Los países atuneros de América Latina promueven la aplicación de un instrumento multilateral vinculante que impida nuevas iniciativas proteccionistas al amparo de "una careta ecológica", como la de Estados Unidos contra la pesca en el océano Pacífico oriental.
Autoridades pesqueras de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela tuvieron un primer encuentro con ese fin en Caracas, que será seguido por otra reunión en Ensenada, México, entre los días 14 y 15, informó a IPS el funcionario venezolano Carlos Jiménez.
El objetivo es asegurar que ese instrumento vinculante recoja los intereses latinoamericanos cuando los 12 integrantes de la Comisión Intergubernamental del Atún Tropical (CIAT) se reúnan en la ciudad estadounidense de La Jolla el día 29.
Los países latinoamericanos que capturan en el Pacífico oriental el preciado atún aleta amarilla fueron penalizados con un embargo total al producto en Estados Unidos por atrapar delfines en sus redes.
Los delfines se desplazan junto a los cardúmenes de atún en esa región.
El Congreso de Estados Unidos decidió en julio el levantamiento del embargo, que afectó la producción atunera latinoamericana desde 1990, para febrero o marzo de 1998.
Pero los vendedores de atún tropical solo podrán colocar en sus etiquetas que la pesca no afectó al delfín a mediados de 1999 y los miembros de la CIAT deberán rubricar un instrumento vinculante que determine que se seguirá evitando la mortandad de este mamífero como condición para levantar el embargo.
El viceministro de pesca de México, Carlos Camacho, precisó a IPS que el argumento esgrimido para determinar el embargo fue "una careta ecológica" que ocultó un motivo real "totalmente comercial y proteccionista".
Camacho recordó que ya en 1993 la propia CIAT certificó que las disposiciones adoptadas en las flotas atuneras de la región habían eliminado prácticamente la mortalidad incidental del delfín durante la captura del atún.
En una reunión de la CIAT en octubre de 1995, en Panamá, se decidió formalmente la eliminación del embargo por parte de Estados Unidos, pero los productores locales de la variedad lograron demorar la ejecución de la medida hasta 1998.
Jiménez, director del venezolano Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros y Acuícolas, explicó que en el encuentro de Caracas se determinó que ese instrumento sería beneficioso para los países latinoamericanos "porque fijará reglas multilaterales que impedirán nuevas acciones unilaterales, como el embargo".
En el encuentro de Caracas estuvo ausente Panamá, que junto con México y Venezuela son los países más afectados por el embargo. Camacho y Jiménez explicaron que eso se debió solo al cambio de autoridades en el sector.
Camacho dijo que la respuesta de los países latinoamericanos al embargo "es un modelo a nivel mundial", porque se basa en que la protección de recursos no significa solo pescar "hasta el máximo sustentable" sino cuidar toda la biodiversidad en el área donde se actúa.
"Tomamos una serie de medidas que son un ejemplo aplicable a nivel mundial de cómo se pueden solventar los problemas entre comercio y ambiente y que deberían ser asumidas en todo tipo de pesquería, en cualquier área marítima", precisó Camacho.
Recordó que, entre las medidas, se acordó un codigo de pesca responsable, que fue asumido como un instrumento voluntario por todos los países en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El viceministro mexicano dijo que en otra reunión de la CIAT, realizada también en la ciudad californiana de La Jolla, en 1992, se estableció un programa para evitar la captura incidental del delfín que fue adoptada con enorme rapidez por el grupo latinoamericano.
Pero planteó que una pesca responsable no se limita a evitar la mortandad del delfín u otros mamíferos -según las áreas donde se pesque-, sino que debe basarse en "la preservación de todo el ecosistema, y eso es lo que se ha logrado".
"Con todo el daño económico y social" que generó el embargo, "ha sido un proceso del que salimos más fuertes", dijo el viceministro.
Añadió que el grupo latinoamericano busca ahora "mantener la unidad y darle estabilidad a su proceso productivo y comercial" con una posición conjunta en la cita de La Jolla.
Camacho dijo que las autoridades de Estados Unidos, con su comportamiento a lo largo de esta década de embargo, "mostraron cuán falaces eran sus argumentos y hasta qué punto los motivos de la medida eran proteccionistas y no ambientales".
Recordó que la medida representó "una doble injusticia" porque no solo cerró el acceso al mayor mercado mundial del atún, sino que impuso un embargo secundario, al evitar que las procesadoras europeas adquirieran el producto porque su venta final también quedó prohibida en Estados Unidos.
Estados Unidos consume 600 millones de cajas de atún al año y el grupo latinoamericano ha criticado la forma condicionada y "a plazos" en que el Congreso levantó el embargo, recordó Camacho.
Cuando se dispuso la medida, México exportaba 80 por ciento de sus más de 80.000 toneladas de atún aleta amarilla a Europa.
El resultado del embargo fue que en México se perdieron 6.000 empleos, se dejaron de vender entre 80 y 100 millones de dólares al año, hubo que vender parte de la flota y varias empresas quebraron, mientras que ahora hay que hacer inversiones especiales para recuperar la descapitalización del sector.
Jiménez detalló que Venezuela tiene la segunda flota atunera regional, después de México, exportaba 90.000 toneladas de atún antes del embargo, 70 por ciento a Estados Unidos, y que la producción disminuyó a la mitad durante el boicot.
La flota venezolana disminuyó de 32 barcos a 18, se perdieron 6.000 empleos directos en una de las zonas más deprimidas del país y solo la apertura de los mercados sudamericanos pudo paliar parcialmente el impacto socieconómico. (FIN/IPS/eg/mj/if en/97
