Los campesinos productores de coca en Bolivia firmaron el miércoles el compromiso acordado con el gobierno para la eliminación voluntaria de cultivos, una decisión que evitará al país la pérdida de la certificación antidrogas de Estados Unidos.
Una vez más, y como ocurrió en el último trimestre de los años anteriores, el caso de las plantaciones ilegales de coca se ha convertido en una brasa ardiente en manos del gobierno, enfrentado a la misión al parecer imposible de satisfacer tanto a Washington como a los campesinos cocaleros.
La frágil paz de la central región del Chapare, donde se cultiva casi toda la coca boliviana y también se elabora cocaína, parece garantizada de momento por la actitud que los campesinos, adoptada a regañadientes.
"Frente a la soberbia y el chantaje de los Estados Unidos con los países subdesarrollados como Bolivia a través de la descertificción que ellos practican, hemos decidido erradicar las 7.000 hectáreas de coca" que exige Washington, dijo este martes el líder cocalero Evo Morales.
Morales, principal dirigente de las cinco federaciones de campesinos que cultivan coca en el Chapare calificó de "humillante y vergonzosa" la decisión de eliminar las plantaciones, tomada en asamblea por los productores.
Pero puntualizó que, ante la amenaza de una decisión de Estados Unidos contraria a este país, "no tenemos otra alternativa que ayudar a Bolivia, que no quiere decir ayudar a este gobierno".
Estados Unidos certifica anualmente la colaboración de una serie de países con su combate mundial contra las drogas. La pérdida de esa certificación, o "descertificación", podría privar a Bolivia de recursos financieros de apoyo de Washington, de organismos internacionales y otras naciones.
El gobierno boliviano calcula que censura de Estados Unidos costaría al país unos 1.300 millones de dólares.
El anuncio campesino de la erradicación voluntaria de coca se conoce a pocos días de la llegada a Bolivia del director antidrogas del gobierno de Estados Unidos, Barry McCaffrey.
Al fin de su estancia, que comenzó el sábado, McCaffrey habrá visitado el Chapare, importante fuente de abastecimiento de coca y cocaína de los narcotraficantes y área de una poderosa economía ilegal.
Morales calculó que sólo resta eliminar unas 3.000 hectáreas de coca hasta el 31 de diciembre para cumplir con la meta anual de 7.000 hectáreas erradicadas.
El presidente Hugo Banzer aplaudió la disposición de los cultivadores a cumplir con los compromisos de Bolivia con la comunidad internacional, y advirtió que este país debe salir definitivamente del circuito de producción ilegal de coca.
La coca, dijo Banzer, "más de una vez obligó a los gobernantes a agachar la cabeza y a veces a doblar las rodillas ante la comunidad internacional".
Todo parece indicar que este será el último año de consenso con los cocaleros. En efecto, el gobierno de Banzer se propone eliminar definitivamente las plantaciones de coca antes del 2002, cuando finalizará su mandato, y anular la compensación económica que se otorga a los campesinos.
La embajada de Estados Unidos ha criticado a los cocaleros por aceptar la compensación de 2.500 dólares por cada hectárea de cultivo voluntariamente destruida mientras abrían una nueva plantación de coca en zona menos visible.
Oficialmente se calcula que hay en Bolivia unas 35.000 hectáreas de cultivos ilegales.
La propuesta de eliminar en el 2002 toda la coca utilizada en la fabricación de cocaína obtuvo apoyo en el diálogo nacional organizado a instancias del gobierno y en el que participan representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la Iglesia Católica, el sector privado y la sociedad civil.
"Bolivia debe salir del circuito de la coca-cocaína en cinco años", dice el documento aprobado este fin de semana por una amplia mesa de trabajo de un grupo del diálogo nacional.
Los campesinos cocaleros, que también participan de esa mesa de trabajo, no estuvieron presentes al discutirse ese capítulo.
El documento asigna a la lucha contra el narcotráfico el carácter de política de Estado y alienta la aplicación de una nueva estrategia antidrogas que supere el énfasis represivo del pasado y logre legitimidad social. (FIN/IPS/jcr/ff/ip/97
