El suicidio de una joven que sufrió un viacrucis legal y psicológico por denunciar a sus violadores es la semilla de una nueva organización no gubernamental (ONG) que apoyará a las víctimas de agresiones sexuales en México.
La ONG "Yessica", cuya fundación se anunció este miércoles, se suma a otras 22 similares creadas años atrás. El propósito de todas ellas es enfrentar la impunidad y el desamparo que sufren las mujeres que son violadas.
En México, 95 por ciento de los casos de abuso sexual presentados a las autoridades quedan impunes y apenas 17 de cada 100 mujeres ultrajadas realizan la denuncia, según diversos estudios. Se estima que se comete una violación cada nueve minutos
Yessica Díaz era estudiante de enseñanza secundaria y fue víctima de una violación en marzo a manos de presuntos policías en el estado norteño de Durango. Se suicidó un mes más tarde.
Díaz fue sometida a diversas humillaciones por los investigadores, que la obligaron varias veces a enfrentarse a sus agresores y a ver sus órganos sexuales. Sus familiares denunciaron que los jueces protegían a los culpables y que eran amenazados de muerte.
Luego del suicidio de la víctima, se detuvo a los responsables de la violación y los organismos nacionales de derechos humanos se ocuparon del asunto.
"Queremos dar apoyo a todas aquellas personas que se encuentren en el mismo drama de Yessica, que no sean escuchadas y las autoridades tiendan un manto de impunidad sobre los culpables", dijo María Eugenia Cáceres, madre de la joven violada y fundadora de la nueva ONG.
Cáceres informó que pidió apoyo de organismos internacionales para financiar sus actividades y poder registrar la ONG ante el gobierno.
El caso de Yessica se transformó los últimos meses en una de las banderas de organizaciones femeninas para alertar sobre las irregularidades y abusos que se comenten contra las mujeres violadas y el aumento exponencial de ese tipo de delitos.
De las 4.191 investigaciones sobre delitos sexuales, abiertas por la policía de la capital entre enero y agosto, solo 387 derivaron en detenciones. Del total de casos, 45 por ciento se declararon resueltos.
En 1995, la policía de la capital, ciudad con los más altos índices de delincuencia en México, registró 1.289 violaciones. En 1996 la cifra aumentó 25 por ciento y para este año aumentará aun más, según los datos registrados hasta agosto.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó que una víctima de violación demora al menos tres años en superar su trauma. La Organización de las Naciones Unidas apuntó que una mujer pierde por una violación nueve años de "vida saludable".
Patricia Olamendi, directora de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría del Distrito Federal, dijo que "no existe en México un verdadera política pública destinada a combatir la violencia sexual".
"Al gobierno, sencillamente, no le importan las leyes en la materia", opinó.
Olamendi reconoció que las autoridades tienden a culpar a la víctima. "Siempre pensamos que quizá la mujer provocó o se prestó a ser violada", admitió.
Presionado por las ONG, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo creó en julio de 1996 la Dirección de Investigaciones de Delitos Sexuales.
En el nuevo organismo, que cuenta con representación en 25 de los 32 estados del país, "el desinterés por la víctima es materia cotidiana", sostuvo Anilú Elias, portavoz de la ONG Plural Pro Víctimas.
Estudios independientes indican que el presunto responsable de una violación tiene nueve derechos que lo amparan en caso de ser acusado, mientras que la víctima apenas cuenta con cinco derechos.
En el México de hoy, un violador puede ser condenado a una máxima pena de 16 años de cárcel. Hace cinco siglos, antes de la llegada de los españoles a América, un violador era obligado a perforarse el pene o se le aplicaba la pena de muerte, dependiendo de la gravedad de su acción.
Cifras oficiales indican que 96 por ciento de los abusos sexuales se cometen contra mujeres y en un alto porcentaje contra niñas de entre 10 y 11 años. (FIN/IPS/dc/mj/hd ip pr/97
