Denuncias formuladas contra diez maestros de un colegio de secundaria en La Paz por haber acosado sexualmente a sus alumnas destaparon en Bolivia los hostigamientos diarios a mujeres en el trabajo y lugares públicos y alentaron la posibilidad de una ley.
"Manoseos", asedios verbales de los maestros, invitaciones a consumir bebidas alcohólicas y hasta el caso de una joven que quedó embarazada y luego abortó son algunas de las denuncias ahora investigadas.
El escenario fueron las aulas y espacios del Liceo Francia de La Paz, y aunque las alumnas prefirieron callar durante más de un año, al final el director del establecimiento y los padres de las estudiantes hicieron pública la presión que ejercían los maestros a sus alumnas para que accedan a propuestas sexuales.
Las estudiantes prefirieron callar por temor a sufrir aplazos y a las amenazas de los maestros, pero al ser público el caso y tras haberse cerrado preventivamente el establecimiento rompieron su silencio.
"A dos compañeras el profesor las obligó a tener una cita con él fuera del liceo, en la terminal de buses (de La Paz)", dijo una alumna de ese establecimiento en sus declaraciones ante una comisión del parlamento que citó a las alumnas a presentar sus denuncias.
Otra denunció que "un profesor se agacha disimuladamente para observar las piernas de las alumnas".
Una tercera contó, entre sollozos, que "el profesor me metió a la fuerza al laboratorio de química y me hizo correr entre las mesas. No me hizo nada pero una se queda traumada. Gracias a dos amigas he sido salvada de ese profesor".
En tanto, algunos alumnos relataron que los profesores del colegio los trataban mal por ser hombres "porque seguramente nos consideran sus rivales".
"Los profesores tenían una cierta relación con algunas de ellas que nosotros nunca imaginamos", dijo un estudiante ante la comisión parlamentaria de Política Social un estudiante del Liceo.
Las denuncias están ahora en manos de un tribunal disciplinario docente, que podría suspender temporal o definitivamente a los maestros o remitirlos a los tribunales ordinarios para que sean juzgados.
Los hechos del Liceo Francia han generado en Bolivia un debate sobre los vacíos legales para juzgar los casos de acoso sexual en en oficinas o lugares públicos, donde no hay disposición interna alguna para evitar reprimir estos hostigamientos.
La única excepción conocida es la de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, que en su reglamento institucional sanciona ese tipo de actos.
El ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, hizo un llamamiento para que si se registraran situaciones parecidas en otros establecimientos educativos se hagan públicas las denuncias.
"Los padres de familia confían a sus hijos e hijas para que sean educadas y no para que sirvan de entretenimiento y para las actitudes degeneradas de los mal llamados maestros", protestó.
La feminista Sonia Montaño advierte que el acoso sexual no debe ser visto como un problema moral sino básicamente como un asedio que se produce en una relación de poder.
"Hay que entender que el acoso sexual es una de las expresiones más sutiles del tema de la relación de dominio de la mujer en la sociedad, es una relación básicamente de poder", afirma Montaño.
La Dirección General de Asuntos de Género anunció que en las próximas semanas presentará al Congreso Nacional un proyecto de Ley contra el Acoso Sexual que delegue la sanción del acoso primero a las instituciones y en segunda instancia a los jueces ordinarios.
La directora general de Asuntos de Género, Zulema Alanes, opina que la futura ley debería obligar a que las entidades públicas y privadas aprueben reglamentos claros para sancionar a los empleados que cometan ese delito.
"El fallo ante cada denuncia debería estar en manos de un tribunal interno compuesto por trabajadores y empleadores. Sólo si la sanción no es satisfactoria para la víctima ésta podría recurrir a los tribunales ordinarios", sostiene Alanes.
Estudios de las oficinas de Asuntos de Género del gobierno revelan que los espacios en los que el asedio sexual es más frecuente son las oficinas de la administración pública, los centros educativos y el hogar.
En América Latina, sólo dos países -Costa Rica y Puerto Rico- tienen una legislación específica para el acoso sexual, mientras otros cuatro (Argentina, Chile, Guatemala y Perú) están debatiendo el tema. (FIN/IPS/jcr/dg/pr/97
