El gobierno de Uruguay reconoció por primera vez que no investigó el destino de los desaparecidos durante la dictadura militar y que no cumplió la controvertida ley de punto final que lo obliga a esa indagatoria.
El ministro de Defensa, Raúl Iturria, admitió en respuesta a un pedido de informes que el gobierno no averiguó la suerte de las 33 personas desaparecidas durante la dictadura militar que imperó en este país entre 1973 y 1985.
Una ley promulgada en 1986 puso fin a las investigaciones judiciales contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos en ese período.
La norma, impugnada por varias organizaciones políticas y sociales, se sometió a plebiscito y en 1989 fue ratificada por mayoría.
No obstante, un artículo de la ley obligaba al gobierno a esclarecer la situación de los desaparecidos, un total superior a los 170 si se suman los 30 casos registrados en territorio nacional a los más de 140 de uruguayos secuestrados en Argentina, Paraguay y Chile.
"Este es un escándalo que desnunda que el gobierno no cumplió con la ley, pese a que hasta ahora nos hizo creer que estaba investigando", dijo hoy a IPS el diputado Felipe Michelini, del partido Nuevo Espacio, de centro zquierda.
El padre del legislador, el senador y dirigente de izquierda Zelmar Michelini, fue secuestrado y asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires por un escuadrón de la muerte en el que presuntamente participaron efectivos militares uruguayos.
Respondiendo a un pedido del Nuevo Espacio, el ministro dijo que no se investigó porque "no se recibió denuncia del Poder Judicial", donde estaban radicadas las primeras actuaciones antes de votarse la amnistía.
"La explicación es absurda aún reconociendo que existen trabas burocráticas, porque entre los desaparecidos figuran nombres más que notorios que aún cuando no existieran antencedentes debieron investigarse, como los casos de Elena Quinterios y Julio Castro", dijo Michelini.
En 1976 militares y policías secuestraron a maestra Quinteros del jardín de la embajada de Venezuela en Montevideo, en la que la maestra de escuela buscaba refugio. Desde entonces permanence desaparecida.
El hecho generó un fuerte incidente diplomático y llevó a que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con Uruguay, restablecidas tras el advenimiento del régimen democrático en este país, en 1985.
Castro, un notorio intelectual y activo militante gremial, desapareció en el mismo período. Algunos presos políticos afirman haberlo visto en centros clandestinos de detención de la dictadura.
En los últimos años el minoritario Nuevo Espacio ha desplazado a la coalición de izquierdas Frente Amplio en la vanguardia de la lucha por conocer el destino de los desaparecidos.
Según las encuestas, el Frente Amplio, integrado por socialistas, comunistas, democristianos, independientes y ex guerrilleros, reúne un tercio de la adhesión de voto y se perfila como posible ganador de las elecciones nacionales de 1999.
Javier Miranda, abogado de la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la más activa organización local en este terreno, dijo que en el Frente Amplio "no hay un verdadero respaldo de las estructuras partidarias que uno supone que lo apoyarían".
El abogado, hijo de Fernando Miranda, militante comunista desparecido en 1975, representó el lunes 6 a la organización humanitaria en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Miranda dijo que la actitud de la izquierda le "preocupa" porque quienes desaparecieron "pertenecian a las filas de la izquirda y desaparecieron por ser militantes de izquierda comprometidos con las causas que ellos defienden".
El Nuevo Espacio impulsa desde hace varios meses la investigación de presuntas tumbas clandestinas en unidades militares y formuló una denuncia ante la justicia, pero el Poder Ejecutivo, basándose en la ley de amnistía, clausuró la indagatoria.
Poco después, Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio, se reunió con los jefes militares y expresó su discrepancia con la postura del Nuevo Espacio.
La desaparición de uruguayos dentro de fronteras tiene proyección internacional como resultado de la coordinación de los grupos represivos durante los años 70 y 80.
Según el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, algunos de ellos pudieron integrar la nómina de los que fueron precipitados desde helicópteros hacia el Río de la Plata, como lo denunció el marino argentino Adolfo Scilingo.
Investigaciones extraoficiales permitieron ubicar tumbas anónimas en distintos cementerios con costas plantenses u oceánicas.
Durante la dictadura militar uruguaya varios cuerpos en descomposición que nunca fueron identificados aparecieron flotando en aguas de los ríos de la Plata y Uruguay y en el Océano Atlántico.
Esta semana, el coronel Juan José Córdoba, agregado militar de Uruguay en Argentina, dijo en la revista El Soldado, de las Fuerzas Armadas, que la búsqueda de desaparecidos es un "asunto jurídicamente terminado". (FIN/IPS/rr/dg/ip-hd/97)
