Pese al esfuerzo de los negociadores, cuando el presidente estadounidense Bill Clinton inicie el 12 de octubre por Venezuela su gira por Sudamérica, el proyectado tratado bilateral de protección de inversiones no estaría listo para la firma.
Washington parece estar mucho más urgido que Caracas por lograr la firma del documento en ocasión de la visita de Clinton, que concluirá el 13. El presidente viajará después a Brasil y Argentina, en su segunda visita a América Latina, tras la que realizó en mayo a México, Costa Rica y Barbados.
Las autoridades venezolanas llevan tiempo indicando que la presencia de Clinton no debe marcar una "fecha fatal" para el tratado de inversiones, que tendrá de complemento acuerdos de propiedad intelectual y de eliminación de la doble tributación.
"Probablemente esté listo para noviembre", destacó a IPS uno de los negociadores del acuerdo de inversiones, que estuvo esta semana en Washington para una ronda de conversaciones a la que seguirá seguramente otra, antes de la llegada de Clinton a Caracas.
El ministro de Industria y Comercio, Freddy Rojas, dijo esta semana que es seguro que "Estados Unidos y Venezuela lograrán un entendimiento en inversiones este año o al comenzar el próximo".
Pero Rojas puntualizó que, al igual que lo referente a propiedad intelectual o doble tributación, se trata de asuntos muy complejos, que exigen tiempo y cuidado para que lo concertado sea positivo para ambas partes. "Debemos ser muy responsables", dijo el ministro.
En tanto, desde la Cámara Venezolana-Americana de Industria y Comercio, que aglutina a los empresarios estadounidenses afincados en este país, se insiste en que Caracas no puede perder "el momentum" de la visita de Clinton, cuando el interés de Washington estará momentaneamente concentrado aquí.
El presidente de la cámara, Antonio Herrera, llegó a pedir un pronunciamiento del mandatario venezolano Rafael Caldera en favor del acuerdo de protección de inversiones, en clara demostración de disgusto por el ritmo impuesto por los negociadores oficiales.
Herrera, en una actuación que algunos consideran directamente conectadas con los intereses de la embajada de Washington en esta capital, también dijo que el acuerdo es una especie de "certificación" sobre la bondad de Venezuela como punto de inversión no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo y que el gobierno de Caracas será el máximo favorecido por el tratado.
En la cancilleria y otros ministerios involucrados en el tema, se cree que si Washington estuviera muy interesado habría promovido tiempo antes el comienzo de una negociación tan compleja, y no hubiera aguardado hasta junio para realizar los primeros contactos.
Negociadores técnicos y jurídicos llegados de Washington aseguraron que "el clima es positivo y amistoso, y la perspectiva de su firma es totalmente firme, pero no hay tiempo para que el tratado esté completamente negociado el día 12".
Explicaron que los tratados de inversiones que suscribe Estados Unidos tocan muchos más aspectos y son mucho más extensos que los que, por ejemplo, negocia la Unión Europea.
Venezuela ha suscrito hasta ahora 20 tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones, y en América Latina es sólo superada en este aspecto por Argentina y Chile. Pero con Washington ya fracasó una negociación prevía en 1993.
En aquella ocasión, Estados Unidos condicionó la negociación de inversiones a que Venezuela aceptara concertar también la regulación de la propiedad intelectual, lo que Caracas rechazó.
Venezuela adujo que en el marco de la Ronda-Uruguay, que se negociaba entonces, el tema de la propiedad intelectual se regularía en forma multilateral, y ese acuerdo sería el marco vinculante para los dos países, por lo que era doblemente negativa esa condicionalidad.
Esta vez, Washington solicitó a Venezuela que acepte anticipar para fines de 1998 su acatamiento a las normas de derechos de autor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), emanada de la Ronda Uruguay. Pero Caracas no desea anticipar dos años el momento en que las reglas de la OMC entrarán en vigor en ese punto.
Los negociadores del tratado de inversiones explicaron que, pese a la buena disposición de ambas partes, hay que analizar con lupa cada artículo y cada anexo, para que sean compatibles con las leyes de los dos países.
Hay aspectos del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones que requieren aún mayores negociaciones, como los sectores o productos que cada país se reserva para no ser tratados como "inversión nacional" o como "nación más favorecida".
Washington ha fijado el modelo de tratado, de acuerdo con sus normas internas y son estas las que indican elementos como las listas de excepciones y otros puntos que, en público, Herrera y los negociadores estadounidenses aducen que Venezuela maneja con mucho celo, explicaron las fuentes en Caracas.
Estados Unidos, por ejemplo, se reserva la propiedad nacional de las emisoras radiales y de los barcos con su bandera, así como la navegación de cabotaje y los agentes aduaneros, entre otros puntos.
Venezuela, en tanto, no concede trato nacional en forma total o parcial al petróleo, el gas, los medios impresos en castellano y la petroquímica, porque así lo contemplan sus leyes nacionales.
Ese es "el rasero para medir" las excepciones, explicó un negociador bajo anonimato, lo que las leyes de cada país expresamente reserva.
Pero se explicó que eso no es un cierre total a sectores neurálgicos. A modo de expliación, se expuso que, si en la próxima privatización del sector del aluminio se establece que 20 por ciento debe ser reservado al inversor venezolano, el restante 80 por ciento estaría protegido por el tratado bilateral.
Un modelo a seguir en esos aspectos complejos es el de los acuerdos firmados por Argentina y Ecuador, que están en la "mesilla de noche" de todos los negociadores.
También la OMC establece una excepción clara para las compras de los gobiernos en cuanto a otorgar los beneficios de paridad con la nación más favorecida por otro acuerdo bilateral o multilateral o recibir trato nacional.
Pero Estados Unidos busca modificar esto, aunque no ha previsto extender la apertura de inversiones o el trato de las compras gubernamentales que otorgó a Canadá y México dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo. (FIN/IPS/eg/97
