Seis dirigentes del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueron condenados hoy a penas que suman más de 40 años de cárcel por haber cobrado comisiones ilegales para financiar a esa organización.
El Tribunal Supremo de Justicia consideró probada la creación, estando el PSOE en el gobierno, de un grupo de empresas para cobrar comisiones a empresas y bancos con destino a las arcas partidarias, a cambio de favores oficiales.
El "caso Filesa", llamado así por la empresa cabecera del grupo, saltó a la luz en 1991, cuando un ex contable de la firma, el chileno Bautista van Schouwen, denunció las actividades irregulares tras haber sido despedido sin indemnización.
Cuando el juez Marino Barbero comenzó la instrucción del caso, secretario en 1991, procesó a 39 personas, entre ellos el ex diputado y secretario general de Finanzas del PSOE Guillermo Galeotte.
Pero el cambio de juez y sucesivas recusaciones dejaron fuera del proceso a Galeotte e hicieron descender el número de imputados hasta 12, que fueron sometidos a juicio por el Tribunal Supremo. De ellos, dos fueron absueltos.
Los dos absueltos y dos de los condenados a penas menores son empresarios. Los otros ocho son dirigentes o ex dirigentes del PSOE.
El más conocido, el actual senador y ex miembro de la Comisión Ejecutiva socialista Josep María Sala, fue condenado a tres años de prisión por asociación ilícita y falsificación de documentos.
El ex diputado y ex responsable de finanzas del Grupo Parlamentario Socialista Carlos Navarro recibió a su vez una condena de diez años por asociación ilícita, falsificación y delito contra la hacienda pública.
A tres años y cuatro meses fue sentenciada Aída Alvarez, ex coordinadora de las finanzas del PSOE y cuyo nombre apareció ligado a casi todas las denuncias sobre financiación ilegal de ese partido.
Las penas no son redimibles por fianzas, aunque es posible que los condenados no ingresen a la cárcel a la espera de que se sustancie su apelación ante el Tribunal Constitucional.
Pero si la suerte personal de los condenados queda en suspenso, los efectos de la condena sobre el PSOE serán inmediatos.
Ese partido, que gobernó España desde 1983 a 1996, está sumido en una severa crisis. En junio, el ex jefe del gobierno Felipe González renunció a ser reelecto a la secretaría general del PSOE.
Su decisión, comunicada a último momento a los delegados a su Congreso General, se originó ante las perspectivas que presentaba el proceso sentenciado este martes y otros en curso por la "guerra sucia" contra los independentistas vascos.
El día 19, los socialistas sufrieron una dura derrota electoral en Galicia, donde pasaron del segundo al tercer lugar en la preferencia de los electores, siendo desplazados por un frente nacionalista y progresista.
Ahora, la sentencia considera probado que Filesa fue creada para financiar ilícitamente a ese partido. Y si bien desde un punto de vista jurídico González no es imputado, políticamente su responsabilidad se deriva de su cargo como máximo responsable ejecutivo del PSOE en la época en que se cometieron los delitos.
Todo ello parece confirmar la necesidad para el PSOE, expresada por su nuevo secretario general, Joaquín Almunia, de proceder a una profunda renovación. (FIN/IPS/td/dg/ip/97)
