Al nombrar al general Ricardo Izurieta como sucesor del ex dictador Augusto Pinochet en el mando del Ejército de Chile, el presidente Eduardo Frei mostró decisión en el uso de sus facultades constitucionales y abrió paso a un trascendental pero lento cambio en la institución castrense.
En el mundo político se coincidió en que habrá una intensa renovación generacional en la cúpula militar, pero las señales de correcciones en temas candentes, como el de los derechos humanos, son aún difusas y hasta contradictorias.
Antecedentes conocidos este viernes indican que la designación de Izurieta, quien comandará el Ejército desde el 10 de marzo de 1998, contradijo las tendencias predominantes en el alto mando a favor de una sucesión estrictamente jerárquica de Pinochet.
En este sentido, los generales esperaban en primer término que el futuro jefe del Ejército fuera el actual vicecomandante, general Guillermo Garín, siempre y cuando el gobierno postergara su pase a retiro, previsto para el 30 de noviembre.
Cuando estuvo claro el jueves que Frei no aplicaría por segunda vez a Garín la llamada "ley Canessa" para diferir su jubilación, comenzó a sonar el nombre del general Rafael Villarroel, un hombre de total confianza de Pinochet que quedó segundo en antigüedad, detrás del ex dictador.
Pero Frei aplicó cabalmente la norma que le permite elegir al comandante en jefe entre las cinco primeras jerarquías tras el retiro de Pinochet y optó por Izurieta, de 54 años, quinto en el escalafón de posibles sucesores.
Pinochet fue nombrado comandante del Ejército el 23 de agosto de 1973 por el presidente socialista Salvador Allende -al cual derrocó cruentamente el 11 de septiembre del mismo año- y el 10 de marzo del próximo año abandonará definitivamente el cargo.
El anciano general, que cumplirá 82 años el 25 de noviembre, encabezó el régimen dictatorial hasta su término, el 11 de marzo de 1990, y en la misma fecha de 1998 jurará como senador vitalicio, según una polémica norma de la Constitución de 1980.
El 30 de noviembre pasará a retiro Garín y el 31 de diciembre lo harán otros seis generales, a los cuales se sumarán el 10 de marzo el propio Pinochet y los cuatro oficiales con mayor antigüedad que Izurieta.
En total, de los 45 generales, 12 se alejarán de la institución durante los próximos cinco meses, en una de las renovaciones más profundas de la cúpula de la principal rama de las Fuerzas Armadas chilenas.
La decisión de Frei de nombrar al sucesor de Pinochet apenas finalizado el proceso de recalificación del alto mando fue evaluada como una inteligente medida política para evitar que se abriera un período de incertidumbre que podía prolongarse hasta marzo de 1998.
El mandatario no sólo ejerció sus facultades para elegir al último de los "candidatos", sino que a su vez dio una señal clara de su propósito de alejar al Ejército de inquietudes y debates con connotaciones políticas.
Frei dijo que su decisión "demuestra la normalidad institucional del país y la normalidad del proceso democrático", en tanto un vocero del Ministerio de Defensa negó que se esté produciendo un "descabezamiento" del Ejército.
Izurieta, un oficial del arma de Caballería, es hijo de un ex general de división y sobrino del general Pelayo Izurieta, quien fue comandante en jefe del Ejército chileno durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri (1958-64).
En el gobierno y entre los líderes de la oficialista Concertación por la Democracia, de centroizquierda, se tiene la esperanza que con el nuevo comandante el Ejército retome su papel profesional y se aleje de la política.
La oposición derechista fue sorprendida por el nombramiento de Izurieta, pero aplaudió la "normalidad institucional" con que se resolvió la sucesión de Pinochet.
El Partido Comunista, que encabeza la oposición de izquierda, sostuvo que al margen de la diferencia generacional entre Pinochet e Izurieta se consagra en el Ejército el continuismo de la doctrina de la seguridad nacional impuesta por la dictadura.
El oficialismo espera que las Fuerzas Armadas se desliguen de la presencia que tendrán en el Senado desde marzo Pinochet y los cuatro senadores designados en representación de los institutos castrenses, quienes formarían una "bancada militar".
Los familiares de víctimas de la represión dictatorial insistirán en sus demandas de un gesto del Ejército de admisión de las violaciones de derechos humanos y de informes sobre el paradero de los restos de unos 1.500 detenidos-desaparecidos.
Estas expectativas se vieron ya parcialmente frustradas con la presencia entre los últimos ascendidos al cuerpo de generales de Jaime Lepe, un oficial destacado en los años 70 en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta pinochetista.
Lepe, quien fue luego secretario general del Ejército, integró una brigada especial de la DINA que en julio de 1976 secuestró y torturó hasta causarle la muerte al español Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas.
Carmen Soria, hija del asesinado diplomático, realizó este viernes una solitaria manifestación ante el palacio de gobierno de La Moneda, en protesta por el ascenso de Lepe, quien fue exculpado del crimen de su padre por la ley de amnistía de 1978. (FIN/IPS/ggr/ag/ip-hd/97
