Países africanos urgieron hoy en una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU a alcanzar un acuerdo sobre el embargo de viajes aéreos que la organización mundial mantiene contra Libia desde hace cinco años.
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, en representación de la Organización de Unidad Africana (OUA), habló al Consejo de 15 miembros sobre la necesidad de considerar una oferta de Libia a la Corte Internacional de Justicia para juzgar a dos libios sospechosos de un ataque terrorista en 1988.
Gran Bretaña y Estados Unidos insisten en mantener el embargo de vuelos impuesto en 1992 contra Libia, al que consideran un "estado renegado", para presionarla a que otorgue la extradición de los ciudadanos libios Lamen Khalifa Fhimah y Abdel Basset al- Megrahi.
Ambos están acusados del ataque con bomba en 1988 contra un avión de la compañía Pan American que volaba sobre Lockerbie, Escocia, en el que murieron 270 personas.
La ONU exigió la entrega de ambos hombres para que sean juzgados en Estados Unidos o Gran Bretaña como condición para el levantamiento del embargo de vuelos comerciales contra Libia, pero ésta arguye que los sospechosos no recibirían un juicio justo en ninguno de esos países.
El gobierno libio sugirió que los sospechosos sean juzgados por un tribunal escocés, según la ley de Escocia, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Creemos que esta oferta debe ser seriamente considerada para que la situación avance", señaló Mugabe, quien destacó la necesidad de aliviar los padecimientos de la población libia por causa de las sanciones internacionales.
Su exhortación fue apoyada por el secretario general de la OUA, Salim Ahmed Salim, quien enfatizó la necesidad de "un juicio justo de los sospechosos de acuerdo con los requisitos de la justicia y el derecho internacional".
La posición asumida por la OUA sobre Libia puso de manifiesto las profundas divisiones en la comunidad internacional sobre la continuación del embargo.
Los 22 miembros de la Liga Arabe acordaron el domingo en El Cairo no acatar el embargo de vuelos contra Libia y permitir los viajes aéreos de autoridades libias que participen de encuentros regionales y "el transporte de enfermos, muertos y medicamentos, así como los vuelos de motivación religiosa".
La resolución de la Liga Arabe invita a los países árabes a "adoptar medidas con el fin de aliviar las sanciones contra Libia hasta que se alcance una solución justa y pacífica a la crisis".
En directa contradicción al embargo de la ONU, la resolución solicita a todas las naciones árabes que permitan viajes aéreos de líderes libios para "el transporte de enfermos, muertos y medicamentos, así como los vuelos de motivación religiosa".
De cierta forma, la Liga Arabe sólo puso por escrito la atenuación gradual de la implementación del embargo que de hecho ocurre desde hace años.
En 1996, los líderes árabes permitieron viajar al presidente libio Mohammar Kaddafi a un encuentro cumbre de la región y Libia, desde 1994, envía fieles musulmanes a Arabia Saudita para la peregrinación anual, llamada "hajj".
Funcionarios de la ONU señalan que tampoco es inesperada la frustración en torno a las sanciones ya que el secretario general del foro mundial, Kofi Annan, sabe desde hace tiempo que la resolución internacional de mantener las sanciones contra Libia está perdiendo fuerza.
Annan sugirió que el Consejo de Seguridad proponga "cláusulas ocaso" para que los embargos de largo plazo expiren antes de que su prolongación en el tiempo ponga a prueba la paciencia de los países miembros.
Pero Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos con poder de veto en el Consejo, insisten en mantener la presión sobre Libia.
El canciller británico, Robin Cook, declaró el jueves que la ley escocesa no permite que su sistema judicial sea aplicado para juzgar a sospechosos fuera del país. El funcionario también criticó esta semana la resolución de la Liga Arabe y arguyó que "socava la autoridad de todas las resoluciones de la ONU".
"No podemos transar con respecto al terrorismo libio. El gobierno de Libia es plenamente responsable por las consecuencias que las acciones de este Consejo tienen sobre su pueblo", advirtió la secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright.
Albright exhortó a las naciones africanas a rechazar lo que consideró "la cultura de la impunidad" que en el pasado protegió a violadores de derechos humanos y terroristas. "Debemos mantenernos unidos en el total cumplimiento de las resoluciones de este Consejo", añadió.
No obstante, el repentino respaldo hacia Libia -en una reunión especial dedicada a Africa de los cancilleres de estados miembros del Consejo de Seguridad- tomó por sorpresa a funcionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña y destacó la división que existe en el organismo sobre el tema.
El canciller de Rusia, Yevgeni Primakov, aprovechó la ocasión para expresar el respaldo de Moscú hacia una resolución de transacción que termine con las sanciones contra Libia. "Debemos hallar la manera de resolver este tema. Creo que merece atención la propuesta libia sobre el caso de Lockerbie", dijo.
En reiteradas ocasiones Libia negó tener responsabilidad en el atentado de 1988.
Sin embargo, el Consejo de Seguridad siguió renovando las sanciones por períodos de cinco años a pesar de informes que sugieren participación siria o palestina en el ataque y de la oferta de Trípoli de enjuiciar a los sospechosos fuera de Libia. (FIN/IPS/tra-en/fah/ml-aq/ip/97
