El gobierno de Ecuador busca mayor inversión en la minería, las industrias extranjeras y locales quieren seguridad para sus inversiones y los pobladores de las zonas de explotación, junto a las organizaciones ambientalistas, se oponen a la inversión en el sector.
Este complejo panorama, que además tiene otros elementos, como la posición de los mineros artesanales, se ha puesto al descubierto en los últimos días a propósito de Mining 97, el evento minero más importante de este país, que se realizó entre los días 6 y 9 en la ciudad austral de Cuenca.
Cuenca es la tercera ciudad de Ecuador y capital de la provincia sureña de Azuay, que aloja a las regiones mineras más importantes del país.
Mining 97 fue el punto de encuentro de un centenar de empresas mineras de todo el mundo, y de 300 especialistas de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
Pero también fue el pretexto para que diversas organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras, pobladores de las zonas explotación y mineros artesanales (informales), expongan sus puntos de vista en las calles y sitios públicos de aquella ciudad colonial.
El país necesita impulsar la inversión minera, "pero el desarrollo de esta actividad no se dará si no existe un marco jurídico y una estabilidad que garantice la inversión de las compañías extranjeras", dijo la vicepresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga en la inauguración del encuentro internacional.
Para Arteaga, el potencial minero de Ecuador es evidente aún sin contar con las garantías suficientes para su crecimiento, pues hasta ahora aporta 14,6 por ciento a la economía nacional, mientras que la agricultura, por ejemplo, otorga 17 por ciento.
Actualmente las autoridades mineras de este país están preparando una nueva ley para la inversión minera, "que pretende cubrir los requerimientos de los empresarios e impulsar el florecimiento de esta actividad vital", anotó la vicepresidenta.
Según datos del diario El Comercio de Quito, en 1996 Ecuador recibió 1,3 por ciento del capital invertido en América Latina para el sector minero, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Perú y México captaron el 75 por ciento.
En este año, según la Dirección Nacional de Minería de Ecuador (Dinami), la inversión en el sector caerá 50 por ciento, una cifra alarmante si se considera que de 1995 a 1996 el capital invertido también bajó de 13,4 a 8,9 millones de dólares.
La caída de las inversiones, en gran medida, se explicaría por la baja mundial del precio de los minerales más cotizados, como el oro. Sin embargo, para el sector inversionista, la principal razón es el desaliento por lo problemas que presenta Ecuador.
Para las autoridades mineras es un problema de promoción y seguridad que puede remediarse con un marco jurídico adecuado.
Para los empresarios, las soluciones "no pueden provenir de una ley, cuando el verdadero problema es hacer que esa ley sea respetada", consideró Albert Gerry de la compañía Zappa, de capital canadiense.
Según Gerry, uno de los mayores problemas es la invasión de áreas concesionadas por mineros artesanales.
Poco tiempo después que la compañía Zappa obtuvo un título de exploración en la provincia de Azuay, el predio fue invadido por mineros artesanales.
"Negociamos con el gobierno, que hizo indemnizar a los mineros", continuó Gerry, al indicar que hasta el momento llevan cuatro millones de dólares invertidos en los trabajos de exploración e indemnizaciones.
"Hay oportunidades en este país y por eso estamos aquí, pero a veces es frustrante", añadió.
En Ecuador, unas 50,000 familias se dedican a la minería artesanal y las denuncias sobre la invasión de tierras para la explotación ilegal de posibles yacimientos va en aumento y cada vez más personas ven en esta actividad una forma de subsistencia.
Durante muchos años las minas de Nambija, en el sureste de país, han sido el símbolo de la minería ecuatoriana, pues su actividad se remonta a los tiempos de la colonia.
Sin embargo, según la revista económica Gestión, fue en 1981 que la actividad minera resurgió en esa región a través de la minería artesanal.
En 1986, existían unos 25.000 mineros artesanales en la zona de Nambija, pero varios accidentes fueron dispersando a la gente hacia otras regiones más seguras.
Actualmente, después de una serie de estudios que demuestran el potencial de estas minas el gobierno ecuatoriano está impulsando un proyecto de reactivación de esta región aurífera con inversión privada.
Sin embargo, los mineros artesanales organizados se han opuesto abiertamente a este proyecto, pues consideran tener derechos de explotación sobre Nambija.
Otros de los puntos negativos que señalan los inversionistas son los complejos trámites que hay que cubrir en Ecuador para acceder a una concesión de exploración o explotación y las regalías que obtiene el Estado por las ventas de los minerales extraídos, que son de tres por ciento.
Para Kees Dekker, representante de la minera Gold Fields de Sudáfrica, el gobierno ecuatoriano debería fijar un sólo trámite para la exploración y explotación, como sucede en otros países, ya que una firma que invierte sumas millonarias para la exploración muchas veces no resulta la ganadora de la concesión de extracción.
Pero uno de los mayores conflictos para el sector minero es la posición de las organizaciones ambientalistas y de los habitantes de las zonas de explotación que, incluso, han sido acusados por las autoridades de "terrorismo verde".
"La ley minera que se pretende aprobar no toma en cuenta la situación ambiental del país, pues quiere llamar la atención de los inversionistas a toda costa", comentó a IPS Carlos Zorrilla, de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (Decoin).
Intag es una región protegida de bosque nublado que se encuentra en la provincia de Imbabura, 120 kilómetros al norte de Quito, donde se desarrolla el proyecto minero Junín.
Los trabajos de exploración de este proyecto fueron dados en concesión a la empresa japonesa Bishimetal, subsidiaria de Mitsubishi Corporation, quien el pasado mes de mayo tuvo que abandonar sus campamentos de operación ya que cientos de pobladores, d ocho comunidades, incendiaron las instalaciones.
"Fue una situación límite", consideró Zorrilla. "Existieron peticiones formales para que dejen de trabajar en esta región, pero fueron ignoradas; hubo llamados de atención y más tarde amenazas, hasta que la gente se hartó".
En la acción de las comunidades "nadie resultó herido, yaque antes se evacuaron los campamentos. Lo único que buscaban era llamar la atención de las autoridades", según Zorrilla.
Una de las exigencias de los pobladores era la entrega de los estudios de impacto ambiental que, por lo general, realizan las mismas compañías concesionadas, "a pesar de que es algo ridículo y absurdo", opinó.
Después de mucho tiempo de espera, dijo a IPS María Figueroa, también de Decoin, la Mitsubishi entregó un documento "que evidentemente es parcial porque esa firma es la principal interesada en explotar la región".
Sin embargo, "de lo poco que ahí se expresa, una explotación minera en la región provocaría desertificación, contaminación de ríos, la extinción de miles de especies de fauna y flora y la reubicación de más de 100 familias", apuntó Figueroa.
La situación en Intag ha provocado la reacción de varias instituciones y organizaciones internacionales ambientalistas, como el Jardín Botánico de Nueva York, cuyo vicepresidente Brian Boom hizo un llamado a la comunidad científica para ejercer presión internacional y evitar la explotación minera.
Según Boom, Intag pertenece a la región boscosa de Chocó, que se extiende desde el norte de Colombia y es considerad "una de las dos regiones boscosas de mayor biodiversidad de América del Sur". La otra sería la zona de la costa atlántica de Brasil.
Para este especialista, la intervención minera acabaría por completo con los bosques, cuya extensión virgen en Ecuador es de apenas 15 por ciento del territorio nacional. (FIN/IPS/mg/dg/if-en/97
