Nadie acierta a definir con precisión si las muertes, lesiones y perjuicios que sufren en Uruguay los usuarios de los servicios médicos son nuevos o emergieron ante el reclamo cada vez mayor de los consumidores ante la justicia por "mala praxis".
Lejos de ser una industria, como en muchas naciones desarrolladas, los estrados judiciales uruguayos han recibido son embargo progresivas demandas de pacientes que la jurisprudencia ha acogido cada vez con mayor energía.
Esa presión de los consumidores y las condenas por inadecuado ejercicio de la medicina ha llevado a que muchos médicos contraten seguros como forma de protegerse ante eventuales condenas.
En Uruguay, país de 3,1 millones de habitantes, hay 13.000 médicos, de los cuales unos 1.000, ya han contratado seguro ante eventuales condemas por un mal ejercicio de la medicina.
Algunos profesionales consideran que las demandas generan un ejercicio defensivo que "limita el espectro de las decisiones del médico, que para evitar el riesgo de la demanda no prioriza las necesidades del paciente", dijo el anestesista Alvaro Piñeyro a la revista Posdata.
Dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) comentaron a IPS que una de las razones de mala práctica médica puede surgir de los reducidos salarios, ya que los médicos deban trabajar mas horas de lo normal en varios centros hospitalarios estatales y en asociaciones mutuales.
A cambio de una cuota mensual que oscila en el equivalente a 50 dólares, el afiliado a una mutualista tiene derecho a asistencia, internación, medicinas y servicio quirúrgico.
Aparte debe abonar un tique por cada consulta a un médico, otro por cada medicamento y un pago extra por algunos servicios extraordinarios.
Uno de esos servicios exigió a los padres de un bebé de tres meses un depósito previo para internar al niño en un centro de tratamiento intensivo para tratarlo por un problema respiratorio.
Los padres obtuvieron el dinero, pero el niño murió dos horas y media después de su internación.
La justicia condenó al sanatorio a indemnizar a los familiares porque consideró que si el niño hubiera sido atendido a tiempo hubiera podido salvar su vida, dijo a IPS el ministro del Tribunal de Apelaciones Dardo Presa.
Entre las mútiples condenas en favor de los usuarios, un servicio estatal de asistencia debió indemnizar a una persona a la que le practicó transfusión de sangre infestada con HIV, el virtus transmisor del sida, porque no realizó un control previo.
Una jueza condenó a un catedrático del máximo nivel en razón de que en una intervención quirúrgica afectó el nervio facial de un político que debió abandonar su actividad al ver afectada su imagen como resultado de la práctica médica.
Pese a esos y otros fallos, los jueces tienen dificultades para contemplar el reclamo de los consumidores, porque los médicos actúan muchas veces en forma corporativa.
En una sociedad pequeña como la uruguaya no es sencillo lograr peritajes médicos que deriven hacia la condena de un colega, coincidieron en señalar a IPS varios jueces consultados.
El médico forense Guido Berro Oribe dijo que en la justicia se registró una evolución respecto a la forma de recabar pruebas.
Desde una posición en la que casi nada era exigible al médico, se pasó a otra en la que se parte "del principuo de presunción de la responsabilidad del médico hasta que pruebe lo contrario", señaló. (FIN/IPS/rr/dg/pr-he/97
