El quinto congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), comenzado hoy, no está en condiciones de definir hasta cuándo persistirá la crisis económica que vive este país desde 1989, según un proyecto de resolución presentado a los 1.500 participantes.
El congreso tampoco podrá fijar plazos a buena parte de los principales objetivos de la estrategia de desarrollo que, salvo cuando dependan sólo de esfuerzos internos, quedarán expresados de una forma más genérica que precisa.
Así lo que reconoce la Resolución Económica presentada a los delegados que, en nombre de 770.000 militantes, permanecerán reunidos a puertas cerradas hasta el viernes, en el foro más importante de los comunistas cubanos.
El texto, citado por el diario oficial Granma, asegura que la agudización de la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba y las condiciones de la economía mundial impiden enmarcar "en fechas precisas el alcance de los objetivos que nos proponemos".
El documento del PCC cree "realista" aguardar que a corto plazo continúen o se acrecienten las restricciones a la financiación y las dificultades para resolver de modo adecuado la deuda externa.
"Los esfuerzos propios son la pieza clave en todo el diseño y ejecución de la Política Económica", afirma la resolución que, al mismo tiempo, afirma que es "incuestionable" la recuperación del crecimiento tras frenarse "la severa y abrupta caída de la economía".
Se trata de la segunda vez que el PCC se reúne en congreso desde el comienzo de la crisis económica, que se tradujo entre 1989 y 1993 en un retroceso de 34,8 por ciento del producto interno bruto y que afectó todas las esferas de la vida en este país.
El cuarto congreso, realizado en octubre de 1991, otorgó poderes extraordinarios al Comité Central, de 225 miembros, para hacer frente con agilidad y capacidad de decisión a los problemas emanados de la crisis.
Precedido de un amplio debate público, el cuarto congreso introdujo mayor flexibilidad en el programa del PCC y, aunque mantuvo el principio de partido único, amplió la base social de la organización y modificó la Constitución de la República de 1976.
Cuba, de 11 millones de habitantes, enfrentó en los últimos seis años los efectos de la crisis y de la introducción paulatina de un grupo de reformas consideradas por las autoridades como "indeseables" en muchos casos y, al mismo tiempo, "inevitables".
Las transformaciones incluyeron la doble circulación del dólar y el peso cubano, la ampliación del trabajo por cuenta propia, la entrega de tierras estatales a cooperativistas y a pequeños agricultores y medidas para el saneamiento de las finanzas internas.
El gobierno aprobó una ley para la inversión extranjera y aprobó, a partir de 1995, reformas estructurales en la esfera empresarial, laboral y bancaria.
Los efectos de la reforma se reflejaron en 1994 en un mejoramiento económico de 0,4 por ciento. El crecimiento de la actividad fue de 2,5 por ciento en 1995 y de 7,8 por ciento en 1996.
Pero la economía será afectada este año por el descenso de la producción azucarera que, según estimados extraoficiales, cayó de 4,45 a 4,2 millones de toneladas.
El ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, reconoció el lunes que la ley estadounidense Helms-Burton provocó un aumento del índice riesgo-país en el caso de Cuba.
Ese aumento del riesgo determinó un menor flujo de capitales extranjeros y el encarecimiento de los créditos a los que Cuba tiene acceso.
"Puede que en una primera lectura (de la Resolución Económica) se aspire a mayores precisiones", reconoció Granma, y advirtió que "no siempre las aspiraciones justas se asientan en realidades".
De acuerdo con el órgano oficial del PCC, la coyuntura actual no permite pronosticar en todos los casos "las circunstancias financieras o materiales que posibilitarían respaldar un empeño productivo o de servicios".
El documento económico a estudio del congreso da curso a la continuidad de la reforma en el sistema empresarial y establece la línea política en la producción, dirección, organización, planificación, gestión y control de la economía.
Además, confirma la condición del Estado como principal regulador de la economía y asegura que todas las transformaciones introducidas y las que sean necesarias en el futuro preservarán la esencia socialista del modelo cubano de desarrollo. (FIN/IPS/da/ff/ip if/97
