La fuga de un presunto integrante de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) de Argentina provocó la caída del jefe de Policía de la capital uruguaya, desnudó la corrupción policial y descolocó al Ministro del Interior.
José Armando Alonso, un argentino de 36 años que había sido detenido en Montevideo a fines de 1996 cuando intentaba cobrar el rescate por un empresario argentino secuestrado, se fugó en la madrugada del domingo de la Cárcel Central de Policía.
Con su fuga, Alonso provocó lo que una fuerte ofensiva política no había logrado: la renuncia del jefe de Policía de Montevideo, José Nalerio, aceptada este martes, y jaquear al Ministro del Interior, Didier Opertti.
Nadie puede explicar racionalmente como logró huir Alonso sin la colaboración de los policías encargados de su custodia.
El detenido dejó su celda en el sexto piso de la cárcel, tomó un ascensor y salió luego por la única puerta que da a la calle, de una cárcel considerada inexpugnable, ubicada en pleno centro de la ciudad, a un lado de la sede central del comando policial.
En ese lugar estuvo detenido varios años durante la dictadura militar (1973-1985) el general retirado Líber Seregni, líder del izquierdista Frente Amplio, junto a varios de sus principales colaboradores.
Esa cárcel, que también se destina a presos con buenas relaciones políticas y a personas con trámite de extradición, cuenta actualmente con unos 120 reclusos.
Alonso estaba a la espera de dos pedidos de extradición formulados por la jueza federal argentina María Servini, quien pretendía investigarlo sobre una serie de atentados atribuidos a la ORP contra una cadena de supermercados de Buenos Aires.
El fugado es reclamado desde Argentina como delincuente común, única posibilidad de lograrar la extradición. Pero su abogado, Gustavo Puig, alegó que los delitos que se le atribuyen tienen carácter político, por lo que no corresponde la extradición.
"Nadie pudo fugarse sin pagarle a varios funcionarios para que colaboraran ilegalmente", aseguró a IPS un jerarca de la Dirección de Inteligencia de la Policía uruguaya.
Los bajos salarios de los policías, que oscilan entre 200 dólares los de menor jerarquía y poco más de 1.000 los de rango superior, ha sido uno de los mayores obtáculos para combatir la corrupción interna, según el Ministerio del Interior.
En Montevideo, donde vive el 45 por ciento de los 3,1 millones de habitantes del país, hay 17.000 funcionarios policiales. De éstos, 1.100 conviven con delincuentes en barrios marginales, según un estudio del Ministerio.
Ante una creciente ola de asaltos y robos, Opertti y Nalerio han sido el blanco de fuertes críticas del opositor Frente Amplio y del Partido Nacional, segunda fuerza del país que integra la coalición de gobierno con el Partido Colorado.
Pero los principales dardos contra el ministro del Interior surgieron de su propio partido, el Colorado. El influyente senador Jorge Batlle declaró que Opertti, catedrático de Derecho Internacional y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Nciones Unidas, carecía de experiencia para ese cargo.
Otro sector colorado reclamó a fines de agosto la renuncia del jefe de Policía.
Opertti, amigo personal y ex compañero de estudios del presidente Julio Sanguinetti, logró hasta ahora el respaldo del mandatario y evitó una interpelación parlamentaria.
La corrupción policial se ubicó siempre en el centro de los cuestionamientos y cuando tanto el ministro como Nalerio reconocieron su existencia, se produjo una reacción dentro de la fuerza policial que llevó a que ambos relativizaran esos dichos.
A fines de agosto, Opertti aclaró que defiende a la "buena Policía, profesional y jerarquizada", pero advirtió que no toleraría "las desviaciones y las corruptelas", y anunció su intención de sanear a la institución.
Según la revista Posdata, ese anuncio fue considerado un error en medios cercanos a Sanguinetti, porque puso a los policías en contra del ministro y "hay cosas que se deben hacer sin anuncios".
Varios funcionarios policiales procesados por la justicia continúan en actividad y alguno de ellos ocupan cargos cercanos a los jerarcas, dijeron a IPS fuentes del Ministerio del Interior.
Esas fuentes mencionaron la existencia de un llamado "muro azul" -en alusión al color del uniforme policial-, que estaría conformado por funcionarios que encubren a quienes son perseguidos por la ley.
Ante las presiones, el ministro creó a fines de agosto la Fiscalía Letrada de Policía, destinada a investigar la corrupción dentro de los cuadros policiales y con amplias facultades.
Paradójicamente, el primer trabajo de la Fiscalía apuntará a investigar la responsabilidad del ex Jefe de Policía de Montevideo, hasta ahora respaldado por el ministro. (FIN/IPS/rr/ag/ip/97
