El poder alcanzado en Colombia por las guerrillas de izquierda y los paramilitares de derecha podrá medirse este doningo, en elecciones identificadas por los medios de comunicación como las más violentas desde el decenio del 50.
La acciones de la guerrilla y de los paramilitares contra los comicios crearon un marco de violencia con precedentes sólo en los años 50, advirtió Eduardo Pizarro, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
En aquella época, el Partido Liberal, ahora en el gobierno, "quería pintar el país de rojo", su color distintivo, y el Conservador, intentaba teñirlo "de azul", dijo Pizarro.
Según diversos informes, 920 candidatos a los comicios departamentales y municipales del domingo denunciaron amenazas, cerca de 300 renunciaron, 25 fueron asesinados y varios estuvieron secuestrados.
Así mismo, el "paro armado" dispuesto por la guerrilla para sabotear las elecciones causó la muerte de otras 10 personas, víctimas de atentados contra instituciones gubernamentales y sedes políticas y de emboscadas y ataques a puestos de policía.
Por último, el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró esta semana a dos observadores de las elecciones designados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y anunció que sólo les devolverá la libertad luego de la votación del domingo.
La guerrilla y los paramilitares se disputan territorios y, según cree Pizarro, las elecciones marcarán claramente la zona de influencia de cada bando.
Agregó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), la organización guerrillera más importante, con cerca de 10.000 combatientes, presentan "una creciente militarización".
Mientras, el ELN, segundo grupo rebelde, está pasando de un proyecto militar a "un discurso más político", en procura de "mayor poder" en algunas circunscripciones municipales, según el analista.
Al menos 50 municipios, que representan cinco por ciento del total, quedarán al margen de las elecciones, ya que la guerrilla impidió la inscripción de candidatos. Por su parte, los paramilitares impedirán la votación en otras circunscripciones, que consideran bastiones de los insurgentes.
En opinión de Gilberto Toro, de la Federación Colombiana de Municipios, la guerrilla buscará "extender su poder local y donde los candidatos no sean de su conveniencia, impedirá las elecciones".
Javier Restrepo, del diario El Espectador, considera que la guerrilla ejerce directa o indirectamente influencia en cerca de 600 de los 1.071 municipios del país.
Frente a la violencia, surgió la convocatoria al "mandato ciudadano por la paz", lanzada por 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) englobadas en la Red de Iniciativas por la Paz.
Las ONG exhortaron a los colombianos a depositar este domingo "su voto por la paz y contra la violencia", paralelamente a su participación en los comicios. Ese votación se realizará en urnas especiales dispuestas en los centros electorales oficiales, explicó Claudia de Francisco, dirigente de la Red.
El gobierno solicitó a la OEA el envio de una misión de 36 observadores, para aumentar las garantías electorales. Los representantes de la OEA comenzaron su labor el lunes, y tres días después, el ELN secuestró a dos de ellos, el chileno Raúl Martínez y el guatemalteco Manfredo Marroquín.
También ONG europeas destacaron observadores al proceso, al tiempo que condenaron las amenazas de los grupos armados a los candidatos.
El ministro del Interior, Carlos Holmes, instó el viernes a los colombianos a no ceder "ante la intimidación" y a ejercer el derecho al voto.
El ejército creó una brigada especial de 3.000 efectivos, que destinadoa a controlar las regiones más criticas, y el gobierno anunció estímulos para enfrentar la abstención, que tradicionalnente supera 70 por ciento.
Según el anuncio gubernamental, quienes voten tendrán preferencia de ingreso en las iniversidades del Estado y en el empleo público, y se reducirá un mes el periodo de un año de servicio militar obligatorio a los jóvenes que participen en las elecciones.
También se concederá a quien demuestre haber votado prioridad en los planes oficiales de vivienda y de distribución de predios rurales. (FIN/IPS/yf/ff/ip/97
