Ocho países de América Latina aprobaron planes de igualdad de oportunidades para la mujer en los últimos cuatro años, en un marco de positivos avances legales hacia la equidad de géneros, destacó hoy la Cepal.
No obstante, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) advirtió que se requieren aún cambios en el sistema jurídico y sobre todo una actualización del concepto de familia que acepte la diversidad existente en este aspecto.
La Cepal, con sede en Santiago de Chile, adelantó este martes un estudio que presentará a la Séptima Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe, que se celebrará en esta capital entre el 19 y el 21 de noviembre.
Los temas a abordarse en el encuentro permitirán medir los avances regionales en relación a las recomendaciones emanadas de la última Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Venezuela pusieron en ejecución planes de igualdad de oportunidades para la mujer con carácter vinculante para la administración pública.
Estos planes se orientan a corregir discriminaciones que afectan a las mujeres en el acceso al empleo, en los niveles de remuneración y en las posibilidades de ascenso y perfeccionamiento, y a prohibir exclusiones basadas en su papel de madres o esposas.
Los planes de igualdad de oportunidades se sitúan en un marco general de progresos en favor de la equidad de género en la región, que incluye la consagración de la igualdad de la mujer en las constituciones de casi todos los países de la región.
En ese sentido, se han eliminado expresiones discriminatorias contra la mujer en constituciones, códigos, leyes, reglamentos y normas internas de organismos oficiales y privados, y sobre todo, en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales.
El estudio de Cepal resalta igualmente la creación de ministerios y oficinas de gobierno sobre la mujer y la promulgación de leyes específicas sobre fenómenos que afectan a la población femenina, como la violencia hogareña y el acoso sexual.
"En la región se ha quebrantado la 'legitimidad de la violencia' contra la mujer, porque ha pedido su condición de invisible y natural", según se subraya en el estudio que Cepal presentará a la conferencia de noviembre.
Desde 1989 se aprobaron leyes contra la violencia intrafamiliar y el acoso sexual en 14 países: Puerto Rico, Costa Rica, Bahamas, Barbados, Perú, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Ecuador, Bolivia, México, Colombia y República Dominicana.
Cepal advierte que las normas que consagran la igualdad deben ser reforzadas con medidas administrativas y legales para que sean plenamente efectivas, ya que en muchos casos son objeto de interpretaciones que conducen a una "discriminación indirecta".
"No basta con modificar las leyes. Es necesario reformar el sistema jurídico de los países para incorporar la igualdad dentro de él", señaló la abogada Hanna Binstock, una de las expertas que preparó el estudio de Cepal.
Binstock planteó que es ineludible la actualización del concepto de familia, ya que el actual marco jurídico regional reconoce sólo el estereotipo ideal de un grupo familiar monogámico, biparental, patriarcal, estable y basado en el matrimonio.
En este modelo, la responsabilidad principal del hombre es la de proveedor y de la mujer la crianza de los hijos, pero los últimos estudios demuestran que la realidad familiar ha cambiado y se ha diversificado, apuntó la experta.
El informe de Cepal solicita acentuar los esfuerzos legislativos para reforzar los nuevos tipos de familias, entre los cuales se destacan los hogares monoparentales con jefatura femenina, sobre todo en áreas de pobreza de la región.
La agencia regional de Naciones Unidas recomienda igualmente el establecimiento de metas más precisas, así como medidas administrativas para avanzar en la equidad de género y la incorporación de la mujer al desarrollo.
Los planes de igualdad de oportunidades tienen propuestas demasiado generales, en lugar de acciones concretas posibles de ejecución en tiempo preciso, salvo los de México y Chile, que contemplan programas anuales, indica Cepal.
Deben crearse mecanismos que hagan obligatoria la coordinación con los organismos rectores de los programas para la mujer, y a su vez debe normarse en esta materia la relación del Estado con las organizaciones no gubernamentales.
Otro aspecto a impulsar, según el estudio, es fijar metas y cuotas para el acceso de la mujer a instancias de decisión, al empleo y los recursos productivos, en lo cual existen algunas experiencias, ya sea a nivel de gobiernos, parlamentos o partidos, en Argentina, Costa Rica, Bolivia, Chile y México.
El planteamiento central de Cepal es que, en materia de igualdad de la mujer, se está superando la etapa de las reivindicaciones inmediatas para pasar a la formulación de políticas y a la creación de espacios de desarrollo.
En esta, como en otras áreas de acción económica y social en América Latina y el Caribe, la educación se aprecia como el medio más efectivo para los cambios, según el estudio que delegados de toda la región analizarán en la conferencia de Santiago. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/97
