Un amplio apoyo entre partidos tamiles logró el plan del gobierno de Sri Lanka para poner fin a la guerra con los separatistas Tigres de Tamil, que ha costado 50.000 vidas
La "Caravana de Paz", como el gobierno ha denominado a su campaña por resolver el conflicto, intenta satisfacer las demandas de autonomía de la minoría tamil, radicada en el norte y el este del país.
La presidenta Chandrika Kumaratunga proyecta incorporar sus propuestas a un proyecto de reforma de la constitución, que será discutido por el parlamento en pleno a fin de año.
Los tamiles son cerca de 18 por ciento de los 18 millones de habitantes de Sri Lanka, un país isleño situado al sur de India, y profesan en su mayoría la religión hindú. Mientras, la predominante etnia cingalesa es budista, y sus dirigentes no respaldan las propuestas de Kumaratunga
"Será difícil lograr la aprobación del plan de paz si los monjes budistas y la oposición no lo aceptan", advirtió Harry Gunatillake, un ex comandante de la fuerza áerea convertido en comentarista político.
La principal fuerza de oposición, el Partido Nacional Unido, que participa en el comité, se ha rehusado a opinar en público el proyecto del gobierno.
El ex primer ministro Ranil Wickremesinghe, líder del UNP, reiteró su propuesta de diálogo sin condiciones con los Tigres para la Liberación de la Tamil Eelam (LTTE), que luchan por la independencia de las regiones norte y oriental.
Según el ex primer ministro, las autoridades no deben aceptar el cese de las operaciones de guerra como condición para el diálogo. Wickremesinghe, que gobernó durante 17 años, mantuvo varias rondas de negociación con los Tigres, pero sin resultados.
Mientras, el gobierno puntualizó que sólo reanudará las conversaciones de paz, interrumpidas por los Tigres a principios de 1995, si los rebeldes deponen las armas, una exigencia rechazada por los separatistas.
Sri Lanka, que fue una vez un paraíso para los turistas occidentales, presenta una economía devastada. El turismo, en otros tiempos la principal fuente de ingresos del país, se ha hundido a causa de la guerra.
Los antecedentes de la guerra civil se remontan a principios de los años 70, cuando la minoría tamil acusó al gobierno controlado por los cingaleses de discriminarla en el empleo público, en la distribución de tierras agrícolas y en la educación y otros sectores.
Los gobiernos que se han sucedido desde entonces admitieron algunas reivindicaciones de los tamiles, pero no la totalidad de las demandas.
La coalición Alianza Popular, de Kamaratunga, vencedora en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1994, prometió el fin de la guerra, el reemplazo del sistema presidencial de gobierno por el parlamentario y el mejoramiento de la economía.
Sin embargo, cumplida la mitad de su mandato de seis años, el gobierno no ha podido cumplir sus promesas, señalaron los analistas.
Las tropas gubernamentales capturaron el año último la ciudad rebelde de Jaffna, en el extremo norte, capital de los Tigres, con fuertes pérdidas en los dos bandos. Pese a la caída de su bastión, los separatistas no están derrotados y han enfrentado con éxito al ejército en varias escaramuzas.
Entre sus victorias, los rebeldes se anotan el derribo de algunos aviones de la fuerza aérea y el bombardeo de cuarteles.
El parlamentario tamil Neelan Tiruchelvam, favorable a las propuestas de paz del gobierno, cree que esas iniciativas mejoran la devolución de poderes a las regiones implementada por el UNP mediante el sistema de consejos provinciales.
El plan también tiene el apoyo de Douglas Devananda, un ex guerrillero convertido en político, cuyo Partido Democrático del Pueblo de Eelam es el mayor grupo tamil en el parlamento.
Los analistas creen que el gobierno ha concedido un plazo relativamente extenso a su plan para darse tiempo a ganar el apoyo de los monjes budistas y de otros opositores.
Mientras, una nueva polémica se anuncia, debido a la advertencia de Kumaratunga de que recurrirá al referéndum si sus propuestas fueran rechazadas por el parlamento.
Las palabras de la presidenta levantaron un coro de protestas en el UNP. Wickremesinghe señaló que la vía del referéndum está excluida como alternativa a la decisión parlamentaria, ya que la reforma de la constitución exige en todos los casos la conformidad del Poder Legislativo.
La reforma constitucional requiere el respaldo de dos tercios de un parlamento de 225 integrantes, en el que la Alianza Popular tiene mayoría de un voto. (FIN/IPS/tra-en/fs/an/ff/ip/97
