La alianza entre el consorcio eléctrico chileno Enersis y Endesa-España fue publicitada en Chile como la operación bursátil del siglo, pero se está convirtiendo en el escándalo empresarial del año, con un amplio abanico de repercusiones.
El directorio de Enersis, el mayor consorcio eléctrico de América del Sur, inició este jueves las gestiones para renegociar los términos de su integración con Endesa-España, una empresa del Estado español en vías de privatización.
El gobierno de Eduardo Frei investiga a través de organismos fiscalizadores irregularidades en la operación bursátil que perjudicarían a miles de chilenos contribuyentes de tres administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP).
El gerente general de Enersis, José Yuraszeck, principal promotor del acuerdo para crear una nueva sociedad denominada Endesis, con 55 por ciento de participación de los españoles, fue desautorizado y en los hechos está suspendido.
Los miembros de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados piden la destitución inmediata de Yuraszeck, quien habría obtenido junto a otros ejecutivos de Enersis una suculenta ganancia, de unos 350 millones de dólares, en la alianza con Endesa-España.
La ganancia provendría de los 1.500 millones de dólares que la compañía española invirtió en sucesivas operaciones bursátiles, culminadas el 8 de septiembre, hasta controlar un paquete decisivo de acciones de Enersis, según el acuerdo negociado por Yuraszeck.
El escándalo cobra ribetes políticos, porque el cuestionado gerente y otros ejecutivos sospechosos de enriquecimiento ilícito estuvieron ligados en 1988 a la privatización de la antigua Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) de Chile.
La Endesa chilena existe aún como uno de los pilares del consorcio Enersis, gestado precisamente a partir del bajo precio con que la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) traspasó esa y otras empresas estatales al área privada.
Endesa de Chile protagoniza actualmente una dura pugna con organizaciones indígenas y ambientalistas a raíz de la construcción de una red de centrales hidroeléctricas en el curso superior del río Bío-bio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
La expulsión de sus tierras ancestrales de unas 120 familias de mapuches pehuenches, cuya zona de radicación será inundada por la represa de la central Ralco, constituye hoy por hoy el mayor conflicto étnico y ecológico en Chile.
La defensa de los pehuenches del alto Bío-bio fue uno de los ejes de las movilizaciones que grupos indígenas llevaron a cabo el domingo en varios puntos del país, en el aniversario número 505 de la llegada de los españoles a América.
Como principal accionista de Enersis y por tanto de Endesa de Chile, Endesa-España participará también en el desalojo de los pehuenches, calificado de etnocidio y "ecocidio" por el Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB), una coalición no gubernamental.
Organizaciones indígenas afiliadas al GABB sostienen que se está produciendo una nueva versión de la guerra de conquista librada del siglo XV al XVII, cuando los españoles exterminaron a miles de mapuches para apoderarse de sus territorios.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, adscripto al GABB, sostiene que el gobierno de José María Aznar debe tomar posición en este conflicto, ya que si bien Endesa-España está en vías de privatización, aún es mayoritariamente estatal.
El GABB se puso en contacto con el movimiento ecologista de España para lanzar una campaña en ese país contra el proyecto de construir una red de cinco hidroeléctricas en el alto Bío-bio, la primera de las cuales, Pangue, fue inaugurada en junio.
El enfoque de los ecologistas discrepa de la versión del gobierno de Frei, para el cual el conflicto de Enersis se inserta en una "operación entre privados", que puede ser fiscalizada por las autoridades, pero donde no corresponde que éstas intervengan en negociaciones.
De acuerdo con declaraciones de los ministros Juan Villarzú, de la Secretaría General de la Presidencia, y Eduardo Aninat, de Hacienda, el gobierno se limitará a investigar si la operación de Enersis y Endesa-España se ajustó a la normativa vigente.
Las superintendencias de Valores y Seguros y de AFP investigan las denunciadas irregularidades, que llegarán "hasta las últimas consecuencias", porque el hecho de que el gobierno no intervenga en la negociación no significa pasividad, advirtió Aninat.
Villarzú señaló que hubo "falta de transparencia" en la operación, ya que Yuraszeck utilizó para negociar con los españoles información privilegiada que ocultó al directorio de Enersis y en especial a tres AFP accionistas del consorcio.
El convenio que negoció el cuestionado gerente general mantiene en funciones a la actual plana ejecutiva de Enersis hasta el 2000, pero también otorga facultad de veto y otros poderes casi discrecionales a los representantes de Endesa-España en el nuevo directorio.
En esos términos, el convenio significa comprometer el destino de los fondos de jubilación de los miles de trabajadores afiliados a las AFP socias de Enersis, que en los hechos perderán el control sobre las inversiones que haga en el futuro el nuevo consorcio Endesis.
Alfredo Llorente, diector internacional de Endesa-España anunció que su compañía está dispuesta a renegociar los términos del convenio, aunque sostuvo que el contrato con Enersis se ajustó a la legislación chilena.
Los españoles, al parecer, quieren deslindarse de las irregularidades atribuidas a Yuraszeck y renegociar con un nuevo equipo designado por el directorio de Enersis, que debe presentarles una propuesta el próximo lunes.
Endesa-España se jugará por materializar esta alianza con los chilenos, cuyo objetivo estratégico es que Endesis participe en los planes de privatización eléctrica que se llevan a cabo en varios países de América Latina.
Se estima que, en el lapso de un añom 20 por ciento del potencial eléctrico de América Latina pasará a manos privadas, acentuando así un proceso iniciado esta década y que tiene como uno de sus principales beneficiarios a Enersis.
El consorcio chileno comenzó una agresiva política de inversiones en 1990 en Argentina y hoy también tiene filiales en Brasil, Colombia y Perú. (FIN/IPS/ggr/ff/if en/97
