El procurador general de Panamá, Aristides Romero, pidió apoyo a la población y a los medios de comunicación para combatir la corrupción en el país, a la que calificó como "un impuesto descarado a la pobreza".
El funcionario, habitualmente parco y poco comunicativo, hizo dicha petición luego que una encuesta de la compañia Dichter y Neira reveló que 74,8 por ciento de la población consideró que existe corrupción en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Contradictoriamente, 60,9 por ciento de los encuestados se mostró conforme con la actuación de Pérez Balladares, quien en otra encuesta realizada por esa misma compañía en junio pasado sólo alcanzó 50,33 por ciento de aceptación.
"Yo creo que no es un secreto para nadie que la corrupción es un mal de toda la sociedad", subrayó Romero, tras lo cual advirtió que "lo importante es cómo la enfrentamos y qué hacemos para combatirla".
El contralor de las finanzas públicas recordó que desde que se instaló una línea telefónica especial para que la población denuncie los actos de corrupción no se ha adelantado gran cosa, porque lo único que se han denunciado "son bochinches (líos) de familia".
Sin embargo, reiteró su pedido al público y a los medios de comunicación para que lo ayuden "a agarrar a un pez bien gordo y freirlo de verdad".
Luego de la encuesta de Dichter y Neira, Pérez Balladares y el ministro de la Presidencia, Olmedo Miranda, se refirieron por separado al tema.
En uno de sus habituales mensajes de radio, el presidente informó que va a sustituir a la custodia civil de las cárceles por un contingente de la fuerza pública debido a que las personas encargadas de esa función están involucradas en diversas irregularidades.
Aunque no los acusó directamente, afirmó que a las cárceles entra gran cantidad de drogas y se evaden con suma facilidad los reclusos de las cárceles de máxima seguridad, así como otra gran cantidad de irregularidades denunciadas por los presos.
Tres mil reclusos de las cárceles La Joya y La Joyita se amotinaron la semana pasada para demandar un mejor trato de los custodios y denunciar deficiencias en la alimentación y la atención médica dentro de ambas cárceles.
En tanto que Miranda indicó que admitir que existe corrupción en el gobierno "no es suficiente", pues a su juicio, lo que hay que hacer "es buscar los medios para combatirla a toda costa hasta acabar con ese flagelo".
Las estadísticas oficiales señalan que los delitos se han incrementado en más de 300 por ciento entre 1990 y 1996.
En los tres años de gobierno de Pérez Balladares han sido detenidos y acusados por actos de corrupción un diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático, un gobernandor provincial y un alcalde, entre otros funcionarios. (FIN/IPS/sh/jc/ip/97
