El presidente de México, Ernesto Zedillo, deberá remar a contracorriente en su próxima gira por Francia y Alemania, programada del 4 al 11 de octubre, para despejar el camino hacia la firma de un acuerdo de cooperación política y comercial con la Unión Europea (UE).
Zedillo tiene como reto convencer a sus interlocutores, entre los que se incluyen autoridades, empresarios, diputados y líderes de grupos no gubernamentales, que están equivocados los organismos humanitarios internacionales que lo acusan de tolerar e incluso promover torturas, abusos y desapariciones forzadas.
El respecto y la promoción de la democracia y los derechos humanos son condiciones que imponen los 15 socios de la UE para mantener y arribar a un acuerdo comercial y político con terceros países, como el que viene buscando México desde hace más de dos años.
En vísperas del viaje de Zedillo, portavoces de partidos de la oposición y de grupos humanitarios locales consideraron que el mandatario cometió un grave error diplomático al cancelar, la semana anterior, una cita con el secretario general de Amnistía Internacional (AI) Pierre Sané.
Los últimos meses, diputados del Parlamento Europeo, instancia que deberá aprobar un eventual acuerdo comercial entre la UE y México, expresaron críticas a la gestión de Zedillo en materia de derechos humanos.
Con el episodio de AI, los cuestionamientos al gobierno mexicano se reactivaron.
El gobierno de Zedillo y la UE suscribieron en julio las bases para negociar un acuerdo político-comercial, que podría entrar en plena vigencia en el 2000. Para llegar a ese punto, los europeos debieron sortear desacuerdos y resistencias de México respecto a las cláusulas sobre democracia y derechos humanos.
Aunque gobiernos europeos como Francia y Alemania prometen a México su respaldo para arribar a un acuerdo definitivo con la UE, se considera que la postura de varios diputados y de grupos como AI y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) son obstáculos que aún deben superarse.
Según indicaron fuentes diplomáticas mexicanas, Zedillo tendrá durante su visita a Francia un encuentro con directivos de AI, FIDH y el grupo Acción de Cristianos contra la Tortura.
Las relaciones entre el gobierno de México y los organismos humanitarios internacionales se vieron enturbiadas los últimos tres años.
Primero fueron las duras respuestas del gobierno a informes de AI y Human Rights Wacht, grupos a los que acusó de tergiversar la verdad, luego la expulsión -aduciendo problemas migratorios- de observadores de la FIDH y finalmente la negativa para recibir a Sané.
En México no existe una "crisis de derechos humanos" como afirma AI, por el contrario hay una clara política de Estado que tiende a "proteger y garantizar" esas conquistas, declaró Zedillo en una reciente entrevista.
El mandatario afirmó que el secretario de la AI nunca le solicitó una audiencia.
En contraste a esos señalamientos, el grupo humanitario aseguró que en México reina la impunidad y que Zedillo canceló a último momento y sin motivo la cita con su director general, concertada supuestamente dos años atrás.
AI, grupo con más de un millón de afiliados en 80 países, se quejó además de la suspensión de reuniones con los ministros de Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores.
El trato que recibió Sané en México demuestra el escaso interés del gobierno de Zedillo respecto al tema de los derechos humanos, opinó Morris Tidball, portavoz de AI para América Latina.
Para el grupo, el irrespeto a los derechos humanos en México llegó a niveles alarmantes en los últimos tres años.
Militarización, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, redadas, erosión de las instituciones de procuración de justicia y "falta de voluntad política para atacar la barbarie" son parte del clima que hoy priva en México, afirma.
AI recomendó al gobierno 17 medidas calificadas de urgentes. Entre ellas, prevenir detenciones arbitrarias, controlar los procesos de interrogatorio, prohibir el uso de confesiones obtenidas bajo tortura y entregar garantías médicas a detenidos.
Además, demandó aprobar reformas legales para prevenir la detención en régimen de incomunicación, crear salvaguardas judiciales, investigar todas las denuncias sobre tortura y garantizar indemnizaciones para las víctimas de torturas y abusos policiales. (FIN/IPS/dc/dg/ip-hd/97)
