El terror experimentado por una "presa inocente", liberada tras el fallo de un tribunal internacional, refleja la zozobra y la inquietud de la sociedad civil de Perú por los remanentes antidemocráticos de la virtual guerra civil que sufrió hasta 1994.
"Siento miedo y no se de qué", afirma María Elena Loayza, cuatro días después de ser liberada, como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana de Justicia con sede en San José de Costa Rica, tras haber pasado cinco años en prisión acusada de colaborar con el grupo insurgente Sendero Luminoso.
"No me ubico en el espacio ni en el tiempo. Tengo la impresión de que me encuentro en el vacío y estar nuevamente con mis hijos, mi madre y mis hermanos no supera este miedo y horror indescifrable", comenta.
Loayza quiere ser una persona normal, "pero he quedado trastornada por el miedo. No tenían pruebas y me sentenciaron, si lo hicieron una vez pueden hacerlo de nuevo y pueden hacerlo con cualquiera", expresa con amargura.
La insurgencia armada de Sendero Luminoso se inició en 1980 y la lucha desatada entre esta organización y las fuerzas de seguridad del Estado costó más de 29.000 vidas entre muertos y desaparecidos y 23.000 millones de dólares en pérdidas materiales.
Según la versión oficial, la guerrilla está militarmente derrotada, pero todavía quedan algunos rescoldos que pugnan por incendiar el escenario político y muchas heridas sociales, entre ellas las generadas por los llamados "presos inocentes", aún no han cerrado.
"María Elena aún no es libre, sólo ha salido de la prisión. Sigue prisionera del temor a ser nuevamente víctima inocente del quiebre de la juridicidad en una sociedad traumatizada por la violencia política", sostiene la abogada Herminia Bustamante.
Loayza es el primer caso de un "inocente preso" liberado en Perú luego de una decisión de la Corte Interamericana de Justicia, en un fallo que sienta precedente y probablemente será seguido por una serie de demandas de otros presos condenados irregularmente.
Profesora universitaria, Loayza fue condenada por un tribunal constituido por "jueces sin rostro" en base a la acusación de una militante confesa de "Sendero Luminoso", forzada por la policía a denunciar a una tercera persona para conseguir una sentencia benigna.
La senderista que la acusó era alumna suya le pidió trabajo para poder seguir estudiando y ella le ofreció la guardianía de una casa en construcción, donde realizó reuniones ilegales sin su conocimiento.
La justicia militar no encontró pruebas de su culpabilidad y la absolvió, pero otro tribunal civil, conformado por jueces enmascarados para mantener en secreto su identidad, no aceptó el fallo castrense y reabrió el juicio que concluyó con la condena a 20 años de prisión.
En el juicio ante el "tribunal sin rostro", su defensora, Carolina Loayza, hermana de María Elena, careció de facilidades para realizar una defensa adecuada y la sentencia expeditiva depositó a la acusada en una prisión para mujeres, en Lima.
Loayza no se arredró y llevó el caso de su hermana hasta la Corte Interamericana de Justicia en donde, tras demostrar las irregularidades del proceso, obtuvo un fallo favorable.
La resolución fue conocida en septiembre pero durante varias semanas se mantuvo el suspenso, pues se temía que el gobierno del presidente Alberto Fujimori no acatara la orden de excarcelación, que estaba obligado a cumplir por ser Perú firmante del Convenio Internacional de Derechos Humanos.
Loayza finalmente fue puesta en libertad el día 15, simultáneamente al anuncio del fin de la actuación de los "tribunales sin rostro".
"Han ocurrido dos cosas importantes: el acatamiento del fallo" del tribunal internacional y la "supresión de los tribunales sin rostro, pero aún quedan otras irregularidades que afectan el derecho de una adecuada defensa", comentó la abogada Bustamante.
También indicó que debe eliminarse la llamada ley del "arrepentimiento", que premia con reducciones de las condenas a los guerrilleros confesos si colaboran entregando a otras personas.
"Las denuncias pueden ser indicios para investigar pero no son suficientes para emitir sentencias si no están respaldadas con pruebas, sobre todo cuando el denunciante tiene interés en obtener ventajas a cambio de su acusación y se sospecha que la denuncia sirve para encubrir a terceros", añadió.
El mecanismo jurídico del "arrepentimiento", al igual que la actuación de jueces con identidad encubierta, fue copiado por el gobierno de Fujimori de la legislación antiterrorista de varios países.
La "ley del arrepentimiento" favoreció la penetración de los servicios secretos policiales en el aparato de Sendero Luminoso, que entre 1993 y 1994 sufrió la caída de la mayor parte de sus organismos de dirección.
Pero los jefes senderistas que escaparon a la ola de capturas dieron una consigna destinada a proteger a sus cuadros y a desacreditar a la "ley del arrepentimiento": quienes fueran detenidos debían denunciar como colaboradores a personas inocentes.
Alrededor de mil de los casi 4.000 senderistas presos han pedido la revisión de sus causas, bajo el argumento de haber sido calumniosamente acusados por "verdaderos subversivos falsamente arrepentidos".
De ellos, unos 400 han sido liberados tras ser reexaminados sus casos por una comisión independiente constituida con respaldo oficial. Pero la libertad de María Elena Loayza se debe a la tenaz actuación de su hermana abogada.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió el caso de María Elena en 1994 y encontró responsable al gobierno peruano de conculcar su derecho a ser defendida legalmente y decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana de Justicia, que ordenó su libertad", explicó Carolina Loayza.
"Como la sentencia se basa en que el gobierno violentó los principios elementales del Derecho y las garantías de la administración de justicia, el tribunal internacional deberá resolver próximamente el monto que corresponde pagar al Estado por una justa indemnización", concluyó la abogada. (FIN/IPS/al/dam-dg/hd/97
