Periodistas de Pakistán consideran que la propuesta del gobierno de crear un consejo regulador de la actividad de la prensa es sólo un intento de restringir la libertad de expresión.
"No creo que exista necesidad de un consejo de prensa formal aquí", expresó Sheereen Mazari, editora del semanario Pulso. "Si va a ser una forma indirecta de control del sector, entonces no será bien recibido", advirtió.
En los últimos meses, el ministro de Información, Mushahid Hussain, reiteró su propósito de redactar "reglas de juego" para la prensa del país de Asia meridional.
Sin embargo, el gobierno intenta que sean los propietarios de los diarios quienes acepten el órgano, en lugar de presentar la propuesta al parlamento, donde la iniciativa tiene el apoyo de dos tercios de los legisladores.
Muchos periodistas cuestionan la independencia del consejo de prensa propuesto debido a la actitud del gobierno en torno al tema.
Para su asombro, el ministro de Legislación, Khalid Anwar, advirtió que el "consejo de prensa no será pasivo como su equivalente en Gran Bretaña, sino que estará equipado para controlar y regular eficazmente al medio de comunicación escrito".
El gobierno del primer ministro Nawaz Sharif, en el poder desde hace nueve meses, no consultó la propuesta con los sindicatos de los trabajadores de la prensa, aunque fueron periodistas y editores quienes en 1959 por primera vez señalaron la necesidad de regular al sector.
Luego de la iniciativa de los periodistas, el entonces líder militar Ayub Khan formó una comisión que propuso la creación de un consejo para regular a la prensa que, finalmente, no se llevó a cabo.
En 1980, durante otro período de gobierno militar, el Consejo de Editores de Diarios redactó un código de ética propio y prometió hacerlo obligatorio en solemne ceremonia ante la tumba del fundador de Pakistán.
El código enumeró 14 obligaciones que, según los editores de prensa, están basadas en el artículo 19 de la Constitución, que garantiza "el derecho a la libertad de expresión… y la libertad de prensa, sujeta a restricciones razonables impuestas por la ley".
Las reglas para la prensa propuestas por el gobierno actual son similares a las del código de ética, excepto por una cláusula que estipula un castigo por publicar "noticias erróneas".
El consejo tendrá el poder de advertir a los periódicos que infrinjan las normas y tomar medidas contra ellos. Quienes se consideren afectados podrán reclamar una compensación de entre 230 y 2.300 dólares.
El consejo será presidido por un juez, en actividad o retirado, de la Corte Suprema de Justicia, y estará integrado por cuatro miembros. Uno de los integrantes será un periodista nombrado por el gobierno, y los demás por la patronal Sociedad de Diarios y el Consejo de Editores de Diarios.
Ambas organizaciones objetaron el plan del gobierno de incluir un juez y un periodista en el Consejo. Los sindicatos de periodistas no respaldan ni al gobierno ni a sus empleadores.
Farrukh Saeed Khawaja, presidente del Sindicato Federal de Periodistas de Pakistán, rechazó categóricamente la propuesta del consejo de prensa porque no otorga representación a los periodistas.
En su opinión, "como el consejo no cuenta con representación de periodistas, entonces sólo el propietario debe ser responsable por los casos de mala conducta".
En 1992, durante el primer gobierno de Sharif, las autoridades acusaron de sedición a Maleeha Lodhi, editora de The News International, y a su personal, luego de publicar un poema que criticaba a la administración.
Sin embargo, no se tomaron medidas contra el propietario del diario y el asunto sólo se resolvió luego de la intervención estatal de los sindicatos de prensa.
En 1995, el parlamento acusó al corresponsal especial del Jang, el diario de mayor circulación del país, por publicar una lista de morosos, entre ellos líderes del gobierno y la oposición, de préstamos millonarios del banco Habib.
El parlamento analizó la "filtración" a la prensa ese mismo día y decidió que la publicación de la lista significaba una conspiración contra el sistema democrático y exigió que se tomaran medidas inmediatas contra el "culpable".
El parlamento nombró un comité de 25 miembros para analizar el caso, pero la repentina disolución de las cámaras legislativas truncó el proceso.
El ministro de Información, Hussain, asegura que "el gobierno analizó la propuesta del consejo con el Consejo de Editores de Diarios".
Pero ello no es suficiente, señaló la periodista Mariana Babar, del diario The News. "Toda ley que involucre a los medios debe ser aceptable para los periodistas que participan directamente de la cobertura de los diarios y son responsables por ella", dijo.
"Sería justo que el gobierno consultara a los periodistas y no sólo a los propietarios de los diarios", añadió. (FIN/IPS/tra-en/zm/an/aq-ml/ip-cr/97
