La nueva estrategia antidrogas anunciada por el gobierno de Estados Unidos, que reemplazará la actual línea de confrontación por otra de cooperación multilateral, cambiará las relaciones entre varios países latinoamericanos y Washington.
El cambio estratégico fue dado a conocer el 22 de este mes octubre por Barry McGaffrey, jefe de la oficina antidrogas de la administración de Bill Clinton, a través de la agencia oficial USIS.
El jerarca indicó que se estaba elaborando un "documento conceptual", según el cual en el futuro la lucha contra el narcotráfico se basará en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región y en el incremento de la participación de entes ciudadanos.
Desde la década del 80, la campaña antidrogas de Washington se basa en la certificación de la colaboración de los países productores de narcóticos con el esfuerzo de Estados Unidos. La pérdida de ese aval, o "descertificación", lleva la amenaza de sanciones financieras.
Analistas independientes estiman en Perú que el cambio significa que Washington tratará de establecer líneas de cooperación directas con organismos civiles no gubernamentales dispuestos a participar en el combate contra la droga.
Cuatro días antes del anuncio de McCaffrey se efectuó en Lima una conferencia promovida por la embajada de Estados Unidos, a la que fueron invitados los alcaldes de las provincias selváticas peruanas productoras de coca.
La reunión concluyó con una declaración que demandaba un mayor apoyo al desarrollo de cultivos alernativos y proponía la constitución de coaliciones ciudadanas contra la producción de narcóticos.
La socióloga Olga Soto, de la Universidad San Martín de Porres, de Lima, considera que la reunión con los alcaldes y las declaraciones de McCaffrey son anticipos de la propuesta que llevará Clinton a la segunda Cumbre de las Américas a realizarse en Santiago de Chile en abril.
"La nueva política de Estados Unidos tal vez favorezca los programas de sustitución de cultivos de coca por otros de comercialización legal, pero el énfasis en el papel de las organizaciones no gubernamentales podría percibirse como una presión contra los gobiernos latinoamericanos", opinó Soto.
Según el especialista Juan de la Puente, el cambio de línea estadounidense es motivado por el fracaso de la "descertificación" en Colombia, que no pudo conseguir el alejamiento de Ernesto Samper de la Presidencia.
"El apretón de manos entre Samper y McCaffrey el 19 de octubre indica que incluso para Colombia se abre una nueva etapa", comentó De la Puente al diario opositor peruano La República.
Este matutino recoge también el entusiasmo de varios de los alcaldes provinciales convocados a la embajada estadounidense para opinar sobre las condiciones sociales adecuadas para erradicar al narcotrafico.
Misael Alvarado, alcalde de la provincia de Tingo María, afirmó que "el modelo de coaliciones sociales puede dar resultados en la selva, si se entrega la responzabilidad de manejar la sustitución de cultivos a organismos multilaterales, con participación de los gobiernos comunales".
Eduardo Terrones, alcalde de Tocache, ciudad que en la década pasada tuvo un auge económico inusitado por la producción de coca, expresó, por su parte, que "el desarrollo alternativo requiere de inversiones viales".
Terrones precisó que la pobreza obliga a los colonos de la selva a sembrar coca y, para inducirlos a sembrar otros productos "es necesario, en primer lugar, construir carreteras en la selva que permitan comercializar la producción de los campesinos".
Recordó que la comercialización de la coca no requiere de carreteras, pues los narcotraficantes recogen las hojas o la pasta básica de cocaína en las plantaciones y las llevan por río o en avionetas, utilizando pistas de aterrizaje clandestinas.
El mismo se pronunció que se ocupa de la temática del narcotráfico y la drogadicción, cuyo financiamiento depende en gran parte de aportes del gobierno estadounidense.
"La lucha contra la producción ilegal de coca debe tener dos pilares fundamentales: la sustitución de cultivos y la construcción de caminos entre pequeños pueblos de la selva y la mejora de las vías principales, para favorecer el comercio de los productos sustitutos", dijo Alejandro Vassilaqui, director ejecutivo de Cedro, organización no gubernamental peruana
Según Vasilaqui, los programas de desarrollo alternativo no han tenido óptimos resultados por falta de facilidades para el comercio de los productos cuyo cultivo se promueve, pero explican en parte la disminución en los últimos cinco años de 30 por ciento de la extensión sembrada de coca en Perú.
"En los últimos cinco años este país ha invertido alrededor de 70 millones de dólares para construir cerca de 400 kilómetros de caminos y carreteras secundarias. Ese esfuerzo debe acrecentarse para obtener mejores y más rápidos resultados", expresó.
Otro experto, Roger Rumrill, asesor del Consejo Andino de Productores de Hoja de Coca, discrepa sobre ese punto y afirma que la reducción del área sembrada de coca no refleja el éxito de las políticas antidroga, sino que es el resultado de la reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos.
"Los adictos estadounidenses se están pasando al consumo de nuevas drogas, creadas en laboratorios. Eso puede acabar con la economía de la coca en Perú, Bolivia y Colombia", señaló Rumrill. (FIN/IPS/al/dam-ff/ip/97
