América Latina y el Caribe ejercen esta semana nuevas presiones sobre la estadounidense Ley Helms- Burton, que establece castigos contra países y empresas que trafiquen propiedades expropiadas a ciudadanos de Estados Unidos por el gobierno de Cuba.
El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) está abordando el asunto en su reunión habitual, que se celebra en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Por primera vez, el órgano sesiona en un país anglófono del Caribe.
El embajador de Cuba en Trinidad y Tobago, Guillermo Batista, se manifestó satisfecho por esta nueva gestión contra la legislación estadounidense. "Esto es parte del rechazo internacional hacia la Ley Helms-Burton", dijo a IPS.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, suspendió el 16 de julio, por tercer semestre consecutivo, la aplicación de algunos capítulos de la controvertida norma debido a la postura de la Unión Europea (UE) en torno al proceso político cubano.
La UE resolvió vincular futuras mejoras en sus relaciones políticas con La Habana a la situación de los derechos humanos y el panorama político cubano.
La Ley Helms-Burton fue aplicada hasta ahora contra una firma telefónica de México, el Grupo Donos, y una empresa minera de Canadá, la Sherrit, a varias docenas de cuyos funcionarios se negó la visa de entrada a Estados Unidos.
El secretario permanente del SELA, Carlos Moneta, recordó el lunes que el Congreso de Estados Unidos recibió gran número de iniciativas legislativas que "fortalecen y amplían los efectos extraterritoriales" de la norma "y el bloqueo a Cuba".
La ley, una iniciativa del opositor Partido Republicano, fue aprobada en marzo de 1996, luego de haber sido bloqueada por Clinton durante la mayor parte de su mandato.
Pero Clinton resolvió respaldar la ley el 24 de febrero del año pasado, cuando las fuerzas armadas cubanas derribaron dos aviones civiles, procedentes de territorio estadounidense, con opositores al gobierno de Fidel Castro a bordo.
La Habana aseguró que las aeronaves habían invadido su espacio aéreo y recibieron múltiples advertencias.
Moneta mencionó en la reunión del SELA las leyes "antídoto" a la Helms-Burton vigentes en Cuba, Canadá, México y Argentina, así como regulaciones en el mismo sentido de la UE y una "acción conjunta" respaldada por Canadá, México, Japón, Malasia y Tailandia.
Canadá y México, dos de los países que han manifestado mayor oposición a la ley, integran junto a Estados Unidos un estrecho bloque económico regional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Las mayores críticas contra la norma se refieren a sus efectos extraterritoriales, que, según infinidad de expertos, violan el derecho internacional.
De todos modos, Moneta destacó que la vigencia de la ley "fue suspendida temporariamente mientras Estados Unidos se ha comprometido a modificar sus efectos extraterritoriales".
"En el plano internacional, los países continuaron rechazando esta ley, incluso a través de una resolución aprobada el año pasado por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Cumbre del Grupo de Río y la Cumbre Iberoamericana", agregó el funcionario.
El parlamento de Cuba aprobó en diciembre la Ley para la Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía". La Ley sobre Medidas Extraterritoriales Extranjeras de Canadá fue enmendada para asegurar que la Helms-Burton no fuera aplicada contra firmas de ese país.
México y Argentina aprobaron normas similares.
"El Consejo Latinoamericano del SELA continúa condenando con firmeza el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y rechazando la Ley Helms-Burton, a la que considera agresiva y violatoria de la ley internacional", sostuvo Moneta.
"Estamos seguros de que la solidaridad de América Latina y el Caribe hacia Cuba tendrá amplio respaldo", agregó.
El SELA estuvo entre las principales organizaciones del hemisferio occidental que controlan de cerca la aplicación de la ley. El grupo manifestó en octubre pasado, en Uruguay, la necesidad de "poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
El gobierno de Clinton envió en los últimos meses varias cartas a compañías no estadounidenses para advertirles que sus actividades incluían "tráfico con bienes expropiados" por el régimen de Castro.
Como consecuencia, algunas empresas dejaron de operar en Cuba, entre ellas la gigantesca cementera mexicana Cemex, el banco holandés ING Bank y el español Banco Bilbao Vizcaya, que habría financiado plantíos de caña de azúcar en tierras supuestamente expropiadas a ciudadanos estadounidenses.
La telefónica italiana Società Finanziaria Telefonica STET SpA, que opera la cubana Etesca, acordó una indemnización a la estadounidense ITT por la supuesta expropiación de sus propiedades en Cuba, según varios informes coincidentes.
Las empresas españolas Tabacalera y Sol Meliá se vieron obligadas a suministrar a las autoridades en Washington pruebas de que sus actividades en Cuba no se relacionan con bienes o propiedades expropiados a ciudadanos estadounidenses.
La Comunidad de Naciones del Caribe manifestó su rechazo a la Ley Helms-Burton y varios líderes de los 15 países del bloque visitaron el país comunista. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/mj/ip if/97
