La Iglesia Católica de Panamá irrumpió en la polémica que envuelve desde hace varios días al Poder Judicial sobre la lentitud de los procesos penales, y acusó a jueces y magistrados de mantener una actitud retardataria y conservadora al respecto.
La directora de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, Magally Castillo, dijo que los constantes amotinamientos y conflictos que ocurren en las cárceles son culpa de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Explicó que el abuso de la figura de la detención preventiva contra los infractores de las leyes "impide una pronta solución al problema carcelario", en particular el grave hacinamiento.
Dos semanas atrás, alrededor de 3.000 presos de las cárceles La Joya y La Joyita, ubicadas al oeste de la provincia de Panamá, tomaron a varios custodios como rehenes para exigir un mejor trato y que se agilicen sus procesos.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Gobierno y Justicia, sólo 35 por ciento de los 7.800 presos existentes en unas 80 cárceles tiene condena firme. El restante 65 por ciento se encuentra a la espera de que concluyan los procesos.
Castillo señaló que la demora judicial ha provocado que Panamá se haya convertido en el país de la región con el mayor número de presos por habitantes, con 270 por cada 100.000.
Esta cifra es muy superior a la que presentan Honduras, con 170 presos por cada 100.000 habitantes, Costa Rica, con 160, El Salvador, con 100, Nicaragua, con 84, y Gautemala, con 59.
En el resto de América Latina, sólo Argentina, con 125 presos por cada 100.000 habitantes, México, con 113, y Ecuador, con 110, se acercan a las tasas de reclusos que posee Panamá, según la directora de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.
En respuesta a la lluvia de críticas de abogados y organismos de derechos humanos por la situación carcelaria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, dijo este fin semana que ello es producto de la falta de recursos que padece la justicia.
La posición de Hoyos fue respaldada por el presidente de la Sala Penal de la Corte, Edgardo Molino, quien reclamó una partida de dinero para nombrar a otros 509 jueces y dar una urgente solución a la sobrepoblación en las cárceles.
Castillo advirtió, sin embargo, que de nada sirve una justicia ágil si el sistema es represivo. "El hacinamiento no se debe a un incremento de la delincuencia sino a la actitud represiva de las autoridades judiciales", subrayó.
Otro aspecto lo constituye la legislación penal, que ofrece mecanismos para perseguir el crimen pero no defiende la integridad humana de los infractores, acotó Castillo.
Un informe emitido a inicios de este año por la Conferencia Episcopal señaló que, además de la demora en los juicios, las cárceles no están cumpliendo con la función de rehabilitar al infractor.
Asimismo, los obispos sostuvieron que la práctica judicial no se adecua al principio legal que garantiza la presunción de inocencia, "sino que por el contrario se presume la culpabilidad del individuo, lo que agudiza el problema de hacinamiento en las cárceles".
Magally Castillo alegó que el código penal en 98 por ciento de los casos establece la privación de libertad de los infractores, en tanto que 70 por ciento de los mismos no admite fianza de excarcelación.
Adujo que la falta de independencia judicial es otra cuestión que contribuye a la superpoblación en las cárceles, pues los jueces muchas veces "aplican con timidez" medidas distintas a la privación de libertad por temor a ser criticados por abogados y funcionarios del gobierno.
Una reciente encuesta de opinión realizada por la companía Dichter y Neira reveló que 66,5 por ciento de la población estima que existe injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. (FIN/sh/dam/dg/ip-hd/97)
