La Ley contra la Delincuencia Organizada a debate en el parlamento de Venezuela y que castiga desde el narcotráfico a la piratería intelectual podrá servir de modelo para toda América Latina, propuso su autor, el diputado Emilio López.
El legislador del partido socialcristiano Copei presentó su proyecto a la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), reunida el viernes y sábado en Sao Paulo, y sugirió su difusión en toda la región.
Eso contribuiría para que una legislación contra ese tipo de delincuencia sea más efectiva y uniforme en los países latinoamericanos, argumentó López.
En Venezuela, explicó, el Código Penal vigente desde 1928 está desactualizado y prevé los delitos en cuestión, pero les atribuye penas muy pequeñas o incluso permite la absolución de miembros de la asociación criminal que participan indirectamente del delito.
Ese es el caso de tráficos ilegales en que el acusado solo admite haber transportado el producto, lo que impide su enjuiciamiento, agregó.
Su proyecto establece la prisión por seis a ocho años "por el solo hecho de la conspiración o asociación", además de definir una amplia variedad de delitos castigados como crimen organizado.
Además de las actividades usualmente comprendidos en ese tipo de actividades, como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de personas y los delitos financieros, el proyecto incluye la "manipulación genética ilícita", la introducción de desechos tóxicos y descargas contaminantes.
La industria ilícita de pornografía, la piratería de bienes intelectuales y la corrupción de funcionarios públicos también son contemplados en la lista de 26 "delitos propios de la delincuencia organizada".
En el área financiera se detallan "el uso ilegal de dispositivos de acceso al sistema bancario y financiero", la estafa y "la legitimación de capitales o de sus productos o beneficios procedentes de cualquier delito", es decir el lavado de dinero sucio.
También la "obstrucción a investigaciones policiales o judiciales, la coacción, soborno y retaliación a testigos, víctimas e informantes" son incluidos en esa delincuencia que se desarrolló y se diversificó mucho en los últimos años.
El proyecto de ley ya fue aprobado en primera instancia en la Cámara de Diputados de Venezuela, informó Lopez, que espera su sanción final posiblemente este año.
Su vigencia representará, según él, innovaciones legales inéditas tanto en Venezuela como en América Latina, como "la inversión de la carga de la prueba" y la reducción de la pena para arrepentidos que colaboren en el combate a la delincuencia.
En Venezuela ya existe la exigencia de que funcionarios públicos justifiquen sus bienes, pero se trata de extenderlo al crimen organizado, exigiendo que todos prueben la legalidad de un rápido enriquecimiento, sostuvo el parlamentario. (FIN/IPS/mo/mj/ip/97
