Organizaciones de consumidores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay fustigaron la falta de transparencia y participación en las normas sobre protección del consumidor del Mercado Común del Sur (Mercosur).
La oficina regional para América Latina y el Caribe de Consumers International (CI), con sede en la capital chilena, difundió este lunes una declaración adoptada por las organizaciones el día 3 en Montevideo.
Las resoluciones de los gobiernos (del Mercosur) sobre normas de protección del consumidor no reconocen a éste como sujeto de derechos y fueron estructuradas con "un criterio primordialmente mercantilista", según la declaración.
En la perspectiva de hacer más eficientes los canales institucionales de participación, los grupos de consumidores de los cinco países acordaron consolidar una red permanente de comunicación e intercambio.
En el encuentro de Montevideo participaron dos organizaciones de Argentina, una de Bolivia, dos de Brasil, una de Chile y dos de Uruguay, todas ellas afiliadas a CI, la mayor red mundial de grupos de defensa de consumidores, con sede en Londres.
En la cita de la capital uruguaya no participaron delegados de Paraguay, país fundador del Mercosur con Argentina, Brasil y Uruguay, que no cuenta con organizaciones locales independientes de consumidores.
Chile se asoció al Mercosur desde el 1 de octubre de 1996 y Bolivia hizo otro tanto a partir de este año, con lo cual ambos países pusieron en ejecución acuerdos de libre comercio y de integración física, política, económica y social con el bloque.
En ese contexto, el Mercosur y sus dos asociados están trabajando en la armonización de sus legislaciones, incluyendo numerosas resoluciones que afectan a los ciudadanos de los seis países en tanto consumidores.
En este proceso, "la protección del consumidor es tratada como uno más de los factores ordenadores del mercado, desconociendo la importancia del consumidor como sujeto de derechos", señalaron las organizaciones de los cinco países.
Los gobiernos no cumplen así con su compromiso de establecer el "nivel de más alta exigencia" en las normas sobre consumidores y abordan el tema con una metodología que no es la más adecuada, agregó la declaración.
"La protección de los consumidores exige una amplia gama de instrumentos de ejecución de sus derechos, que no debe centrarse únicamente en medidas legislativas, sino que debe ser parte de una política pública de consumo, integrada y concertada", dijeron las organizaciones.
Agregaron que "la política de consumo es en sí misma horizontal, pues en ella confluyen ámbitos tan diversos como la educación, las preocupaciones ambientales, la salud pública, la seguridad, etc.".
"En este sentido resulta importante tener en cuenta los imperativos de la protección y la defensa de los consumidores y sus opiniones, en la elaboración y aplicación de las decisiones que puedan afectar sus intereses", según reza la declaración de Montevideo. (FIN/IPS/ggr/jc/hd-if/97
