El Congreso de Ecuador inició hoy un juicio político contra el ministro de Energía y Minas, Raúl Baca, acusado por legisladores como responsable de la crisis eléctrica que vive el país desde la semana pasada.
Este martes, el secretario general del parlamento, Fabricio Brito, notificó al ministro de Energía el inicio del proceso que podría concluir con su destitución, ya que varios partidos de oposición han comprometido su voto de censura contra Baca.
Considerado el hombre más popular del gabinete antes de las crisis eléctrica, Baca enfrenta cargos de violación a varias leyes referentes al manejo de las políticas petroleras y negligencia ante el problema eléctrico.
"Pero, a pesar de todo, los apagones seguirán", manifestó el ministro al recordar que la crisis se inició "hace más de tres años y no pudo ser resuelta por los anteriores gobiernos porque es un problema estructural".
Baca, un ex diputado social demócrata, fue uno de los primeros ministros que designó Fabián Alarcón, quien asumió la presidencia en febrero, tras la destitución de Abdalá Bucaram.
Su separación de la Izquierda Democrática para formar parte del gobierno le significó una ruptura con Rodrigo Borja, ex presidente de Ecuador (1988-92) y líder de ese partido político, que ha manifestado su apoyo al juicio.
Según Baca, el juicio en su contra "es eminentemente político" y ha sido auspiciado por el mismo gobierno de Alarcón, que prefiere exponer a uno de sus ministros antes de ser señalado como el culpable de la crisis.
La crisis eléctrica obligó a las autoridades a programar racionamientos de energía en todo el país, hasta de ocho horas de duración, que afectan principalmente al sector productivo.
Medidas de ese tipo han sido constantes en los últimos cuatro años y coinciden con la época de sequía de la región austral, donde se encuentra la principal hidroeléctrica del país, que atiende 70 por ciento de la demanda nacional.
En esta ocasión, los racionamientos fueron inesperados por la población ya que a principios del este mes Alarcón había manifestado que el problema de la central hidroeléctrica estaba completamente resuelto.
Hasta el momento, tres funcionarios y el gerente de Petrocomercial, filial de la estatal Petroecuador, han sido separados de su cargo en una semana por la falta de suministro de combustible, que permitiría el funcionamiento de algunas termoeléctricas.
El gerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, Miguel Calahorrano, presentó su renuncia a petición del Ejecutivo.
Baca ha defendido la labor de estos funcionarios, pues considera que fueron "utilizados para calmar la voracidad política de algunos diputados".
"Nuevamente se desvía la atención del pueblo hacia la politiquería", dijo Joyce de Ginatta, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de provincia de Guayas.
Para la dirigente empresarial, "el país requiere de soluciones rápidas y concretas a la crisis, y no de juicios que no llevarán a nada, pues si se trata de buscar culpables deberían empezar por el presidente de la República, que debe asumir la responsabilidad de todos sus funcionarios".
Durante la administración de Sixto Durán Ballén, los racionamientos se prolongaron desde septiembre de 1995 hasta principios de enero de 1996 y dejaron pérdidas por 500 millones de dólares, principalmente en el sector de la pequeña y mediana industria. (FIN/IPS/mg/dg/ip-if/97
