Nicaragua comenzará en octubre a dar los primeros pasos para la privatización del sector energético, con el propósito de aumentar la capacidad de generación eléctrica, estancada desde hace una década.
El proyecto de ley de privatización, conocido como Ley de la Industria Eléctrica, está en la agenda del parlamento y cuenta con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Junto con ese proyecto, el parlamento estudiará un proyecto de reforma de la actual Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para fortalecerlo como ente regulador del sector.
"El BID ha apoyado esta iniciativa y respaldamos la reforma que el gobierno quiere impulsar", dijo a IPS Gonzalo Arroyo, experto en Energía del organismo de crédito para los países de América Central, Belice, México, República Dominicana y Haití.
"Entendemos que la promulgación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica está en su última etapa de análisis para entrar al plenario de la Asamblea Nacional (parlamento), que podría suceder en los próximos días", añadió.
Ambas iniciativas serán introducidas al plenario del parlamento el miércoles próximo y se espera que no encuentre obstáculos, ya que su aprobación requiere mayoría simple, con la que cuenta la bancada oficialista.
En la propuesta legislativa, explicó el funcionario del BID, se contempla la segmentación radical de la empresa estatal de energía ENEL, en empresas de Distribución, Transmisión y Generación, las cuales entrarían a competir con cualquier empresa privada dispuesta a invertir en este campo en Nicaragua.
"Sería una revolución", comentó Arroyo refiriéndose a los cambios que conllevaría, ya que permitiría a los grandes consumidores escoger a sus propios suplidores de energía, incluso entre las firmas que venden el servicio en la región.
No obstante, adviritió que este tipo de reformas no son sencillas y "requieren de una voluntad política visible y sostenida, definición clara de los objetivos perseguidos y sobre todo una propiedad absolutda del proceso por parte del país".
La reforma más profunda en América Latina se viene cumpliendo en Argentina, pese a que Chile fue el pionero.
En el istmo centroamericano, se vienen ejecutando en El Salvador, Guatemala y Panamá, que ya tienen leyes aprobadas y están analizando la segmentación.
En Nicaragua, la privatización del sector energético sería dirigido por una Comisión Nacional, en la participarían ministros y dos representantes de la sociedad civil. La función regulatoria, mientras tanto, estaría a cargo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Arroyo considera que la reforma energética es indispensable en Nicaragua, ya que el país sufre un fuerte déficit de energía cuya solución requeriría de inversiones de unos 100 millones de dólares, un monto del que no dispone el Estado.
En 1985, Nicaragua tenía una capacidad instalada de 326 megavatios, según cifras del BID, y once años después apenas había crecido a 381.7 megavatios.
En América Central, Panamá, Nicaragua están por debajo de la capacidad instalada de sus vecinos.
"El sistema nicaragüense es sumamente frágil, ya que la mayor parte de la generación recae sobre plantas a vapor que están viejas. La salida de cualquiera de ellas, como sucedió recientemente, implica racionamientos a la población", explicó Arroyo.
Una avería en la unidad 3 de la Planta Managua, más el mantenimiento programado de la Planta Nicaragua, obligó este mes a la empresa estatal a racionar la energía durante tres días.
Sin embargo, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Energía (FESTEN), de tendencia sandinista, se opone a la privatización y desmembramiento de la empresa estatal.
"El proyecto de ley pretende segmentar en varias empresas a ENEL, lo cual provocaría alzas en los servicios a la población y crearía inestabilidad al sistema, creado para funcionar en conjunto», argumentó sindicalista Noel Sunsín.
"Lo más prudente y práctico es convertir a ENEL en una sociedad anónima, con apertura a participación del capital privado, sin desmembrarse", agregó. (FIN/IPS/rf/ag/if-en/97
