La extradición de España del ex fiscal Pablo Chapa abrió en México un nuevo capítulo -que podría ser determinante, según autoridades- en las historias de brujas, amantes, fabricación de pruebas y complicidades, escritas alrededor de los casos de dos asesinatos políticos.
Dueño de información privilegiada, Chapa deberá indicar a los jueces y a sus sucesores en la Procuraduría General todos los movimientos que realizó entre 1994 y 1996.
También deberá justificar el origen de sus ingresos y explicar por qué entregó gratificaciones a sus informantes y qué relación tuvo con la "siembra", la colocación ex profeso, de un cadáver.
El ex fiscal, quien huyó a España aduciendo que era perseguido injustamente, formó junto a Antonio Lozano, ex procurador destituido en diciembre, el equipo que investigó los asesinatos del candidato presidencial Luis Colosio y del dirigente político Francisco Ruiz Massieu, ambos ocurridos en 1994.
En el primer caso, Chapa llevó sus pesquisas hasta la casa presidencial, y en el segundo ordenó detener, bajo el cargo de ser el autor intelectual del crimen, a Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas.
Los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu han sido investigados por cuatro procuradores e igual número de fiscales, sin que hasta el momento se cuente con resultados concluyentes.
Pronto "habrá mucho más" sobre el caso de los asesinatos, señaló el procurador Jorge Madrazo al contestar consultas sobre la extradición del ex fiscal, quien llegó a México este domingo e inmediatamente fue llevado a una cárcel, donde permanece bajo un régimen de privilegios.
Chapa aclarará sin duda varios puntos de las investigaciones y abrirá nuevas puertas sobre los crímenes, opinaron políticos y analistas.
Fuentes oficiales citadas por la prensa local afirmaron, con la condición de no ser identificadas, que Chapa dispone de informes que podrían definir el futuro de las pesquisas sobre los asesinatos.
Considerado en su momento uno de los policías mejor preparados y más honestos del país, el ex fiscal terminó perseguido por la Procuraduría al descubrirse que los restos de un cadáver encontrados en una propiedad de Raúl Salinas y exhibidos como pruebas, habían sido "sembrados".
Los autores de ese delito, que generó un escándalo político y terminó con la destitución de Lozano, fueron, según las autoridades, los testigos e informantes a quienes Chapa entregó millonarias gratificaciones.
La osamenta desenterrada en octubre de 1996 con gran publicidad correspondía, de acuerdo a Chapa, a la del ex diputado Manuel Muñoz, presunto cómplice de Salinas en el asesinato de Ruiz Massieu.
Ahora se conoce que el cadáver era el de un pariente de los informantes del ex fiscal, muerto años atrás.
Los abogados de Chapa sostienen que su cliente, quien habría sido amenazado de muerte, saldrá libre rápidamente, pues las acusaciones que se le hacen son débiles y pertenecen a categorías consideradas por la ley como no graves.
La mayoría de los involucrados en el caso de la siembra del cadáver, como los familiares de la bruja o vidente a la que consultaba periódicamente Raúl Salinas y la amante de éste, dejaron la cárcel en las últimas semanas tras pagar fianzas.
Para el analista Miguel Granados, del diario Reforma, Chapa está pagando el costo político que asumió al detener a Salinas y llevar sus investigaciones hasta altas esferas del poder político.
El procurador Madrazo niega cualquier persecución contra Chapa y asegura que tendrá un juicio justo. Se cuentan con pruebas suficientes para que el ex fiscal permanezca detenido por mucho tiempo, aseguran los colaboradores de Madrazo.
Chapa fue extraditado por España, país en el que se lo detuvo en mayo, tras un proceso en el que el propio ex fiscal pidió ser enviado a México. (FIN/IPS/dc/dam/ip/97
