El acoso político-judicial en Perú al empresario de televisión Baruch Ivcher demostraría el debilitamiento del poder del presidente Alberto Fujimori, según creen varios analistas.
Comentaristas adversarios y aliados de Fujimori coinciden en considerar que el mandatario tiene cada vez menor capacidad para adoptar decisiones en asuntos críticos vinculados a las Fuerzas Armadas o los Servicios de Inteligencia Nacional (SIN).
"La creciente dependencia de la cúpula castrense de parte de Fujimori recuerda ominosamente el precedente del gobernante uruguayo Juan María Bordaberry en la década del setenta", comenta Manuel D"Ornellas, director del matutino oficialista Expreso.
En junio de 1973, Bordaberry dio un "autogolpe" de Estado con apoyo de las Fuerzas Armadas, que ejercieron el poder real y decidieron prescindir del presidente en 1976.
El comentario de D'Ornellas derivó de la decisión de un tribunal civil que niega la nacionalidad peruana al empresario Ivcher, nacido en Israel, naturalizado en 1984 y actualmente asilado en Miami, Estados Unidos, a quien una acción iniciada por el Ministerio del Interior trata de despojar de la propiedad del canal 2.
"La pasividad presidencial en el caso de Baruch Ivcher hará seguramente perder a Fujimori los puntos de popularidad que había recuperado en las encuestas", senala D'Ornellas.
Otro analista, Jaime de Althaus, también del oficialista matutino Expreso, opina que "el despojo del Canal 2 es un acto de barbarie dictatorial que expresa el poder alcanzado por la cúpula militar y de inteligencia en Perú".
El Ministerio del Interior acusó a Ivcher de haber incurrido en irregularidades en el proceso de la naturalización y un juez falló esta semana aplicándole el dispositivo legal que prohibe a los extranjeros ser propietarios de medios de comunicación en Perú.
El Canal 2 era, hasta el año pasado, la estación de televisión más oficialista en Lima, y sus problemas comenzaron después que difundió informacion sobre las torturas sufridas por Leonor La Rosa, agente del SIN interrogada por sus superiores por su responsabilidad en la filtración de infidencias a la prensa.
También dio a conocer la declaración jurada de ingresos formulada a la Superintendencia Tributaria por Vladimiro Montesinos, en la que el asesor presidencial y virtual jefe del SIN declara haber ganado mas de 600.000 dolares en 1996, presuntamente pagados por organizaciones extranjeras porque su cargo es "ad honorem".
La Superintendencia rehusó informar a la oposición parlamentaria las fuentes extranjeras de los ingresos de Montesinos, señalando que al no ser funcionario rentado no está obligado a hacer públicas sus declaraciones juradas ni sus bienes patrimoniales.
Los temas de las torturas, los injustificados ingresos de su más importante asesor en asuntos de seguridad y las maniobras para acallar a Ivcher primero y despojarlo de la propiedad del Canal 2 después provocaron la caída de la popularidad de Fujimori este año.
Hace algunas semanas, Ivcher se asiló en Estados Unidos porque, según sus allegados, recibió advertencias de que sería acusado de traición por haber promovido la venta de armas israelíes a Ecuador durante el conflicto bélico que dicho país sostuvo con Perú en 1995.
Los mandos militares no pudieron probar esa acusación y las revistas consideradas canal de salida de las informaciones difundidas por el SIN dejaron de ocuparse del tema.
Según Althaus, "el gobierno está siendo dominado por una lógica militar. Los rumores sobre la posibilidad de una guerra externa (con Ecuador) y las reacciones de fuerza contra la crítica aguda son una manifestación".
En su opinión, en la divergencia entre los objetivos del gobernante civil y los de la cúpula militar está el origen de la pérdida de popularidad de Fujimori en los meses pasados.
Fujimori, interesado en postular a una segunda reelección consecutiva, luego de la caída de su votación potencial, que bajó de 64 por ciento a menos de 20 por ciento, comenzó a remontar desde agosto pasado, y ahora las últimas encuestas le asignan 39 por ciento.
En las medidas adoptadas por su gobierno para recuperar popularidad figura la investigación contra los autores de las torturas de la agente de inteligencia La Rosa (actualmente en México) y, al parecer, también estaba dispuesto a mejorar su imagen en relación con el respeto a la libertad de prensa.
Según reveló el comentarista de televisión César Hildebrant, Fujimori recibió la semana pasada a los abogados de Ivcher, ante quienes se comprometió a emitir un decreto para anular la resolución del Ministerio del Interior que cuestiona la nacionalidad peruana del empresario.
Hildebrant afirma también que horas después Fujimori recibió la visita de Montesinos, y que el mandatario desistió de dictar el prometido decreto como consecuencia de la entrevista.
Fernando Viana, director de prensa del Canal 2, señala por su parte que Montesinos, en su calidad de asesor civil, no podría haber obtenido ese resultado si no contase con el respaldo de la cúpula militar.
Hildebrandt considera que las maniobras para despojar a Ivcher del canal de TV corresponden al interés de Fujimori de "controlar a los medios de información de mayor audiencia popular".
Por su parte Viana estima que la cúpula militar no cede en el tema Ivcher "porque el Canal 2 había iniciado una campaña de revelación de negociados castrenses que los mandos quieren acallar mediante la intimidación". (FIN/IPS/al/dg/ip/97
