Organizaciones sindicales, religiosas, ambientalistas y de mujeres de Puerto Rico promueven para este miércoles una huelga general contra la privatización de la Compañía Telefónica (CTPR) y de resistencia a las reformas de libre mercado del gobernador Pedro Rosselló.
El gobierno de Rosselló desea que las cosas sean en Puerto Rico "como en Estados Unidos, donde el sector estatal es relativamente pequeño", observó Alfonso Benmtez, presidente del Sindicato Independiente de Trabajadores Telefónicos.
La CTPR, una empresa de alta tecnología, produce beneficios, y puede ser vendida en alto precio. El programa de privatización del gobierno también comprende la disposición final de residuos urbanos, la administración de prisiones, el transporte público y los servicios de electricidad y agua corriente.
Pero Rosselló no es el primer gobernador que intenta la venta de la CTPR, ni la huelga del miércoles será la primera medida de oposición a ese proyecto en Puerto Rico, cuyo estatuto jurídico lo identifica como un estado libre asociado a Estados Unidos.
Rafael Hernández-Colón, del Partido Popular Democrático Popular (PPD) y predecesor de Rosselló, intentó en 1990 transferir la CTPR a inversionistas suizos, pero la operación fue impedida por una huelga general.
La huelga de 1990, que fue acompañada de una manifestación de 100.000 personas frente al edificio de la legislatura, disuadió a los aspirantes a la compra y acabó con la tentativa de Hernández Colón.
Sindicatos que representan en conjunto a 80.000 trabajadores participarán de la nueva huelga general, junto al Consejo Evagélico, la Organización de Trabajadoras, la asociación ambientalista Misión Industrial, la Liga de Cooperativas, el Diálogo para la Reconciliación Nacional y la Universidad de Puerto Rico.
Varios legisladores y alcaldes elegidos por el PPD han declarado su apoyo a la convocatoria, cuya consigna es "Puerto Rico no está en venta".
También los grupos independentistas se han unido a la resistencia contra las privatizaciones. Dirigentes de los partidos Nacionalista e Independentista, del Congreso Nacional Hostosiano, el Nuevo Movimiento Independentista y del Frente Socialista, anunciaron su incorporación a la protesta.
En opinión de los Macheteros, un grupo clandestino armado, el proyecto de privatización de la CTPR es la culminación de una política de "saqueo".
El gobierno advirtió a los empleados públicos que su participación en la huelga será considerada ausencia injustificada em jornada laboral. Mientras, algunas dependencias del Estado comunicaron a sus empleados que aplicarán sanciones disciplinarias a quienes no se presenten el miércoles a trabajar.
Así mismo, el Departmento de Educación amenazó este año con denunciar a la justicia a los padres de alumnos de colegios públicos que induzcan a sus hijos a la huelga.
La diputada Lissette Díaz Torres, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), propuso el 19 de este mes a la Cámara de Representantes aplicar igual trato penal a los padres que lleven a sus hijos a la huelga que a los culpables de abuso infantil.
La Comisión de Derechos Humanos de Puerto Rico y el presidente del Colegio de Abogados repudiaron públicamente la iniciativa de Díaz Torres, que no fue aprobada.
La tension es particularmente alta en la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, donde a principios de este mes, una visita no anunciada de Rosselló dio lugar a disturbios.
El gobernador llegó a la Universidad acompañado de militantes del derechista NPP que llevaban pancartaas y coreaban consignas a favor de la privatización de la CPPR y contra la huelga general prevista.
Los militantes del NPP se trenzaron en lucha con estudiantes contrarios a la política del gobernador, aunque la intervención del servicio de custodia de la universidad puso fin a los desórdenes, sin detenidos ni heridos.
La sorpresiva visita de Rosselló fue recibida como una provocación por muchos estudiantes y profesores, no sólo por la histórica hostilidad de la universidad al NPP, sino por haberse producido sólo una semana después de que una asamblea estudiantil se pronunciara por la huelga general y contra la privatización de la CTPR.
Estudiantes, profesores y funcionarios se unieron luego de la asamblea para crear el Frente Universitario contra la Privatización, destinado a divulgar la opinión de sus dirigentes contra las privatizaciones y las reformas de libre mercado.
Mientras, la campaña publicitaria del gobierno a favor de las privatizaciones pone en duda la integridad de dirigentes sindicales y acusa a los organizadores de la huelga de conspirar en secreto para lograr la separación de Puerto Rico de Estados Unidos.
El Nuevo Día y San Juan Star, los dos diarios de mayor circulación del país, se han pronunciado editorialmente a favor de la venta de la CTPR y de la privatización de activos públicos en general.
Pero el proyecto de venta de la CTPR fue rechazada por 67 por ciento de las personas encuestadas el mes último por El Nuevo Día. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/ff/lb/97
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