Las nuevas sanciones dispuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra la rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) están en plena vigencia desde hoy.
Entre las sanciones, refrendadas el miércoles luego de varios retrasos, figuran restricciones a los viajes de altos dirigentes de la UNITA, la clausura de todas las oficinas del grupo en el extranjero y la prohibición de vuelos en las zonas de Angola bajo su control.
El Consejo de Seguridad aprobó esas medidas en agosto, pero retrasó en septiembre su entrada en vigor con el fin de dar tiempo al grupo para retirarse de los territorios ricos en diamantes del noreste del país, así como desarmar a sus tropas.
Los castigos responden al escaso cumplimiento por parte de la UNITA del acuerdo de paz que firmó con fuerzas del gobierno angoleño en 1994 en Lusaka, Zambia.
El Consejo votó de forma unánime el miércoles la aplicación de las sanciones, al tiempo que deploró la actitud del grupo rebelde hacia el acuerdo de paz.
El máximo órgano ejecutivo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) reclamó a la UNITA el retiro de dos de sus principales centros de diamante, Andulo y Bailundo, y la devolución de las ciudades al gobierno.
En Bailundo se ubica la base de operaciones del líder de la organización insurgente, Jonas Savimbi.
"Esperamos que la UNITA se dé cuenta de que su retraso no le dará ventajas y que debe cumplir con todas sus obligaciones de buena fe. El Consejo está preparado para levantar esas medidas tan pronto como UNITA cumpla", dijo el embajador de Gran Bretaña ante la ONU, John Weston.
"La situación alcanzó un punto en el que la comunidad internacional no puede tolerar más acciones que impidan el cumplimiento de los compromisos acordados", sostuvo el embajador de Brasil, Celso Amorim.
Para que las sanciones sean levantadas, UNITA deberá suministrar información verídica sobre la cantidad de soldados bajo su control, así como despacharlos a los campamentos de la ONU para que sean desarmados y retirados de la acción.
Los rebeldes afirman que cuentan con apenas unos pocos miles de "policías mineros" aún en servicio, afirmación que la ONU ve con desconfianza.
"Las cifras aportadas por la UNITA con respecto a su fuerza militar son falsas, fabricadas y, por lo tanto, totalmente inaceptables", dijo el embajador de Angola ante la ONU, Afonso Van Dunem Mbinda.
"La verdad es que UNITA todavía conserva alrededor de 35.000 hombres fuertemente armados, equipados con artillería de avanzada y otro tipo de materiales", agregó Mbinda.
También se reclamó al grupo que interrumpa su propaganda emitida por su Radio Vorgan, en la que ataca tanto al gobierno angoleño como a la pequeña misión de observadores de la ONU (MONUA).
"A pesar del establecimiento de la emisora legal de frecuencia modulada Radio Despertar, Radio Vorgan continúa sus transmisiones", advirtió Amorim.
Los rebeldes han sufrido en los últimos tres años un embargo petrolero y de armas y afrontan una creciente presión diplomática y militar tendiente a cumplir los acuerdos de Lusaka.
En los últimos meses, Angola envió tropas a dos países vecinos, la República Democrática de Congo (o Congo-Kinshasa, antiguo Zaire) y a la República de Congo (Congo-Brazzaville).
En ambas operaciones militares, Luanda ayudó a derrocar a dos gobernantes que suministraban asistencia encubierta a UNITA, el dictador zaireño Mobutu Sese Seko y el presidente de Congo- Brazzaville, Pascal Lissouba.
El derrocamiento de ambos gobernantes privó a la UNITA de sus últimas fuentes de armamentos a su disposición. Las sanciones del Consejo de Seguridad aislarán aun más a los rebeldes.
"Comprendemos las legítimas preocupaciones de Angola en cuanto a su seguridad y su frustración por la ayuda de Congo-Brazzaville a UNITA en violación de las sanciones de la ONU. Pero la intervención militar no es una respuesta aceptable", cuestionó el embajador de Estados Unidos, Peter Burleigh.
Funcionarios de Angola acordaron con Estados Unidos el retiro de sus tropas en Congo-Brazzaville el 15 de noviembre.
La real amenaza aún radica en las operaciones de la UNITA, "que hasta ahora no ha dado muestras de abandonar su intención de conquistar el poder por medio de la fuerza", advirtió Mbinda.
A menos que el Consejo de Seguridad obligue a la UNITA a respetar los acuerdos de paz, se registrará "un nuevo rebrote de violencia en Angola", agregó el diplomático.
Los rebeldes hicieron caso omiso de un acuerdo de paz previo en 1992, año en que la guerra civil ingresó en su fase más sangrienta, en la que murieron más de 300.000 personas.
El Consejo de Seguridad también amplió el mandato de la MONUA hasta fines de enero. (FIN/IPS/tra-en/fah/mj/ip/97
