El gobierno de Violeta Chamorro favoreció a un grupo de reclamantes de propiedades en Nicaragua que fueron confiscados en las décadas del 80 y 90 por el régimen sandinista, al pagarles en efectivo y no en bonos, como establecen las leyes.
Así lo declaró a IPS el viceministro de la Propiedad, Guillermo Argüello Poessy.
La Tesorería de la República desembolsó entre 1993 y 1996 cerca de 10 millones de dólares en efectivo, para cancelar pagarés en favor de un grupo de confiscados entre los que se encontraban Roberto McGregor, cuñada de Chamorro, Ernesto Palazio, ex embajador en Estados Unidos.
Otro de los favorecidos fue Nicolás Bolaños, hermano del actual Vicepresidente de la República.
Los restantes casos resueltos -3.771 en total, por el equivalente a 530 millones de dólares- fueron cancelados en bonos.
Según documentos oficiales de la Tesorería de la República en poder de IPS, el gobierno de Chamorro (1990-97) libró esos años 17 pagarés en dólares y 157 en córdobas, por unos ocho millones de dólares. Alrededor de dos millones adicionales se cancelaron sin el soporte de pagarés.
El 71,4 por ciento de los pagos con respaldo de pagarés se efectuaron después de junio de 1996, cuando sólo faltaban ocho meses para entregar el poder.
Con esas sumas, el Estado adquirió bienes inmuebles ocupados por organismos estatales, casos en los que resultaban "materialmente imposible" su devolución.
"Estos son casos claros de preferencia, ya que la ley autorizaba a indemnizar únicamente a través de bonos", dijo Argüello Poessy.
"Son casos que fueron manejados directamente en el cuarto piso del Ministerio de Finanzas", agregó, en alusión al despacho del ex ministro de Finanzas Emilio Pereira.
Sin embargo, insistió en que será la Contraloría de la República, tras concluir sus investigaciones, la instancia adecuada para determinar si hay responsabilidad administrativa, civil o penal.
Uno de estos casos, negociados al más alto nivel, es el de la empresa Agrícola San Ramón, cuyo presidente es McGregor, cuñado de la ex presidenta.
El gobierno sandinista le confiscó a esa empresa en los años 80 más de 2.000 hectáreas para desarrollar ahí un proyecto agropecuario de capital mixto entre Nicaragua y Libia.
En compensación, el gobierno de Chamorro se comprometió a indemnizarla con 1,45 millones de dólares, que se cancelarían en cuatro pagos. El último pago, de 300.000 dólares, programado para el 30 de octubre, está congelado hasta que se pronuncie la Contraloría de la República.
El director jurídico de la Contraloría, José de Jesús Brenes, dijo a IPS que están investigando entre 30 a 40 casos, sobre los que esperan tener una conclusión a mediados de octubre.
"Se han detectado fallas, estamos preparando un resumen de ellas. Más que todo hemos encontrado negligencias, pero no hemos detectado asuntos que ameriten una investigación de tipo delictiva", afirmó Brenes.
Chamorro calificó en una nota pública reciente a las acusaciones de favoritismo formuladas por funcionarios gubernamentales, como una campaña de desprestigio en su contra, y la denunció como "una cortina de humo para esconder el arreglo bipartidista sobre la propiedad".
La ex mandataria se refería al proyecto elaborado por una comisión integrada por representantes gubernamentales y del Frente Sandinista, para resolver definitivamente el delicado tema de la propiedad.
El proyecto se está discutiendo actualmente en el plenario del Diálogo Nacional, donde participan representantes de 53 oganizaciones políticas y sociales, la mayoría de ellas afines al gobierno del derechista Arnoldo Alemán.
"A pesar de todo, espero que el acuerdo, pacto, protocolo, concertación o arreglo alcanzado entre el Presidente de la República y el secretario del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) contribuya a lograr la estabilidad deseada por todos", agregó Chamorro en su nota.
Según una encuesta realizada en agosto por la empresa costarricense CID-Gallup, Chamorro cuenta con una opinión favorable del 71,7 por ciento de los nicaragüenses, frente al 39,9 por ciento de Alemán. (FIN/IPS/rf/ag/ip/97
