El Estado fue condenado hoy en España a pagar unos 4.000 millones de dólares a miles de personas intoxicadas en 1981 por el consumo de aceite adulterado.
Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia declaró al Estado responsable civil subsidiario por un delito cometido por particulares, pero en el que encontró omisión y culpa en funcionarios públicos.
El caso se remonta a abril de 1981, cuando una persona murió, víctima de intoxicación. En menos de tres meses se registraron más de 600 decesos por la misma causa y unos 25.000 afectados de diversas dolencias, incluyendo parálisis general.
Los peritajes realizados en los años siguientes por orden judicial dictaminaron que el envenenamiento fue causado por el consumo de aceite de colza adulterado.
La colza es una especie de col, de la que se extrae aceite comestible. En Europa tiene también tiene uso industrial, en cuyo caso paga un impuesto menor y para evitar el fraude impositivo se le agrega un colorante.
Un grupo de importadores de aceite adquirió el producto para uso industrial y lo sometió a un tratamiento químico para quitarle el colorante. Después lo mezclaron con aceite de oliva y lo vendieron como si fuera puro de oliva.
Pero el proceso químico para decolorarlo no le quitó el tóxico de la coloración, por lo que se produjo una intoxicación masiva.
Los juicios en primera instancia condenaron a los aceiteros, pero todos se declaron insolventes y, por lo tanto, cumplirán condenas de cárcel, pero no pagarán indemnizaciones.
El Tribunal Supremo condenó este jueves a Manuel Hernández Bolaños y a Federico Povedano Alonso a seis meses y un día de prisión cada uno, por el delito de imprudencia temeraria.
Hernández Bolaños era director del Laboratorio Central de Aduanas que en 1973 autorizó la mezcla con anilinas para desnaturalizar el aceite de colza. Povedano Alonso era jefe de importación de productos agrícolas y transformados en 1981.
Por esa misma razón, autorizar la mezcla y la importación, el Estado fue declarado responsable civil subsidiario y deberá indemnizar a los afectados, al ser insolventes los aceiteros que adulteraron el aceite.
Los herederos de los fallecidos recibirán una indemnización de 50.000 dólares y los sobrevivientes , entre 80.000 y un máximo de 400.000 dólares, que se reserva a los casos de invalidez absoluta.
Todos los afectados por la intoxicación tendrán derecho a reclamar la indemnización, hayan iniciado o no juicio contra los aceiteros y el Estado.
Los representantes de los afectados se alegraron de que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario, pero consideran que las sentencias penales son débiles.
Juan Antonio Sánchez, portavoz de la Coordinadora de Afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico, sostiene que las condenas deberían ser mas duras y para todos los procesados.
Arcadio Fernández, presidente de la Asociación Nacional del Síndrome Tóxico, considera satisfactoria la sentencia "porque después de 16 años hemos ganado todos los juicios y recursos y nos han dado la razón".
Pero Fernández señala que ahora tendrán que negociar con el Estado el cobro de las indemnizaciones y que esa no será tarea fácil. (FIN/IPS/td/ff/he/97
