Grupos de derechos humanos en Estados Unidos protestan contra un proyecto de ley bajo el cual unos 250.000 refugiados de El Salvador y Guatemala enfrentan la posibilidad de ser deportados.
El proyecto, propuesto por los republicanos Lincoln Diaz- Balart, de Florida, y Lamar Smith, de Texas, arrojaría a los refugiados a un limbo, mientras permitiría a nicaragüenses que obtuvieron estatuto de refugiados antes del 1 de diciembre de 1995 convertirse en residentes legales de Estados Unidos.
Los nicaragüenses podrían aplicar sus "tarjetas verdes" bajo una categoría especial, pero los salvadoreños y guatemaltecos, también admitidos en Estados Unidos por huir de la guerra en sus países, deberían enfrentar los procedimientos de deportación como individuos aislados antes de buscar la residencia permanente.
Grupos como Latino Civil Rights Task Force, Central American Refugee Center y Salvadoran-American National Network (SANN) alegan que la residencia debe estar disponible para los refugiados nicaragüenses, y para los guatemaltecos y salvadoreños.
Diaz-Balart y Smith, presidente del Subcomité de Inmigración y Reclamos del Congreso, sostienen que Nicaragua es un caso especial.
Managua "fue el único país centroamericano que se alineó con Estados Unidos para luchar contra los comunistas, para combatir a los sandinistas", dijo a IPS el portavoz de Smith Allen Kay.
Manifestantes se congregaron el martes en Washington con banderas de Estados Unidos y pancartas con las consignas "Justicia para los centroamericanos", "No destruyan nuestras familias" y "Los salvadoreños y guatemaltecos también son refugiados".
La protesta hizo un llamado a legislación que otorgue la residencia permanente a todos los centroamericanos que huyeron de la guerra y buscaron refugio en Estados Unidos durante los años 80 y comienzos de los 90.
Aunque el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS) otorgó asilo rutinariamente a los nicaragüenses, a quienes se consideraba huyendo de un gobierno al que se oponía Washington, lo negó a más de 97 por ciento de los salvadoreños y guatemaltecos, dijo Pedro Aviles, director de SANN.
"Como resultado de este tratamiento injusto, varios cientos de miles de refugiados salvadoreños continúan viviendo en Estados Unidos en una situación de incertidumbre sobre su futuro", destacó.
En 1995, abogados representantes de guatemaltecos y salvadoreños demandaron ante una corte federal alegando sesgo político y discriminación contra estos refugiados de parte del gobierno de Reagan y el INS.
El caso fue resuelto fuera de la corte en 1990, cuando el INS acordó entregar visas de inmigrantes "no calificados" y garantías contra detención y deportación a refugiados de El Salvador y Guatemala. Este estatuto, no obstante, era diferente del ofrecido a refugiados nicaragüenses.
Los grupos destacan que, de ser aprobada, la legislación Smith- Diaza-Balart eliminaría el estatuto de visa de inmigrantes 'no calificados", lo cual liberaría empleos no calificados que podrían ser ocupados por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes documentados.
Los republicanos están usando el estatuto de visa de "trabajador no calificado", que afecta negativamente a salvadoreños y guatemaltecos, para dividir a la comunidad de refugiados centroamericanos, aseguró Marnie Brady, de la Coalición de Inmigrantes del Distrito de Columbia.
Bajo la resolución de 1990 aún hay gran cantidad de casos sin resolver. Mientras salvadoreños y guatemaltecos aguardan para que sus casos sean tratados, la nueva propuesta de ley aumentó su incertidumbre.
En la protesta del martes, los manifestantes expresaron temores de que sus familias se dividan cuando algunos miembros sean deportados y otros con visas o residencia se queden en Estados Unidos.
Actvistas de los derechos humanos también denunciaron la política del gobierno de Estados Unidos de financiar fuerzas de extrema derecha en América Central, lo cual sirvió para perpetuar guerras civiles.
"En este debate sobre inmigración, el papel de Estados Unidos en los conflictos centroamericanos debe ser planteado", dijo Mario Acosta, director ejecutivo de Latino Civil Rights Task Force.
Fondos de Estados Unidos destinados a la lucha contra el comunismo "fueron dirigidos a regímenes militares opresivos y escuadrones de la muerte de extrema derecha, haciendo que muchas personas huyeran de América Central y vinieran a este país", agregó. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp/ip-hd-pr/97
