobre su futura labor. (FIN/IPS/tra-en/fah/ml-aq/ip/97
