Las cárceles de Uruguay, en las que se imponen el hacinamiento, la corrupción y el virus del sida, serán custodiadas por el ejército, para evitar la fuga de reclusos y reemplazar a unos 300 policías, que serán destinados a la vigilancia de las calles.
La decisión del gobierno, recibida con reticencia por los militares y por algunos dirigentes políticos, emerge en el marco de un fuerte reclamo social por la inseguridad pública y los frecuentes casos de fuga de presos.
Las cárceles uruguayas pasaron en 1971 del control del Ministerio de Educación al de Interior debido a la huida masiva de guerrilleros. Dos años después, un golpe de Estado daba comienzo a una dictadura militar que sólo finalizaría en 1985.
En ninguna de las actuales fugas hubo violencia, aunque todas fueron favorecidas por la corrupción. En el último episodio, un preso requerido por Argentina logró escapar de la cárcel más segura, situada en el centro de Montevideo, luego de salir desde el tercer piso sorteando varias rejas con fuerte custodia.
El gobierno tomó su polémica decisión de emplear soldados en la vigilancia de las prisiones luego de consultas con los principales líderes políticos. El izquierdista Frente Amplio se manifestó en contra.
Durante los 12 años de dictadura, las Fuerzas Armadas encarcelaron a miles de militantes y simpatizantes de la izquierda. El principal centro de reclusión utilizado por el régimen militar fue destinado en 1985 a la custodia de detenidos comunes, bajo control policial.
A la oposición de la izquierda a la presencia del ejército en las prisiones se sumó la reticencia de una influyente figura el gobernante Partido Colorado, el senador Jorge Batlle, quien tomó distancia de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la "vigilancia estática" perimetral de cárceles, sedes diplomáticas y organismos internacionales, de acuerdo con la resolución del gobierno.
La medida permitirá utilizar al personal policial desafectado de esos lugares en la vigilancia de las calles, argumentó el ministro del Interior, Didier Opertti.
Opertti se perfila como el delfín del presidente Julio María Sanguinetti para las elecciones internas del Partido Colorado, de las que surgirá el candidato presidencial de esa colectivida para los comicios de 1999.
El catedrático de derecho penal Gonzalo Fernández consideró "inadecuada" la decisión, porque, afirmó, está demostrado que "las mayores masacres de presos ocurrieron en América Latina cuando intervinieron los militares, que tienen preparación bélica y no de custodia".
"La custodia corresponde a la policía y para la administración y el control interno deben utilizarse especialistas y técnicos", dijo a IPS el abogado Fernández, que ha realizado informes sobre la situación de los derechos humanos en varias cárceles de América Latina, a pedido de Amnistía Internacional.
Tanto el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), una organización defensora de los derechos humanos, como los jueces penales que inspeccionan las cárceles, han comprobado en los últimos años falta de asistencia, hacinamiento y un trato degradante para los reclusos.
La capacidad locativa de las cárceles uruguayas está desbordada. Albergan una cantidad de reclusos 40 por ciento superior al máximo considerado por sus constructores.
Mientras, el precepto constitucional de preparar al preso para su reinserción social no se cumple ni desde el punto de vista educativo ni laboral. Es excepcional la presencia de maestros y profesores para atender la educación de los presos que, según Serpaj tienen en promedio un bajo nivel de escolaridad.
"No existe otro tipo de actividades educativas, aunque en algunos lugares haya recintos adecuados para la enseñanza de oficios y capacitación laboral", señaló Serpaj.
Tampoco existe adecuada asistencia médica, y sólo en uno de los centros de reclusión del país los representantes de un grupo de estudio sobre el sistema carcelario pudieron comprobar la presencia de un médico en el momento de realizar su inspección.
"En general no existen historias clínicas y no está documentado el examen médico de ingreso", constató el grupo de inspección.
Integrantes de la Asociación de Sero Positivos (ASEPO), expresaron a IPS su preocupación por el riesgo que significará para la sociedad la salida de la cárcel de varios infectados con el virus del sida que multiplicaron la presencia de esa enfermedad entre los reclusos.
El examen del sida se realiza cuando el recluso ingresa a la cárcel, pero luego desaparecen los controles. El intercambio sexual y el consumo endovenoso de drogas aumenta el contagio.
Los representantes de ASEPO temen "una gran eclosión de la enfermedad en las cárceles", una perspectiva que entraña para la sociedad un riesgo "mucho mayor" que "algunas fugas".
Raquel Landeira y Beatriz Scapucio, dos profesoras de la estatal Facultad de Derecho, destacaron esta semana en un informe la necesidad de drásticos cambios en el sistema penitenciario.
Luego de analizar la situación de las cárceles en los últimos tres años, Landeira y Scapucio concluyeron que es imprescindible la formación especializada de funcionarios de custodia y de técnicos, y sacar las prisiones de la órbita del Ministerio del Interior.
De no producirse esos cambios, "probablemente nuestra sociedad comenzará recorrer el camino del descreimiento en la Justicia Penal y en el Derecho, principal instrumento de convivencia pacífica en el contexto democrático", advirtieron las expertas. (FIN/IPS/rr/ff/ip hd/97
