La prensa, la inoperancia de la justicia y la realización de una campaña de desestibilización fueron señalados entre los factores responsables de la ola de linchamientos que sacude a Guatemala.
En sólo una semana, siete personas murieron linchadas, elevando a 20 el total de asesinatos cometidos en 1997 por esa vía.
Este martes, unas 300 personas lincharon en la aldea San Isidro, en el occidente del país, a cinco personas a las que poco antes la policia había detenido y sindicado de robar semovientes a un vecino de la localidad.
Al enterarse de las aprehensiones la turba se dirigió a la cárcel de la localidad y sacó violentamente a los reos, trasladándolos hacia un campo de fútbol, donde tras propinarles una violenta golpiza, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.
No conformes con el castigo, vecinos de la aldea San Isidro, expulsaron y profirieron amenazas e muerte contra familiares de los supuestos delincuentes linchados, quienes debieron abandonar el lugar.
El miércoles, unos 200 vecinos de la aldea Ixtaicop, en el departamento de Huehuetenango, lincharon a dos personas acusadas de haber cometido un robo, informó el director de la Policía Nacional Civil, Angel Conte.
En la aldea no hay estación de Policía y la más cercana se encuentra a varios kilómetros por caminos precarios.
Por otra parte, en la aldea Panimaquí, también en Chimaltenango, una turba intentó dar muerte a dos supuestos delincuentes, a quienes tenían atados de pies y manos en el parque, cuando llegaron agentes policiales y los rescataron.
Para el viceministro de Gobernación (Interior), Salvador Gándara, se trata de actos debidos a grupos desestabilizadores que se sienten en peligro, debido a los constantes golpes que las fuerzas de seguridad les han propinado.
«Los grupos desestabilizadores pretenden hacer creer a la población que no hay avances en materia de seguridad, cuando la realidad es otra», aseguró el funcionario.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Angel Figueroa, dijo que «si la prensa da mucho auge a los casos de linchamiento crea un contagio psicológico masivo para que éstos vuelvan a ocurrir, por lo que estamos obligados a evitar que eso suceda».
Para Figueroa, la prensa no debería informar sobre actos de este tipo, ya que de hacerlo influirá en que otras personas tomen justicia por mano propia.
La presidenta del Congreso, Arabella Castro, del gobernante Partido de Avanzada Nacional, sostuvo en cambio que «este tipo de cosas se ha dado en lugares donde ni siquiera llega la prensa».
En Guatemala, al 80 por ciento de pobreza se suma un 40 por ciento de analfabetismo y los periódicos, aparte de la capital, sólo llegan a las cabeceras departamentales, mientras en amplias zonas del territorio los únicos canales de televisión se captan son los mexicanos.
Según Castro, los jueces, «con razón y con la ley en la mano, otorgan medidas sustitutivas, y los delincuentes liberados vuelven a cometer delitos, lo que provoca el enojo y la desconfianza de la población en el sistema de justicia».
Arístides Crespo, diputado del derechista Frente Republicano Guatemalteco, dijo que «la prensa no tiene la culpa de la ineptitud del gobierno».
Los medios de comunicación "cumplen una función social al informar a la población sobre los hechos que ocurren en el país y todo lo que impida esto, atenta contra la libre emisión del pensamiento».
El vicepresidente Luis Flores, tras lamentar los hechos de violencia, dijo comprender como ciudadano la desesperación de la población porque no se avanza en el proceso de impartir justicia.
De la misma manera se expresó Raquel Zelaya, directora de la Secretaría de la Paz, según la cual los linchamientos se deben a que «la aplicación de la justicia está en crisis en todos los niveles».
La implementación de los llamados Centros de Justicia, que concentrarán en un mismo edificio al Ministerio Público, los juzgados y todo lo que tenga relación con la administración de justicia, agilizar la aplicación de las decisiones penales, sostuvo.
Para 1998 está proyectada la creación de doce de esos centros que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, dijo a IPS que según estudios efectuados por la oficina que dirige, los linchamientos son producto de la frustración de la población y la incapacidad de las autoridades encargadas de dar seguridad y de administrar justicia.
Ochaeta advirtió que si no se aceleran los procesos contra los responsables de los linchamientos, éstos continuarán y podrían generalizarse a todo el país.
El canciller Eduardo Stein, mientras tanto, manifestó su reocupación porque los linchamientos perjudican la imagen de Guatemala en el exterior.
El hecho que "las personas desesperadas tomen la justicia en sus manos es algo que se ha generalizado en América Central, por lo que los gobiernos deben dialogar y buscar las estrategias que permitan la aplicación de la ley", dijo. (FIN/IPS/cz/dg/ip-pr/97
