La designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, entre los que se cuenta una abogada negra de reconocida militancia izquierdista, enfrentó con el gobierno a sectores de oposición y al Colegio Nacional de Abogados.
El presidente Ernesto Pérez Balladares nombró esta semana a la abogada Graciela Dixon y al viceministro de Comercio e Industrias, José Troyano, como nuevos magistrados de la Corte, en sustitución de dos miembros que finalizan su período en diciembre.
Dixon y Troyano reúnen todos los requisitos exigidos por la ley, así como más de 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho y una reconocida solvencia en la profesión.
Sin embargo, el secretario general del principal partido de la oposición y uno de los diarios más influyentes del país criticaron en duros términos los nombramientos y pusieron en duda la capacidad y solvencia ética y moral de los candidatos elegidos.
Victor Juliao, secretario general del Partido Arnulfista, opinó que el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) procura con esas designaciones lograr el "total control" de la Corte Suprema de Justicia", integrada por nueve personas.
Juliao dijo que los designados, que aún deben ser ratificados por el parlamento, tienen trayectoria dentro del PRD y "simpatias con los militares" que gobernaron el país desde 1968 hasta 1989.
Mientras, el Colegio de Abogados pidió al gobierno que suspenda los nombramientos, porque Dixon y Troyano "son percibidos como personas afines al gobierno".
Según el Colegio de Abogados, es necesario "superar la forma en que tradicionalmente han sido escogidos los magistrados de la Corte, en homenaje al compromiso histórico que todos hemos adquirido para construir la democracia".
Por su parte, el influyente diario La Prensa indicó en dos editoriales consecutivos que la Corte Suprema de Justicia debe estar integrada sólo por "personalidades de reconocida solvencia profesional y ética".
Pese a que no señala ninguna causa concreta contra Dixon y Troyano, el editorial dice que Pérez Balladares "parece haber utilizado criterios muy distintos" cuando designó a los dos nuevos magistrados.
Dixon, abogada de centenares de personas humildes que perdieron sus casas debido a la invasión lanzada por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 para derrocar y capturar al general Manuel Noriega, declaró que, pese a las críticas, se siente "feliz y orgullosa" por su nombramiento.
Pérez Balladares adujo que los argumentos de tipo político y profesional que esgrimen la oposición, el Colegio de Abogados y los medios de comunicación contrarios al gobierno encubren racismo e intolerancia idiológica.
Tras señalar "que cada ladrón juzga por su condición", el presidente calificó a Dixon de "digna representante de la mujer negra y de las clases más humildes y honestas de Panamá".
En cuanto a Troyano, afirmó que, por encima de su pertenencia al PRD, se trata de un jurista que dedicó su vida al Ministerio Público luego de comenzar como simple mensajero.
Mientras, el ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens, también subsecretario general del PRD, acusó a los dirigentes de oposición de haber conformado "una Corte que respondia a sus intereses políticos" cuando se hallaban en el poder, luego de la invasión de 1989.
El entonces presidente Guillermo Endara, del Partido Arnulfista, despidió a ocho de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia para poner en su lugar a personas afines a su gobierno, dijo Doens.
A pesar de ello, Pérez Balladares ratificó en dos períodos seguidos en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia al magistrado Arturo Hoyos, designado por Endara.
"Los que han criticado estas designaciones probablemente lo acen porque (Dixon y Troyano) no provienen de la cuna de rabiblancos (personas de tez blanca y adineradas) de donde vienen ellos", afirmó Doens, en alusión a la posición social de Juliao y de los directivos de La Prensa.
La polémica sobre la composición política y social de la Corte Suprema de Justicia coincide con el fuerte cuestionamiento de la Iglesia Católica y de organizaciones de defensa de los derechos humanos del sistema judicial, virtualmente paralizado.
La Iglesia señaló que las cácrcelas están hacinadas, los guardias maltratan a los reclusos y entre éstos se cuentan muchos sin sentenncia judicial.
El documento de la Iglesia Católica responsabiliza a la Corte Suprema de Justicia de muertes ocurridas en las prisiones y la acusa de "mantener una actitud retardataria y conservadora" al respecto. (FIN/IPS/sh/ff/ip hd/97
