Los trabajadores del canal de Panamá y sectores de la sociedad civil están ausentes en los planes de desarrollo de la vía interoceánica, pese a que fueron vitales para la obtención de los tratados de 1977.
Sindicalistas y líderes populares subrayaron el contraste entre el trato comedido que se le ofreció a los navieros extranjeros en el reciente Congreso Universal del Canal, con la ausencia de políticas hacia sus trabajadores y el resto de la población del país.
La secretaria general del sindicato de empleados del canal, Lina Boza, acusó al gobierno de Estados Unidos de mantener una política de "discriminación y desigualdad en contra de los trabajadores panameños que laboran en el canal".
Frente a esa política de Washington, el gobierno de Panamá -que comparte la administración del canal con el Estados Unidos- "habla solapadamente y sin asumir una actitud de defensa" de los trabajadores panameños, añadió.
El canal es administrado por una junta directiva binacional integrada por cinco estadounidenses y cuatro panameños, los cuales cesarán en sus funciones el 31 de diciembre de 1999, cuando la vía interoceánica pase a la jurisdicción de Panamá, según lo estipulado en los tratados canaleros de 1977.
Boza adujo que el gobierno local no tiene una posición clara frente a la negativa de Estados Unidos a pagar una indemnización a los trabajadores del canal cuando cese su relación laboral con los mismos el 31 de diciembre de 1999, según lo establecido en el reglamento de personal de la Comisión del Canal de Panamá.
Los 8.500 empleados del canal, 92 por ciento de los cuales son de nacionalidad panameña, demandan de Estados Unidos el pago de una indemnización de 56 millones de dólares.
La Comisión del Canal de Panamá indicó en un comunidaco reciente que Estados Unidos sólo va a indemnizar a los trabajadores que pierdan sus puestos de trabajo o a aquellos cuyo salario se reduzcan respecto del actual.
Boza indicó que esa disposición es para amparar sólo a los ciudadanos estadounidenses, lo cual a su juicio constituye "una discriminación contra los panameños".
Una opinión similar manifiestan los panameños que residen en casas revertidas a Panamá en virtud de los tratados, que también se sienten discriminados y apartados de los planes de desarrollo del canal y sus áreas adyacentes.
El proyectado desarrollo del canal "no nos incluye a nosotros", dijo Zia Lee, presidenta de la Asociación Cívica de Residentes de Balboa, una de las barriadas recibidas por Panamá de Estados Unidos desde que entraron en vigor los tratados el 1 de octubre de 1979.
Lee denunció que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), encargada de administrar los bienes recibidos por Panamá, tiene entre sus planes sacar de las riberas del canal a todos sus residentes para desarrollar allí centros turísticos, comerciales e industriales, así como viviendas para extranjeros.
Los residentes han llegado a esa conclusión porque la ARI "quiere vender las viviendas (a los actuales inquilinos) con un criterio comercial y no social de los residentes".
Una de las primeras directivas dadas por el extinto general Omar Torrijos cuando Panamá comenzó a recibir bienes de Estados Unidos, fue que los mismos "recibieran el uso más colectivo posible".
El administrador de la ARI, Nicolás Ardito Barletta, señaló que la entidad está tratando de obtener el máximo rendimiento posible de los bienes revertidos con el fin de constituir un fondo para programas de interés social en todo el país.
Pero Lee adujo que esa entidad no ha hecho un estudio socioeconómico de la población que reside en las riberas del canal, la mayoría de los cuales proceden de capas medias y bajas de la población.
Charlotte Elton, directora del no gubernamental Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (Ceaspa), dijo a IPS que la preocupación de los trabajadores del canal y los residentes de las áreas adyacentes se deben a que "el pueblo está ausente del proyecto canalero".
"Hay un desencanto total de la población y sus organizaciones con la política oficial hacia el canal", dijo Elton, quien advirtió sobre el peligro que corren los bienes recibidos y por recibir en función de los tratados.
Por primera vez desde 1979, algunas personas han comenzado a cometer acciones vandálicas contra las residencias recientemente entregadas a Panamá de la antigua base militar estadounidense Albrook, ubicada sobre la costa del océano Pacífico.
Elton subrayó que ese podría ser un indicio de que ante los planes de desarrollo futuro del canal con total ausencia del pueblo, éste opte por el saqueo de esos bienes.
Ceaspa, al igual que otras organizaciones, está intentando constituir un comité cívico para que investigue, haga propuestas y dé seguimiento a la participación de la sociedad civil en los futuros planes de desarrollo y distribución social de los recursos que genera el canal. (FIN/IPS/sh/ag/ip/97
