La ausencia de debate interno e información práctica y el ambiente electoral que vive Ecuador hacen que la Asamblea Nacional, que se instalará en diciembre para reformar la Constitución, sea vista por muchos analistas como un arma de doble filo.
"Es necesario que el país entero comience un intenso debate sobre la Asamblea Nacional", pues lo que parece una gran oportunidad de cambio "puede convertirse en un peligroso instrumento de retroceso democrático", afirmó el comentarista político Andrés Vallejo.
Vallejo, ex ministro de Interior del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-92), fue uno de los participantes de Diálogo Ciudadano, uno de los pocos espacios de discusión sobre el tema, realizado recientemente por la organización no gubernamental Fundación Esquel.
El analista aseguró que si la ciudadanía "no es informada debidamente sobre la convención nacional", los partidos aprovecharán para darle "un carácter dogmático" a la carta fundamental y, "dada la coyuntura política actual ese carácter, sin duda será neoliberal".
La Asamblea Nacional surgió de las propuestas de diversos sectores sociales durante la crisis institucional que se desencadenó a partir de la destitución como presidente de Abdalá Bucaram, resuelta por el Congreso unicameral en febrero.
En este marco, las organizaciones civiles plantearon la necesidad de integrar un organismo capaz de restituir el orden jurídico del país, propuesta que se consolidó en un referéndum realizado en mayo.
En esa consulta popular, los ecuatorianos también ratificaron la separación del cargo de Bucaram y la designación de Fabián Alarcón como presidente hasta agosto de 1998.
Los partidos políticos y movimientos sociales ya presentaron las listas de candidatos para los 70 asambleístas que serán elegidos en noviembre.
Entre los postulantes destacan un gran número de nuevos nombres en los ambientes partidarios y de algunos viejos dirigentes que han decidido retornar a la arena política.
La Asamblea se instalará el 20 de diciembre y debería permanecer en funciones tres meses, aunque es posible que su trabajo se extienda hasta que sus miembros den por finalizada su tarea, lo que podría retrasar las elecciones presidenciales previstas para mayo de 1998.
A pesar de que existe entusiasmo en todos los partidos y movimientos por estar presentes dentro de la convención, "aún no se sabe con exactitud qué funciones tendrá, qué temas se abordarán y de qué manera", apuntó Julio César Trujillo, jurista y candidato a la asamblea constituyente.
Según Trujillo, el único sector que ha tomado con seriedad el debate sobre la Asamblea es el indígena, pero "estuvo tan apartado del resto de la sociedad que prefirió asumir el compromiso de redactar una constitución propia".
A mediados de octubre, los 11 pueblos indígenas existentes en el país llevaron a cabo una asamblea popular en la que participaron unas 40.000 personas. Las conclusiones de la reunión son la base de una constitución indígena que será presentada en noviembre.
Una de las propuestas que más polémicas generó fue la de declarar a Ecuador como un estado plurinacional, multiétnico y pluricultural, que reconozca la capacidad organizativa de los pueblos autóctonos y les otorge facultad de aplicar su propio marco legal y administrativo.
La plurinacionalidad "iría en contra del concepto de Estado- nación que prevalece en la actualidad y que, de alguna manera, ha servido para aglutinar las culturas y la identidad del pueblo", opinó Fabián Corral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.
Para Corral, otro de los participantes de Diálogo Ciudadano, la plurinacionalidad "sería un elemento dispersivo de la identidad, iría en contra de las aspiraciones de los indígenas".
Sin embargo, para Antonio Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el planteo "busca el reconocimiento a la diversidad de culturas, de formas de pensar, de actuar, de administrar los recursos y de aplicar la justicia, algo que es una realidad".
"La plurinacionalidad es un tema que debe ser considerado por la Asamblea Nacional, pues es la aspiración de millones de ecuatorianos y no sólo de un grupo de indígenas", comentó a IPS el líder de Conaie, la organización autóctona más grande del país que, según sus cifras, agrupa a unos tres millones de personas.
Por su parte, Simón Pachano, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consideró que el tema "corre el riesgo de caer en la retórica", si no está enmarcado en un contexto general de reformas a la Constitución.
Además, para Pachano, es un término que puede confundirse con el de la descentralización, "un proceso necesario para el país y que sólo podrá ser eficaz si se logra un equilibrio entre los poderes del Estado".
Para ello, según el investigador, deben entrar en el debate otros asuntos como el tipo de Estado, su función social, los derechos, deberes y garantías, los sistemas de participación y representación, la organización de la economía y la administración de la justicia.
En Diálogo Ciudadano, Pachano presentó una propuesta sobre estos temas que, según consideró, "deberían formar parte de la agenda de la Asamblea, luego de que sean ampliamente debatidos por todo el país".
El presidente ejecutivo de la Fundación Esquel, Cornelio Marchán, sostuvo, entre tanto, que "no bastan unas horas, ni siquiera unos meses, para lograr un consenso de todas las propuestas y problemas del país".
"Es necesario iniciar el debate ahora mismo, porque el país vive un clima de inseguridad e impunidad que requiere de prontas soluciones", puntualizó.
Para Marchán, la Asamblea Nacional "no será la gran solución a todos los problemas, pero actualmente es la única oportunidad de cambiar al país". (FIN/IPS/mg/dam-dg/ip/97
