Las organizaciones humanitarias de América Latina pidieron a Portugal, el país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de 1998, que esa cita sea dedicada a los derechos humanos y la reforma judicial, informaron hoy activistas en Venezuela.
Un centenar de organizaciones latinoamericanas se unieron para elevar un grupo de propuestas en favor de los derechos humanos ante la VII Cumbre Iberoamericana, que sesionará los días 8 y 9 en la isla venezolana de Margarita.
Raúl Cubas, de la organización venezolana Provea, indicó que el tema de los derechos humanos y la necesidad perentoria de una reforma de los sistemas judiciales de la región serán tratados muy superficialmente en Margarita y sería muy positivo que concentraran la discusión de la cita siguiente.
El domingo 9, cuando los 23 jefes de Estado y de gobierno -dos en el caso de España y Portugal- clausuren su encuentro anual, el presidente portugués, Jorge Sampaio, anunciará cuál será el tema central de la XI Cumbre, que acogerá su país en un año más.
El presidente venezolano Rafael Caldera escogió como eje temático de la cita iberoamericana de este año el de los valores éticos de la democracia, mientras que en 1996, en Chile, se trató el de la gobernabilidad democrática.
Los activistas humanitarios, al igual que representantes de otras organizaciones no gubernamentales (ONG) plantearon también a los gobiernos iberoamericanos que sus cumbres anuales sean acompañadas por foros paralelos de la sociedad civil, como sucede en las citas mundiales promovidas por Naciones Unidas.
Cubas precisó en un encuentro con corresponsales extranjeros que el tema de los derechos humanos quedó finalmente "sólo superficialmente reflejado" en el texto de la Declaración de Margarita, pese a ser uno de los seis subtemas en que se dividió la discusión sobre los valores éticos.
El documento que inicialmente elaboró Venezuela fue "limpiado" de señalamientos contundentes sobre los problemas de los derechos humanos en los dos encuentros que sostuvieron los coordinadores de la cumbre de los 19 países latinoamericanos y sus antiguas metropolís europeas, España y Portugal.
Según explicaron Cubas y los representantes de Amnistía Internacional, Marcos Gómez, y la Red de Apoyo, Miguel Querecuto, varios gobiernos consideraron que la existencia de pronunciamientos concretos "los expondría e impondría nuevas obligaciones".
"Se trató de una excusa para relativizar y poner en el congelador el punto de los derechos humanos, porque la declaración no implica ninguna nueva obligación sino la revalidación de un compromiso por defender los derechos humanos", señalaron.
Además de la promoción y defensa de los derechos humanos, la Declaración de Margarita abordará los temas de justicia social, ladministración de justicia, ética y administración pública, partidos políticos, transparencia y procesos electorales, y derecho a la información veraz.
Gómez planteó que lo más importante de Margarita es que en la cumbre se puede dar "un exorcismo" que permita cerrar la etapa en que la defensa de los derechos humanos se percibió como algo vinculado a la subversión y construir una nueva "donde sean vistos y tratados como un valor de la sociedad".
Pero indicó que Amnistía Internacional considera muy negativo que los Estados busquen relativizar su responsabilidad, lo que se une a un movimiento regional que pretende "estrangular" la actividad de defensa de los derechos humanos.
Cubas dijo que a juicio de las ONG la región latinoamericana vive un momento paradójico en materia de derechos humanos. Ha habido grandes avances, caracterizados por el fin de las dictaduras militares y la inexistencia de violaciones sistemáticas, salvo en casos como Perú y Colombia.
Pero la notable mejoría en materia de derechos políticos y civiles sigue siendo acompañada por la persistencia de la impunidad y la falta de acceso a la justicia, aparte de la existencia de un poder judicial que requiere una reforma estructural y urgente.
Además, hubo un notorio retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales, debido a lo que se definió como la globalización y las políticas de ajuste neoliberal emprendidas por los gobiernos de la región.
"Si por la crisis de la deuda los años 80 fueron llamados la década perdida, los 90 son los de la década del retroceso" en materia de derechos económicos y sociales de la ciudadanía latinoamericana, subrayó el directivo de Provea.
Ante esa realidad, los tres ejes de los planteamientos de las ONG humanitarias a la VII Cumbre son que los Estados deben poner fin a su estrastegia de "deslastrarse" de su responsabilidad en garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a sus poblaciones.
Además plantean que deben tomarse medidas precisas para mejorar la justicia y en especial para que cese la creciente impunidad de las autoridades respecto a los abusos que cometen, por falta de un poder judicial idóneo y de una administración de justicia transparente.
También tomar medidas para "hacer justiciables" las violaciones de los derechos humanos de todo tipo, individuales o colectivas.
Amnistía Internacional, además de suscribir el documento de las ONG humanitarias, elaboró una lista de seis demandas propias ante la VII Cumbre, en las que destaca la eliminación de la pena de muerte en los 21 países, la liberación de presos de conciencia y el fin de la impunidad.
Además, pide que se impulsen legislaciones que castiguen las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales e incluyan reparaciones a las víctimas, junto con el reconocimiento de la legitimidad de los defensores de los derechos humanos y el apoyo a su labor. (FIN/IPS/eg/dg/hd-ip/97
