Controlada la inflación, que empobrecía más aún a los pobres, Brasil enfrenta ahora el reto de desactivar otras fábricas de desigualdades que se van volviendo más visibles.
Las debilidades de la enseñanza, el sistema de seguridad social y las altas tasas de interés se suman a problemas estructurales e históricos, como la escasez de empleos formales, el tardío fin de la esclavitud y la concentración de la propiedad de la tierra, para mantener el país como campeón en inequidades.
De los 1,41 millones de desempleados existentes en Sao Paulo en septiembre, más de la mitad no concluyó los ocho años de enseñanza "obligatoria" en Brasil, según datos del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) y el Sistema Estadual de Análisis de Datos (SEADE).
Además de 50,7 por ciento de los desempleados con escolaridad básica incompleta, hay 3,6 por ciento totalmente analfabetos. Se trata de trabajadores sin posibilidad de colocarse en las grandes empresas industriales, según comprobó un reportaje del diario Gazeta Mercantil.
Las dificultades actuales para obtener un empleo afectan principalmente a la población menos instruída, ante la economía globalizada que exige creciente uso de tecnologías sofisticadas y trabajadores capacitados, admitió el ministro de Trabajo Paulo Paiva.
La mala calidad de la enseñanza brasileña, algo que es hoy un consenso nacional, elimina así la igualdad de oportunidades. Las evaluaciones escolares colocan a Brasil entre los últimos de América Latina, detrás de países mucho más pobres como Bolivia, Paraguay y Perú.
Otra raíz de desigualdades es la concentración de recursos del gobierno central en las universidades, frecuentadas por 1,5 millón de estudiantes, en desmedro de las escuelas primarias, que acogen a 30 millones de alumnos.
Una distorsión que el ministro de Educación, Paulo Renato de Souza, reconoce y trata de corregir.
Pero otro mecanismo que amplía la brecha entre ricos y pobres, la gratuidad de la universidad estatal, es tan polémica que inhibe propuestas para su supresión.
El presidente del Banco Central, Gustavo Franco, despertó fuertes reacciones la semana pasada al opinar que el dinero público aplicado en mantener la gratuidad de la universidad debería destinarse a otras áreas con mayores beneficios sociales.
Franco es el principal formulador actual de la política económica del gobierno, un "neoliberal" según los opositores.
No obstante recibió apoyo de un economista vinculado al opositor e izquierdista Partido de los Trabajadores, José Marcio de Camargo. La enseñanza superior gratuita transfiere 2.400 millones de dólares cada año a los brasileos más ricos, vía Ministerio de Educación, estimó.
La mayoría de los estudiantes en las universidades públicas, las mejores del país, proviene de capas acomodadas, que pueden pagar escuelas secundarias privadas y así prepararse mejor para las duras pruebas de selección preuniversitarias.
A los estudiantes pobres les toca el camino inverso. Cuando niños o adolescentes tuvieron que frecuentar escuelas públicas, ahora sólo pueden disputar la universidad privada, donde en general pagan mucho por la baja calidad de los cursos que reciben agravado por la necesidad de trabajar para sostener los estudios.
Otra batalla contra los privilegios que alimentan desigualdades tiene lugar en el Congreso Nacional, por la reforma de la seguridad social.
El sistema actual castiga a los jubilados del sector privado con una fuerte reducción de sus ingresos, mientras eleva los del área estatal.
Los jubilados de la administración central ganan como promedio ocho veces la remuneración asegurada a los del sector privado, según un "Libro Blanco" elaborado por técnicos del gobierno.
Y ello porque son promovidos al jubilarse y se benefician de muchos mecanimos que permiten acumular varios pagos y retirarse precozmente. El propioo ministro de la Previsión Social, Reinhold Stephanes, admitió haberse jubilado a los 46 años de edad.
La reforma aprobada en el Senado disminuye esa diferencia, imponiendo una rebaja de hasta 30 por ciento en el sueldo del jubilado estatal que gane más de 1.100 dólares. Además elimina privilegios de parlamentarios, jueces y militares.
Las protestas hacen prever que algunas ventajas serán restauradas en la nueva votación en la Cámara de Diputados, donde las modificaciones obligarán a que el proyecto vuelva nuevamente a deliberación en el Senado, prolongando un trámite que ya lleva casi dos años.
Por otra parte, si bien la inflación fue dominada, las altas tasas de interés son ahora las que encarecen la vida de los más pobres. Llegan a superar el 200 por ciento al año en la adquisición de bienes como televisores o refrigeradores.
Los que recurren al crédito, es decir los que no ganan lo suficiente como para comprar al contado, llegan a pagar dos o tres veces el valor de un producto, al hacerlo en cuotas distribuidas en muchos meses.
Las redes especializadas en ese tipo de comercio estimulan la compra a crédito. El propietario de una de ellas confesó que sus utilidades financieras son mucho más importantes que las ventas en sí. (FIN/IPS/mo/dg/if/97
