Los habitantes de las islas Galápagos anunciaron hoy que iniciarán una paralización total de actividades si el gobierno de Ecuador decide apoyar la nueva ley ambiental que preparó una comisión especial designada por el Ejecutivo.
La Ley Especial de Conservación de las Islas Galápagos fue presentada este miércoles al presidente Fabián Alarcón, quien la analizará para posteriormente enviarla al Congreso unicameral con carácter de urgente para su aprobación.
Sin embargo, dirigentes sociales y políticos del archipiélago de Galápagos manifestaron su total rechazo al texto, pues consideran que no contó con el consenso de la población y, por lo tanto, que su aplicación sería un acto de arbitrariedad.
Según Angel Arellano, representante del Movimiento Insular Democrático, el pueblo de Galápagos prepara una paralización total de actividades en rechazo al régimen especial.
Los habitantes del archipiélago, según Arellano "elaboraron un proyecto denominado Ley Especial de Conservación y Desarrollo Sustentable para la provincia", que fue ignorado por las autoridades y en su lugar "se quiere implantar una ley que no tiene consenso".
Galápagos es una de las 21 provincias de Ecuador y se encuentra a 1.000 kilómetros de territorio continental. La amplia biodiversidad que contiene ha sido objeto de estudio de miles de científicos que visitan las islas desde el siglo pasado, como el biólogo británico Charles Darwin.
Galápagos es, además, el centro turístico de mayor importancia para Ecuador. De hecho, 60 por ciento de los ingresos que el Estado ecuatoriano obtiene por turismo proviene de las islas.
Esta situación ha provocado que la provincia mantenga la mayor tasa de crecimiento poblacional de Ecuador, pues muchas personas deciden radicar ahí en busca de un mejor nivel de vida, ya que los salarios en las islas son hasta 75 por ciento más elevados que en cualquier otro lugar del país.
"Es la primera vez en la historia de Ecuador que los ciudadanos de una provincia se expresan libre y voluntariamente para presentar un proyecto de ley que resolverá los problemas ecológicos y sociales" de las islas, consideró Arellano.
Sin embargo, para Flor Valverde, ministra de Medio Ambiente, la propuesta legal de los pobladores de Galápagos carece de sustento técnico y de los parámetros ambientales básicos, por lo que "su aplicación sería nefasta para el futuro de las islas".
Según la funcionaria, quien además preside la comisión oficial que elaboró la nueva ley, la propuesta de algunos habitantes de Galápagos es inaplicable, ya que conduciría a una sobrepoblación humana, mediante la construcción de caminos, aeropuertos y el otorgamiento de permisos para el turismo.
Valverde reconoció que los habitantes de la provincia insular "tienen derecho a exigir mejoras en los servicios pero deben estar conscientes que la prioridad es la conservación del patrimonio natural".
De acuerdo a la ministra, la Ley Especial pretende armonizar el desarrollo de los asentamientos humanos con los elementos de conservación, y para ello fue necesario establecer principios que rijan actividades productivas como la pesca, la agricultura y ganadería y poblacionales como la migración.
La nueva ley pretende proteger los procesos de evolución de las 1.900 especies únicas que habitan en el archipiélago, arguyó Valverde.
"No podemos ver a las islas como lo que fueron, tenemos que empezar por aceptar la realidad actual de Galápagos y entender que si su población vive en malas condiciones lo mismo sucederá con la flora y fauna de esta región", concluyó el dirigente. (FIN/IPS/mg/dg/ip-en/97
