El gobierno de Guatemala pretendería limitar la acción de la Misión de Naciones Unidas (Minugua), que insiste en denunciar la participación de militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) en detenciones ilegales.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado Ronald Ochaeta dijo este miércoles a IPS que de concretarse las intenciones del gobierno de limitar la acción de Minugua, "se romperá una de las patas de la Misión, que es verificar el acuerdo global sobre derechos humanos".
Para Ochaeta, esto demuestra la poca voluntad del gobierno para el cumplimiento de la parte sustantiva de los acuerdos de paz suscritos con la guerrilla el 29 de diciembre último.
Pero para que el gobierno pudiese concretar esa intención debería contar con apoyo de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la otra signataria de los acuerdos de paz, y eso no sería posible, ya que a criterio de los ex insurgentes la Misión no se ha extralimitado en sus funciones.
Tanto el ministro de Gobernación (Interior) Rodolfo Mendoza como el canciller Eduardo Stein afirmaron que el organismo "desconoce las leyes de Guatemala" en lo que se refiere a las obligaciones constitucionales que tiene el ejército como parte de las fuerzas de seguridad.
Para Mendoza, el responsable de la seguridad interna del país sigue siendo el ejército. "Esto no cambiará mientras no haya una reforma constitucional", señaló.
Agregó que en marzo de 1996 el gobierno ordenó al ejército colaborar en el mantenimiento del orden interno bajo la dirección del Ministerio de Gobernación. "Eso es lo que se ha estado haciendo, por lo que no hay absolutamente nada ilegal", dijo Mendoza.
En cuanto a objeciones de Minugua sobre los procedimientos para la captura de secuestradores y la denuncia de que algunos detenidos han sido torturados y golpeados, Mendoza aseguró que "eso es lo que la Misión dice, pero no significa que sea cierto".
El canciller Stein indicó que el gobierno en sus evaluaciones internas no ha encontrado fundamentos como para considerar solicitar el retiro de la Misión, "pero hay suficientes elementos que sugerirían un esfuerzo de corrección y afinamiento de su desempeño".
En su séptimo informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Minugua concluyó que "la sostenida disminución de violaciones cometidas por agentes del Estado representa un significativo avance en el cumplimiento del compromiso general de los derechos humanos".
Sin embargo, señala como aspecto preocupante "la ilegal participación en operativos antisecuestros del EMP, al cual no corresponde dicha función, sin perjuicio de que se inscriba en el empeño de enfrentar al crimen organizado".
Ello, asegura Minugua, estaría violando los acuerdos de paz gobierno-guerrilla de diciembre pasado, que prohibe la existencia cuerpos de seguridad ilegales.
El EMP tiene como función brindar seguridad al presidente y su familia.
Stein señaló que el gobierno nunca ocultó que miembros del ejército están colaborando con la policía en la lucha contra los secuestros.
"Por eso, la insistencia en señalar de manera específica al EMP como que se tratara de una entidad totalmente autónoma que escapa al control y a la autoridad competente no se justifica", aseguró.
Sin embargo, tras esta polémica, diversos analistas interpretan que la cuestión de fondo es la resistencia del ejército a abandonar funciones que antes de la conclusión del conflicto armado interno le competían.
Para el diario Siglo Veintiuno, "en esta etapa de 'descontrainsurgentización' en la cual se pretende reorientar las atribuciones del Ejército, la estructura de inteligencia militar, construida a lo largo de más de tres décadas de conflicto armado, se resiste a que sus acciones sean circunscritas al campo estrictamente militar".
Esa ha sido la causa de la sorda pugna entre las autoridades civiles de seguridad y jerarcas militares, que consideran que fortalecer a la Policía y organizar un ente de inteligencia civil puede ser amenazante para la hegemonía que tradicionalmente ha mantenido el Ejército en este campo, añade.
Reconociendo algunos éxitos del aparato militar en la resolución de casos importantes de secuestros, observa que "persiste la sospecha de que un espíritu de cuerpo malentendido los lleva a hacer la vista gorda cuando quienes están implicados en caso de secuestro pertenecen o han pertenecido al ejército".
El mismo diario indica que seis oficiales del ejército son los principales sospechosos de dirigir las bandas de secuestradores que operan en el país y que las pruebas de ello (huellas dactilares, grabaciones y fotografias) están en poder del Ministerio Público y de Gobernación. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/97
