Representantes de 110 bancos nacionales y extranjeros que operan en Panamá pidieron que se mantenga la confidencialidad de sus operaciones, por estimar que su eliminación podría provocar una fuga masiva de capitales.
La petición surgió de un encuentro bancario nacional finalizado la noche del martes, que analizó asuntos del sector y un proyecto de ley en elaboración para regular la actividad que elimina el secreto bancario.
El presidente de la Asociación Bancaria Panameña (ABP), Juan Antonio Niño, reclamó que esa organización "sea tomada en cuenta y participe en el debate" del proyecto de ley.
La iniciativa en preparación propone la creación de un nuevo ente regulador para reemplazar a la Comisión Bancaria Nacional, introduce los conceptos del Concordato de Basilea respecto de la supervisión y consolidación de la actividad y suprime el secreto bancario establecido por decreto en 1970.
También incorpora el requisito de Basilea de adecuación de capital de riesgo a los activos, y establece que los bancos a instalarse en Panamá tendrán que disponer de un capital mínimo de 10 millones de dólares.
Tras aceptar que la actividad bancaria necesita una nueva regulación, el presidente de la ABP advirtió que "las cosas podría empeorar" si los banqueros no son tomados en cuenta en la elaboración del proyecto.
Además de adecuar al sector bancario a la globalización de las economias, el gobierno procura evitar que el centro financiero internacional que opera en Panamá sea utilizado para el "lavado" de dinero de origen ilegal bajo el amparo de la confidencialidad.
Según fuentes de la DEA (agencia antidrogas), de Estados Unidos, en la plaza bancaria, y en la zona libre internacional que opera en la caribeña ciudad de Colón y en el comercio panameño se estarian "lavando" alrededor de 10.000 millones de dólares anuales.
El banquero Oscar Luna indicó que si se mantiene "la falta de definición" sobre la confidencialidad de las operaciones bancarias "se corre el riesgo de cerrar la puerta a otros bancos extranjeros interesados en tener oficinas en Panamá".
"Para nadie es un secreto que la banca extranjera instalada en la plaza panameña se encuentra aquí por las ventajas fiscales y legales, por la seguridad cambiaria y por la protección de la identidad de muchos depositantes del exterior" que asegura la confidencialidad, dijo Luna.
Pero de no establecerse una definición clara para los bancos externos, "la nueva ley producirá una fuga masiva de sus clientes, o el banco trasladará sus operaciones a otros centros", agregó.
"Quisiéramos que en la nueva ley se garantizara la confidencialidad, que es la razón de ser de gran parte de la banca extranjera que actualmente opera en Panamá", declaró Luna.
La DEA y funcionarios de la Oficina de Lucha Contra las Drogas de Estados Unidos han recomendado en forma reiterada a Panamá la eliminación del decreto de confidencialidad bancaria, y medidas control sobre los negocios que se realizan en la zona libre de Colón.
El director ejecutivo de la Comisión Bancaria Nacional, Mario de Diego, aseguró que "no hay desavenencias" con la ABP y que e todas las recomendaciones de esa asociación serán tomadas en cuenta por la comisión que elabora el proyecto de ley.
De Diego explicó que, en lugar de entorpecer las actividades de los bancos, la iniciativa en estudio está orientada a "incrementar la competitividad del centro bancario" panameño, que alberga depósitos por 34.197 millones de dólares y es considerado uno de los más inportantes del mundo. (FIN/IPS/sh/ff/if/97
