La reforma constitucional presentada por el oficialosmo en Chile para impedir que el ex dictador Augusto Pinochet sea senador vitalicio es "un saludo a la bandera", condenado al fracaso, según opiniones recogidas entre la población.
Diputados de los partidos Demócrata Cristiano (PDC), Por la Democracia (PPD) y Socialista (PS), hicieron efectiva el miércoles en la cámara baja la anunciada presentación del proyecto que enmienda dos artículos de la Constitución de 1980.
La propuesta apunta a la eliminación de los senadores vitalicios y designados en general, pero su propósito específico es impedir que Pinochet materialice su propósito de integrar la cámara alta desde el 11 de marzo de 1998.
El militar de 81 años, que encabezó una prolongada dictadura de extrema derecha entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, proyecta hacer uso de esa posibilidad constitucional una vez que se retire del mando del ejército.
Esta es la cuarta vez, desde que se restableció la democracia en el país, que el gobierno y la coalición oficialista de centro- izquierda intentan eliminar a los senadores designados y a los vitalicios, sin conseguir los votos suficientes para ello.
La constitución que Pinochet hizo aprobar por referendum en 1980 creó nueve senadurías al margen del voto popular. Sus titulares son designados por el presidente, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia.
La carta política estableció asímismo que los ex presidentes que hayan cumplido un mandato mínimo de seis años tienen el derecho a ser senadores vitalicios, una facultad que actualmente sólo puede ejercer Pinochet.
En las múltiples negociaciones con la oposición derechista desde 1990 se planteó alguna vez la posibilidad de mantener a los senadores vitalicios, reduciendo a cuatro años el requisito del ejercicio de la Presidencia.
Con eso se pretendía evitar la discrminación de Patricio Aylwin, quien encabezó el primer gobierno de transición democrática entre 1990 y 1994, con un mandato reducido a cuatro años en virtud de un acuerdo político.
El propio Aylwin precisó en su momento que sólo aceptaría integrarse como senador vitalicio al Congreso para luchar por reformas constitucionales que garantizaran un Poder Legislativo generado exclusivamente por el voto popular.
En la actualidad, el Senado cuenta con 38 miembros de elección en las urnas y ocho designados. Los últimos dan mayoría a la derecha e impiden de ese modo cambios sustanciales en la institucionalidads heredada de la dictadura.
El gobierno de Aylwin y el actual de Eduardo Frei negociaron cambios constitucionales con el sector liberal del Partido Renovación Nacional (PRN), el mayor de la oposición derechista, sin lograr superar la barrera del Senado.
Allí prevalece un bloque de oposición conformado por los "duros" del PRN, como se denomina a los seguidores de Pinochet en ese partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y los propios designados.
En diciembre corresponde renovar 20 de las 38 escaños de elección popular y en enero deben escogerse los nuevos senadores designados, entre los cuales se incluirán representantes del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía de Carabineros.
Pinochet se proyecta como la figura emblemática de la bancada "dura" del próximo Senado, que contaría entre sus miembros, además de representantes del PRN y la UDI, a cinco militares retirados en representación de las Fuerzas Armadas.
El gobierno y la oficialista Concertación por la Democracia abrigaron en algún momento la esperanza de que Pinochet declinara la senaduría vitalicia y abandonara toda participación polítuca junto con dejar la jefatura del ejército.
Esas expectativas se vieron defraudadas hace dos semanas, cuando el ex dictador declaró al quincenario Cosas que sería senador vitalicio, de acuerdo con la institucionalidad que él mismo generó durante el régimen militar.
En el actual escenario de vísperas de la campaña parlamentaria, el ambiente para que prospere la reforma constitucional es menos propicio que en los tres anteriores intentos, según admitieron los diputados del PDC, el PPD y el PS.
Incluso los sectores liberales del PRN, encabezados por el diputado Alberto Espina, presidente de ese partido, anunciaron su rechazo a una enmienda constitucional que les parece inoportuna en estos meses previos a los comicios de diciembre.
La Concertación por la Democracia aspira a abrir por lo menos un especio de negociación que posibilite rebajar de seis a cuatro años el requisito del ejercicio de la Presidencia para que Aylwin pueda ser también senador vitalicio.
Esta variable también aparece condenada al fracaso, lo cual deja como arma fundamental para el oficialismo introducir el tema de los senadores vitalicio en la campaña electoral y capitalizar en las urnas el rechazo a Pinochet.
La derecha conservadora, en cambio, se jugará por atraer a una masa importante de ciudadanos, que algunos estiman en torno de 30 por ciento de los votantes, que mantiene su adhesión al ex dictador como "el hombre que salvó a Chile del comunismo".
El gobierno anunció que analizará la posibilidad de dar su patrocinio al proyecto de reforma que presentaron los diputados oficialistas, evidenciando así la cautela con que se observa el tema desde el Poder Ejecutivo.
Elsa López, lectora de un diario local, fustigó en una carta lo que considera un afán tardío de la Concertación por la Democracia de cerrar a Pinochet el camino al Senado luego de aceptar la institucionalidad heredada de la dictadura.
Para el oficialismo, son aplicables las sentencias de que "está vertiendo lágrimas sobre la leche derramada" o "llora como mujer lo que no supo defender como hombre", señaló la mujer en su carta.
Los "amarres" del proceso de transición determinaron a la Concertación por la Democracia a abstenerse de derogar la ley de amnistía que Pinochet promulgó en 1978, dejando por tanto en la impunidad las violaciones de derechos humanos de la dictadura, dijo a IPS el estudiante universitario Pedro Cáceres.
"Frei, igualmente, invocó razones de Estado para pedir que no se enjuiciara a Pinochet por los tres millones de dólares que el ejército le dio a uno de sus hijos (en 1989) en una turbia operación empresarial. ¿De qué se quejan ahora?", agregó Cáceres. (FIN/IPS/ggr/ff/ip/97
