Grupos no gubernamentales demandaron hoy al Congreso de México desempolvar un viejo proyecto que elevaría a rango constitucional el derecho a la alimentación, mientras en el sureste, la zona con más alto grado de miseria y desnutrición del país, miles de personas claman por algo de agua y pan.
La demanda, presentada en coincidencia con el Día Mundial de la Alimentación, busca obligar al Estado a revertir una situación considerada crítica: 56 por ciento de la población no se alimenta adecuadamente, siete millones de niños están desnutridos y 18 por ciento de las embarazadas padece anemia severa.
Según reconoce el gobierno y las organizaciones civiles, las cifras del hambre llegaron a extremos mayores los últimos días, luego que los habitantes de los estados costeros de Guerrero y Oaxaca, en el sureste, fueron golpeados por el huracán Paulina.
Para cientos de los daminificados, el derecho a la alimentación parece ahora más lejano que nunca.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo intenta distribuir agua y alimentos con la mayor celeridad a los afectados, pero los partidos políticos denuncian que lo hace con interés electoral, dejando desamparadas a las comunidades gobernadas por la oposición.
A pesar de los pregonados esfuerzos, los medios de comunicación locales revelaron que decenas de pequeños poblados de las costas del Pacífico no reciben aún ninguna atención, sus habitantes no cuentan con agua potable y con suerte pueden consumir algo de pan y quizá una fruta.
Las estimaciones de la Cruz Roja indican que el huracán, que golpeó las costas el día 9, dejó como saldo más de 400 muertos y alrededor de 400.000 damnificados.
La Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 1996, publicada en julio pasado, señala que los estados de Guerrero y Oaxaca, los más afectados por Paulina, son, junto a Chiapas, las regiones del país donde la población tiene la menor capacidad de gasto en alimentación.
Además, los tres estados registran las peores condiciones de vivienda. En promedio, 56,5 por ciento de las casas del sector rural tiene piso de tierra y 50,6 por ciento carece de agua potable.
Para completar el cuadro, 55,7 por ciento de los niños de esos estados están desnutridos, 45,1 por ciento de las familias no consumen leche y 48,6 por ciento de los padres y madres de familia son analfabetos.
Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación no solucionará los problemas de la miseria, pero por lo menos obligará a las autoridades a destinar mayores recursos a las zonas de alta desnutrición, opinó la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
La propuesta de la Red, entregada a los diputados, retoma otras similares presentadas desde hace una década en México, país donde mueren diriamente un promedio de 82 niños por motivos relacionados con la desnutrición.
Para Juan Cabrioto, experto en temas de nutrición, la falta de alimentación adecuada es uno de los principales reproductores de la pobreza, condición que en el caso de México afecta a más de 50 millones de personas.
En el Censo de Talla realizado en 1993 se descubrió que los niños mexicanos que iniciaban la escuela medían un promedio de 116,8 centímetros. En el segundo, realizado en 1994, la estatura promedio bajó a 115,1 centímetros.
Entre los dos estudios, el número de niños con una "estatura no adecuada para su edad" pasó de 184 por 1.000 a 187 por 1.000.
Los niños más pequeños y peor alimentados se ubican en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, estados que hoy ocupan las primeras planas de los diarios por los daños que ocasionó el paso del huracán.
El gobierno del presidente Zedillo presentó en agosto un plan "integral" contra la pobreza con el objetivo de "romper el círculo vicioso de ignorancia, enfermedad, insalubridad y desnutrición que tiene atrapados a millones de mexicanos".
El proyecto, que se aplica con una inversión de alrededor de 153 millones de dólares -0,1 por ciento de los ingresos anuales que se obtienen por exportaciones-, es "asistencialista" y no tendrá ningún impacto sobre la pobreza, afirman portavoces de los partidos de oposición.
El nuevo plan, que sigue a una docena de otros presentados en años pasados, pretende beneficiar a 400.000 familias pobres con becas para educación básica, servicios de salud gratuitos y entrega de complementos nutritivos para madres y niños de hasta dos años. (FIN/IPS/dc/dg/ip-pr/97)
