El asesinato en Estados Unidos de una niña hondureña de tres años por su madre adoptiva replanteó en este país el tema de las adopciones irregulares, en discusión desde 1989.
La muerte de la niñaa Cristine Montalbano, atribuida a su madre Nancy, quien guarda prisión en una cárcel de Filadelfia, Estados Unidos, tiene en jaque la credibilidad de la estatal Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) y los Juzgados de Familia, encargados de tramitar las adopciones.
Cristine Montalbano, junto a su hermano Richard, también hondureño, fueron adoptados en 1994 por la ciudadana estadounidense Nancy Montalbano a través de una agencia de su país conocida como Concern.
La mujer superó las pruebaas sicológicas y de aptitud hechas por la JNBS y ratificadas por el Juzgado de Familia, pero la forma en que fue asesinada la menor hizo pensar a muchos en Tegucigalpa que los requisitos llenados por Montalbano pudieron haber sido "adulterados".
La pequeña, adoptada tras haber sido abandonada en un centro hospitalario por su madre biológica, fue muerta a golpes, según los reportes médicos de Filadelfia.
Su hermano Richard se encuentra actualmente bajo vigilancia de la policía estadounidense y en Honduras se discute la posibilidad de repatriarlo o de encontrar mecanismos que garanticen su seguridad en esa nación.
Este viernes, la Coordinadora Institucional Pro Niños y Niñas de Honduras (Coiproden), que aglutina a 22 instituciones que trabajan en defensa de la infancia, manifestó su repudio por el asesinato de la pequeña Cristine y demandó una investigación profunda de las adopciones en este país centroamericano.
Arnulfo Ochoa, coordinador de Coiproden, dijo que lo sucedido a Cristine Montalbano "puede pasarle a cualquier otro hondureño y debe exigirse a las agencias de adopción y a los padres que reciben a estos niños y niñas que cumplan con la ley".
"De nada sirve que se haga esfuerzos por regular las adopciones nacionales cuando en el ámbito internacional no se exigen requisitos fuertes a las agencias dedicadas a este menester que – todo indica- parece ser un rentable negocio", aseveró.
Yamileth Mejía, secretaria ejecutiva de la JNBS, dijo que de acuerdo a los reglamentos de esa institución las agencias están obligadas a informar durante 14 años acerca de la forma en que viven y se desenvuelven los menores dados en adopción en el exterior.
Pero reconoció que ese trámite "difícilmente" se cumple y anunció una exhaustiva investigación de la agencia Concern, cuya apoderada legal en Tegucigalpa, la abogada Digna Avila, no ha dado declaraciones a la prensa y figura, según grupos defensores de la infancia, en una lista de abogados que hacen de esta acción un lucrativo negocio.
Rosario Godoy, coordinadora de un organismo de protección al menor y búsqueda de niños y niñas desaparecidas en circunstancias irregulares, manifestó a IPS que las adopciones son un "negocio redondo en Honduras. Se cobran entre 30.000 y 50.000 dólares cada una".
Indicó que su organismo investiga desde hace dos años a agencias "fantasmas" de adopción y su conexión con un grupo de "abogados inescrupulosos que se prestan al negocio por unos dólares más, como el caso de la abogada que tramitó la adopción de la pequeña Cristine".
La Fiscalía del Estado y la Dirección de Investigación Criminal ((policía civil técnicojudicial) anunciaron pesquisas sobre el tema de las adopciones y sobre el caso particular de la pequeña Cristine, así como el "rastreo" de abogados vinculados a acciones irregulares en la materia.
Godoy dijo haber entregado a la Fiscalía del Menor una lista de al menos 20 abogados involucrados en este negocio.
"Me preparo a dar más pruebaas porque alguien tiene que frenar este delito para evitar más muertes como la de la niña hondureña ocurrida en Estados Unidos", señaló.
En Honduras, el tema de las adopciones ilegales está en el candelero desde 1989, cuando el Parlamento Europeo suspendió la ayuda económica al país ante denuncias de tráfico de menores desde la Junta Nacional de Bienestar Social.
En 1993, Norma de Callejas, esposa del presidente hondureño de la época, Rafael Callejas, fue involucrada en casos de este tipo.
Según Yamileth Mejía, anualmente se reciben en Honduras unas 7.000 solicitudes de adopción, de las que han tramitado 30 en lo que va de este año.
La JNBS sostiene que quien otorga las adopciones es el Juzgado de Familia, ya que la Junta sólo funge como "facilitadora" del proceso. (FIN/IPS/tm/dg/pr-hd/97
